La imponente marcha en respaldo de la universidad pública rompió la agenda política y las reacciones en los pocos días siguientes mezclan desconcierto y cálculo menor. El Gobierno mantiene el discurso contra los intentos de aprovechamiento de la protesta, pero expone señales del impacto -con estribaciones internas- y cambia de funcionarios para negociar con los rectores. En la otra vereda, y especialmente en el imaginario de la oposición dura, quieren verse protagonistas de una ola que los colocaría como si nada en el papel de intérpretes de la demanda y motorizaron en el Congreso alguna puesta en escena con la esperanza de capitalizar el tema. Lecturas pobres.
La misma semana concluye con avances significativos entre el oficialismo y los bloques “dialoguistas” para tratar en el recinto de Diputados el acotado proyecto de Ley Bases y su contraparte, el paquete fiscal muy conversado con la mayoría de los gobernadores. Si finalmente el doble pacto político es coronado, será después de nuevas entregas de discurso presidencial con tono desafiante y descalificador de “la” política.
La negociación, fruto de una realidad compleja -el éxito del balotaje pero también la representación legislativa y el poder de los gobernadores-, está a la vista. Y la “narrativa” del Gobierno sólo intenta vestir el ejercicio de concesiones de uno y otro lado. Lo que resulta llamativo, visto en la perspectiva de la protesta masiva, es que el tema universitario apenas aparecía en reclamos puntuales de algunos legisladores. En cambio, no era tema central de espacios dispuestos al pacto político ni tampoco del peronismo/kirchnerismo, que además no asume la mochila de sus propios recortes presupuestarios y de la tendencia a sectarizar, también, el ámbito académico.
Los gestos, con el interrogante sobre sus alcances, se sucedieron con rapidez después de la demostración callejera encabezada y nutrida centralmente por el movimiento estudiantil. El Gobierno busca renovar el aire en la relación con los rectores de universidades públicas. Según trascendió, no sólo se trataría de la cita formal con el CIN. Por lo pronto, corrió o colocó en segundo plano al funcionario más cuestionado por las autoridades universitarias.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, venía siendo cuestionado abiertamente por sus interlocutores: cuanto menos, lo señalaban como el jugador duro del ministerio, que por el lugar dado o por sus propias características llegaba al punto del maltarato, hasta insultante. Como sea, la próxima reunión con los rectores sería encabezada por Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que igualmente genera algunos recelos.
El impacto de la marcha también tuvo registro en el plano interno. Voceros formales e informales destacaron que fue ratificado el respaldo presidencial a la ministra. Por supuesto -teniendo en cuenta la enormidad de su área y las necesidades presupuestarias-, Pettovello enfrenta tensiones con Luis Caputo. Las pulseadas con Economía resultan casi naturales. El dato nuevo es que quedó en discusión el futuro del subsecretario referido, y eso es algo que rozaría también a Santiago Caputo, de creciente peso en negociaciones políticas y tratativas reservadas que hacen a diferentes espacios de gestión.
Con todo, las tensiones domésticas no constituyen el punto trascendente que expuso la marcha universitaria. Dicho en forma de pregunta: ¿por qué este tema tiene semejante impacto social? El interrogante surge en comparación con otras protestas sectoriales y, sobre todo, frente a las consecuencias más amplias del delicado cuadro económico y social. No se trataría sólo del desprestigio o del desgaste de sus convocantes, desde jefes sindicales a piqueteros. Parece claro que, aún con bajas en la percepción colectiva, la educación pública sigue ocupando un lugar sensible para buena parte de la sociedad.
En el caso del Gobierno, no tener en cuenta ese factor hizo al mal cálculo inicial. Las encuestas, más allá de los reparos que generan algunos sondeos, señalan de diferente modo márgenes considerables de tolerancia al ajuste, no únicamente por las cifras decrecientes de inflación. En ese clima, potenciado en los círculos del oficialismo, resultó un sacudón la movilización universitaria, que no se limitó a la Plaza de Mayo y tuvo expresiones masivas en varias provincias.
El inicio de la semana que viene será determinante para evaluar si realmente existe voluntad política de encarrilar el tema presupuestario de las universidades, además de poner en escala razonable la cuestión de las auditorías. Para el martes está previsto el encuentro de rectores de universidades públicas y funcionarios nacionales. Y no se descartan contactos previos.
Si las conversaciones avanzan, también les darían un marco menos tenso a las pulseadas para tratar el tema del presupuesto en el Congreso. Se trata de un efecto oportunista en algunos casos –patético, en otros- de la demanda expuesta por las movilizaciones. Fracasó de entrada el intento de explotación del tema por parte del bloque de UxP: no logró número para una sesión especial en Diputados. Ahora, está pendiente el resultado de las movidas impulsadas por legisladores de la UCR y otros bloques considerados dialoguistas.
Las especulaciones sobre los efectos menos visibles de la convocatoria universitaria alcanzan también al capítulo decisivo del pacto político y fiscal en Diputados. Habría aumentado la necesidad de un primer logro legislativo del oficialismo, algo que, se sabe, tendría impacto también en el frente externo y no sólo en los mercados.
El paquete fiscal, explicado como un trato de cierto alivio para las provincias, logró dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda, con eje en una reversión parcial de Ganancias, un nuevo blanqueo y modificaciones a Bienes Personales, además de una moratoria y cambios y adecuación del régimen de monotributo. La Ley Bases pasó la prueba de un plenario de comisiones, luego de destrabar el último punto de discordia -la reforma laboral, que terminó en versión muy acotada- y garantizar compromisos sobre el respeto al origen impositivo de los fondos fiduciarios que sean desarmados.
Por supuesto, y con el fantasma de la caída del proyector inicial de Ley Ómnibus, siguen las dudas sobre el tratamiento de algunos artículos que llegan con disidencias. Y a eso se suma la incertidumbre sobre los números más ajustados en el Senado. Antes, claro, debe pasar la prueba de Diputados. Y en la vereda de la oposición dura, el interrogante es otro: gira en torno al juego de algunos gobernadores del PJ y su proyección en el Congreso. Parte de esta historia quedará a la vista en el arranque de la semana que viene.
