Agosto de 2020. En todos los canales se hablaba del incremento de los casos de covid-19 y mientras el mundo cumplía el aislamiento social y preventivo por la pandemia, Marina Kowaleski realizaba sus tareas laborales cuando escuchó el llamado del timbre. Le dejaron una notificación judicial a su nombre: el progenitor de su hija la acusaba por “falsa denuncia”. Las piernas se le hicieron agua.
Como pudo, llegó hasta una silla para sentarse y releer bien cada palabra. Sólo pensó en su pequeña, de entonces 6 años, quien al momento de la llegada de ese telegrama, estaba siendo tratada por dermatitis atópica, una enfermedad que afecta su piel y requiere medicación, tratamiento y atención médica especializada. Cuatro años antes, la mujer había iniciado una demanda legal para reclamarle al progenitor de la niña —gendarme de profesión— el pago de las cuotas alimentarias que le correspondían. Luego de un extenso proceso desfavorable para la nena, que en medio le implicó una prueba de ADN, no sólo no obtuvo lo requerido sino que además estaba siendo criminalizada por reclamar los derechos de su hija.
“Tengo mucha bronca, mucha impotencia e indignación por todo eso; por pensar que puedan condenarme por reclamar los derechos de mi hija. Nunca reclamé nada para mi, sólo lo que a ella le corresponde”, le dice la mujer, desde La Rioja, a Infobae. Apenada, agrega: “Mientras sigue todo este circo, mi hija tiene que seguir con sus actividades y yo la cuido para que no sufra por nada de esto”.
En los primeros días de la semana entrante, la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, integrada por el juez Gustavo Farías (presidente del Tribunal) y las juezas Ana Carla Manem y María Haideé Paiaro, dictarán sentencia al pedido del fiscal Rafael López, que solicitó una condena de 10 meses de prisión.
“Cuando pienso en todo esto, generalmente por las noches, no puedo dormir… Cuando recuerdo las cosas que me están haciendo vivir por puro ensañamiento, nada más, a modo de escarmiento por reclamar la cuota alimentaria, no lo puedo creer…”, admite angustiada.
Con la misma sensación se expresa su abogada, Marianela Flores Díaz. “Se está criminalizando a una mamá y en medio de un proceso irregular. Una sentencia desfavorable puede hacer mucho daño a todas las niñas, niños y adolescentes; y a todas las mujeres”.
La historia
En septiembre de 2013, Marina se convirtió en mamá. Había tenido un vinculo superficial con un joven de su misma edad, 20 años, y cuando le contó que estaba embarazada se desentendió del tema diciendo que no quería saber nada de la niña ni hacerse cargo. Desapareció de su vida. No así la familia de quien se convirtió en gendarme de la provincia cuyana.
“Yo dejé de tener contacto con él, pero sé que su familia hizo presión para que la conociera”, cuenta sobre lo que nunca sucedió. La abuela y tía paterna sí quisieron establecer un vínculo con la niña, pero lo terminaron cuando tenía 4 años y luego de que la prueba de ADN (solicitada para conocer si había vinculo de filiación) determinó que efectivamente era la hija del hombre y cuando Marina decidió iniciar la demanda por la cuota alimentaria.
“En el momento en que yo interpongo la demandan y a él lo notifican, ellas dejan de tener un vínculo con mi hija, y no la fueron a buscar nunca más. Eran también su familia y, me guste o no, si la querían ver no se las negaba. Hasta que pasó eso”, continúa la historia. “En ese momento tendría unos 5 años y nunca me preguntó por qué no fueron más a visitarla. Al ser chica no le impactó tanto, pero sí cuando tuvo que hacerse el ADN, que le conté para qué era, me dijo ‘Por qué ella quiere que le digan que soy su nieta, si ya sabe que es mi abuela’… Escucharla decir eso, con 5 años, para mi fue un impacto… Siento que ese día me llené de mucho enojo. Eso marcó una diferencia”, lamenta.
A la instancia del ADN —que se realizó el 27 de mayo de 2019, con la madre y hermana del hombre— llegaron porque, cuando el progenitor contesta la demanda pidió ese examen genético antes de darle alimentos provisorios a la niña. Al mes, la paternidad quedó confirmada y el Tribunal le ordenó al progenitor comenzar a depositar en el Banco Rioja $ 4.500 mensuales en conceptos de cuota alimentaria. Él, pidió a la Justicia hacer ese deposito en una cuenta del Tribunal: el 30 de septiembre de 2019, realiza por primera vez el deposito de $18.000 (y no los $ 54.000 que le correspondían, ya que la cuota es retroactiva).
En octubre de 2019, Marina solicitó a la Justicia que giren los $ 18.000 pesos depositados por el progenitor en el Tribunal. No lo hicieron. El 15 de noviembre, la mujer denunció ante la justicia las “chicanas” que le impedían cobrar el dinero correspondiente a su hija.
“Recién cobré recién en febrero de 2020. Yo lo denuncié por incumplimiento de asistencia familiar y él me inició una causa por falsa denuncia alegando que sí había pagado los alimentos, pero debía los alimentos desde que salió la sentencia hasta el momento en que se presentó la demanda. El retroactivo no lo pagó nunca”, sostiene.
¿Qué pasó? El16 de febrero de 2020, la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Karina Daniela Cabral, ordenó el archivo de la causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar radicada contra el progenitor: el progenitor denunció a la madre de su hija por falsa denuncia y en agosto de ese año Marina fue notificada de esa imputación.
Ser hoy demandada, es para ella un duro golpe. “Recibir esa notificación fue un baldazo de agua fría”, asegura. “Siempre busqué preservar a mi hija, para darle todo lo que necesitaba. Ella tiene una enfermedad en la piel que requiere muchos cuidados, y me llega esto. Fue un montón recibir esa notificación. En el mismo instante, me enojé, me angustié, me amargué… Yo soy secretaria en un estudio jurídico y consulté sobre lo que estaba pasando. Pensamos que sería un caso más, que se resolvería antes sin que llegara a juicio”, recuerda aquellas primeras sensaciones.
El hecho de trabajar en un estudio jurídico, la llevó a comenzar a conocer los derechos que le estaban vulnerando a su hija, y por eso decidió iniciar la demanda de filiación y todo el proceso que contó. Claro, que jamás imaginó todo lo que sucedería en medio del proceso y menos terminar en esta instancia.
“Esto no es por mí, es por mi hija, es por lo que le corresponde”, recuerda haber pensado cuando la realidad comenzaba a superarla. “Siempre me las rebusqué trabajando tanto en ese estudio como en mi casa, haciendo cosas de pastelería para vender y poder darle todo”, cuenta y emocionada reconoce: “Crie a mi hija con la ayuda de mi familia, hoy mi hermana me ayuda a cuidarla para que yo pueda trabajar. Me ayuda muchísimo en lo que respecta a las tareas de cuidado”.
A días de la sentencia y esperando ser absuelta, dice: “Hoy tengo una gran mezcla de sentimientos y mucha impotencia por pensar que puedo ser condenada… Sé que no cometí un delito. Pese a todo, no me siento arrepentida por haber pedido los alimentos de mi hija, era lo que tenía que hacer. He mantenido la calma porque además padecí un nivel de violencia y acoso constante en este proceso. ¡Sufrí situaciones terribles!”.
Le es inevitable pensar en esas terribles e impensadas situaciones. “Vinieron a buscarme en un patrullero y me quisieron meter en el mismo auto que un delincuente, tratándome como si yo lo fuera solamente para que vaya a declarar… Esto me demuestra que me quieren aleccionar y aleccionar mujeres para que no denuncien, porque no les importan las niñas, los niños ni sus derechos, ni los de una mujer. Yo sólo pido lo que le corresponde a mi hija. Nada más… Espero que entre quienes decidan haya alguien que tenga un poco de cordura y se de cuenta de que todo esto es un montón”, finaliza.
Detalles de la causa y las revelaciones de la jueza de las coimas
“Esto empezó hace ya más de 4 años y se inició un juicio de alimentos, como cualquier otro, pero durante todos estos años del Proceso Civil de la causa fuimos observando muchos retardos y obstáculos en la Justicia, que si bien suelen suceder en un juicio, estos ya eran bastante obscenos”, le cuenta a Infobae la abogada de Marina, Marianela Flores Diaz, y detalla: “Habíamos presentado una medida cautelar por la salud de la niña para la cual se piden los alimentos porque tiene una enfermedad de base y necesitaba la obra social y medicamentos, entonces lo que debería haber hecho la Justicia es resolver urgente, pero no pasó y sí pasaron los años. Como el padre no cumplía con lo que correspondía dentro del expediente Civil, la mamá hace una denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Esa denuncia queda archivada y con ese archivo el progenitor le inicia una causa penal a la mamá por el delito de falsa denuncia. La justicia riojana, sin rever ni analizar que esa mamá venía peregrinando desde hacía muchos años por la causa de alimentos que el padre no pagaba y demás, le instruye la causa, la procesa por el delito de falsa denuncia y la lleva a juicio”.
Explicando el contexto, sigue: “Esto es tremendo porque una madre termina siendo criminalizada por el delito de falsa denuncia por reclamar la cuota alimentaria de la niña cuando, en cuatro años y medio, el juez de la Cámara Civil nunca ordenó la retención de los haberes del deudor alimentario, que es gendarme”.
Los detalles de este caso, tiene en un vértice relación con el escándalo de la jueza Norma Abate de Mazzuchelli, acusada de pedir coimas millonarias en La Rioja. Lo detalla Flores Díaz: “Cuando en el Jury de enjuiciamiento, se le notifica a esta jueza (que, casualmente, fue la ultima jueza en la causa civil de alimento de esta niña) quiénes serán parte del Tribunal que la juzgará, ahí aparece la tía del deudor alimentario de nuestra causa. En la recusación del jury, Mazzuchelli denuncia que la doctora Edith Agüero era tan amiga de ella que le pedía favor en la causa civil de alimentos de su sobrino. Esto muestra que es tal la corrupción que cuando la van a enjuiciar, ella denuncia que quienes la van a juzgar le pedían favores cuando eran amigos. Entre esos favores está esta causa donde la mamá termina criminalizada. Todo esto que cuento está en la recusación de la doctora. O sea que mi clienta llega esta instancia por el tráfico de influencias. Al deudor, que tiene un trabajo registrado y que le deberían haber ordenado la retención del salario, no lo hicieron en 5 años, ni siquiera le ordenaron que agreguen a la nena a la obra social, por sus influencias”, revela los escandalosos detalles detrás de este caso.
Marina llega a juicio penal y es procesada “sin ningún tipo de elemento probatorio, más que el sobrino de la jueza Agüero diciendo que ella lo denunció”, explica. “Esa es toda la prueba que tiene y un expediente Civil de 5 años, que fijó la cuota, como corresponde. Todo esto qué significa: que la madre no solamente termina criminalizada y perseguida por un delito de falsa denuncia, siendo víctima de la violencia institucional, donde está involucrado todo el sistema de Justicia, cuando ya fue victima de la violencia económica en los últimos cinco años”.
El lunes 12 de agosto se realizó la audiencia del juicio. “Le dije al presidente del Tribunal, al ver los alegatos, que el delito que la mamá denuncia es la ley de Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar porque el padre no estaba cumpliendo el expediente y debía varias cuotas, no pagaba. Y además porque esa causa ya tenía, en ese momento, un retraso de 3 años que ya era sospechoso. Sabíamos el vínculo que existía entre el deudor alimentario y la jueza Agüero, titular de la Cámara Tercera Criminal y Correccional, que casualmente es la Cámara que enjuició a la mamá este lunes… O sea, la tía del deudor alimentario es la jueza titular de la Cámara Criminal que la enjuició a la mamá, a la mujer víctima de todo esto. ¡Esto es tremendo!”.
Bajo esas circunstancias, la abogada defensora de Marina pidió que recusaran a todos los jueces civiles señalados en el Jury de Mazzucchelli. “Sortean a una nueva jueza, que es la Dra. Favarón, que ordena de inmediato la retención de la cuota, ordena el porcentaje sobre los haberes y ordena las retención de inmediato y atento a la cuestión de salud, y que agreguen a la niña a la obra social, luego de estar con problemas de salud gravísimo y cinco años sin obra social. Es lo que corresponde, ni más ni menos”, explica Flores Díaz.
Aunque la causa contra la madre estaba frenada porque así lo pidió la abogada debido a la sospecha de trafico de influencias de los jueces, según sostiene, la jueza Agüero retomó la causa penal “sin elementos probatorios para llevarla a juicio”, dice.
En los próximos días el Tribunal riojano decidirá la suerte de Marina. “La querían llevar por la fuerza pública la audiencia. Le dijeron que la policía la iba a buscar a su domicilio. Van patrulleros a la casa, donde está la nena, para decirles que pare y retroceda en los reclamos… La gravedad institucional de lo que está pasando es inusitada”, sostiene.
“Llevo muchos años litigando en La Rioja y es complejo el Poder Judicial de acá. Que haya trafico de influencia por la cuota alimentaria es de una gravedad de otro tenor en un país donde un millón de niños y niñas se va dormir sin comer; y estos jueces le siguen negando la comida. Lo que se le pide al padre es que pague con regularidad, pero la Fiscalía lo está utilizando para promover una acción en contra de una madre que simplemente utiliza una herramienta legal más para que el padre ausente cumpla”, agrega con firmeza.
A días de la sentencia que puede sentar precedentes, reflexiona: “Espero que la absuelvan. En caso contrario, vamos a continuar el proceso, no vamos a dejar esta sentencia firme. No solamente por esta mamá sino por todas las otras madres que necesitan seguir reclamando. Agradecemos el apoyo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista que nos está acompañando porque cuando se les pregunta a las feministas dónde están, bueno, estamos siempre acompañando estas causas”. “Hoy estamos acompañando a una mamá para que no se condene”, finaliza
