El Gobierno avanzará este viernes en la primera audiencia pública para definir los futuros aumentos en las tarifas de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), puntualmente sobre el concepto de distribución. El próximo lunes se realizará la misma consulta pero para el segmento de transporte, otro de los componentes de la boleta final. Los incrementos forman parte de la quita de subsidios que conforma el plan oficial de ajuste fiscal, proceso que ya comenzó en el caso del gas y el transporte urbano.
A través de la Resolución 2/2024, publicada a principios de mes en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estableció que este viernes 26 se realizará desde las 8.30 la primera de las audiencias “con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica, EDENOR y EDESUR tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”. Estará presidida por el interventor del ENRE, Darío Arrué.
En las notas enviadas por ambas distribuidoras al ente regulador se consignó que, sin contemplar la revisión integral pendiente, Edenor necesitará ingresos por $521.000 millones para cubrir su déficit y Edesur $330.000 millones con el mismo objetivo. Fuentes del mercado dijeron a Infobae que el pedido de aumento para el concepto de distribución será “mucho menos” al 200 por ciento. También, en línea con lo que sucede con el gas, las compañías del sector esperan algún tipo de mecanismo de actualización mensual, que en este caso podría ser el índice de precios mayoristas del Indec. De todos modos, el Gobierno es el que tiene la última palabra, ya que las audiencias no son vinculantes.
La premisa que mantiene la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo es que las tarifas que reciben los usuarios reflejen el costo del suministro, algo que a pesar de que se realice de manera escalonada como en el caso del gas implicará fuertes subas que llegarán a los hogares a partir de marzo. En paralelo, la dependencia define un nuevo esquema de subsidios que comenzará a regir desde abril, en reemplazo de la vigente segmentación por ingresos, y para el cual también deberán realizar una consulta pública como paso previo a su aplicación.
Esta nueva modalidad incluirá la conformación de una canasta básica energética. “La canasta básica energética se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina”, había anticipado Chirillo durante su participación en el plenario de comisiones por la Ley Ómnibus.
Cómo parte del plan de ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno para alcanzar superávit fiscal en 2024, la intención es recortar subsidios este año por 0,7% del PBI provenientes de energía (0,5%) y transporte (0,2%), para eliminarlos escalonadamente en un plazo de tres años.
Las estimaciones que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del PBI en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y 2,3% del PBI en 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1% del PBI en el final del gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
A su vez, el ENRE convocó para el lunes 29 de enero a la audiencia pública “con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica, TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., TRANSPA S.A., TRANSCO S.A., TRANSNEA S.A., TRANSNOA S.A., DISTROCUYO S.A. y Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”. Si bien lo que se trate en las audiencias públicas no es vinculante, es el paso legal previo a los aumentos en las tarifas.
La consultora Economía y Energía realizó una proyección de incrementos en las tarifas de energía contemplando: que los N1 no tendrán subsidio, los N3 pagan el costo pleno de abastecimiento, los N2 pagarán el 20% de ese costo, una recomposición del valor agregado de distribución y el impacto de la última devaluación.
Para los consumidores Nivel 1, la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para el Nivel 3 pasará de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 pasará de $3.970 a $9.082 (129% de suba). Para el gas, en tanto, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168 por ciento).