“No puedo permitir que la Argentina quiebre”. “Quieren quebrar el Estado nacional”. De manera cronológica, la primera definición fue hecha por Cristina Fernández de Kirchner, en octubre de 2010, al anunciar su veto a la ley que establecía el 82% para las jubilaciones mínimas. La segunda declaración corresponde al Gobierno, hace cuatro días, frente a la media sanción de Diputados al proyecto de nuevo mecanismo jubilatorio. En los dos casos, la descalificación a los espacios opositores hace foco en la falta de propuesta de financiamiento para la mejora. La ex presidente corrió a favor con un peso legislativo que impedía un desafío al veto. Javier Milei no cuenta con semejante garantía. Y la tensión se traslada ahora el Senado.
Se trata, en definitiva de una batalla política en la que los jubilados importan poco, sobre todo si se contempla la historia más o menos reciente de deterioro del sistema previsional. Los cambios de papeles sobre el escenario, según la época y los resultados electorales, exponen un juego político menor. No falta viajar mucho en el tiempo: la gestión macrista, el gobierno de Alberto Fernández y CFK, y el arranque de la etapa de Javier Milei mezclan perdida de los haberes con medidas de recomposición parcial, pero con balance negativo.
Valen los números.
En la etapa de Cambiemos -el PRO, ahora cercano a LLA; la UCR y la CC-, la pérdida alcanzó alrededor de 14 puntos porcentuales contra la inflación. Resultó más marcada en la primera mitad del mandato de Mauricio Macri y anotó cierta mejora en la segunda mitad, a partir del cambio de ley.
En el período del peronismo/kirchnerismo, las escalas más bajas sufrieron un deterioro menor al promedio si se computa el bono y de allí para arriba, la perdida trepó por encima de los 20 puntos y hasta los 35. Es decir, el sistema en conjunto sufrió un ajuste fuerte, compensado parcialmente por los manejos diferenciados dentro del propio sistema.
El primer trimestre del año con el gobierno actual registró una significativa licuación de los haberes. El cambio posterior, por la vía de un decreto, achicó ese desgaste, aunque se calcula que en el camino perdieron alrededor de 8 puntos.
En su momento, CFK eligió un acto en la Casa Rosada para sostener discursivamente el fulminante veto que había firmado apenas horas después de la sanción legislativa. Acusó a la oposición de un intento directo para “desfinanciar y quebrar al Estado”. Años después, defendió aquella decisión y se jactó de haber ganado las elecciones posteriores.
Ahora, Milei también utilizó frases fuertes. En su cercanía confían en los niveles de apoyo que expresan diferentes encuestas. El Presidente trató de “degenerados fiscales” a los diputados del conglomerado que le dio media sanción al proyecto. Y ratificó su decisión de ir a la batalla: “Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”. El punto, admiten incluso en medios del oficialismo, es que la escalada podría derivar en la insistencia de cada cámara con su ley, en base a la mayoría especial de dos tercios. Se verá si semejante mayoría, como la expuesta en Diputados, es sólo coyuntural y atada al tema de las jubilaciones.
Por lo pronto, Guillermo Francos se encargó de señalar que, llegado el caso de la aprobación-veto-ratificación de la ley, el Gobierno compensaría el impacto en las cuentas con otros ajustes. Es otro dato político sobre la posible relación con la oposición “dialoguista” y, en especial, con gobernadores.
Antes, el interrogante surge del cuadro lo que podría generar en el Senado, cuando aún está pendiente la suerte de la Ley Bases y el paquete fiscal. Los números en la Cámara alta son muy ajustados. Y la tensión política creciente agrega incertidumbre, a pesar de las largas negociaciones para modificar algunos puntos de los textos que llegaron desde Diputados.
Sobre el fin de semana, se anotaron nuevas señales desde el Senado. Victoria Villarruel convocó al debate en el recinto para el miércoles que viene, a las 10 de la mañana. Es una apuesta que incluye y excede al Congreso: esperan que hayan funcionado las gestiones menos visibles para salvar diferencias en puntos sensibles de los proyectos y, también, las renovadas conversaciones de Guillermo Francos con jefes provinciales.
Pero la convocatoria también es interpretada como un paso para evitar que nuevas postergaciones empantanen todo, en medio de la disputa por las jubilaciones. Eso se asocia con un dato sugerente: desde despachos kirchneristas se hace circular que algún posible acompañante de los proyectos oficialistas ata su voto a que antes sea tratado el cambio previsional.
A su modo, Milei volvió a la carga sobre la necesidad de aprobación del paquete político y fiscal. Y sostuvo que los movimientos negativos de los mercados son un efecto de las trabas y demoras que sufren la Ley Bases y su complemento.
En rigor, es cierto que para el FMI constituye un dato central la sostenibilidad política y, en esa línea, asoma el impacto positivo que podría tener un primer éxito legislativo del Gobierno, algo que necesariamente expresaría algún grado de acuerdos políticos. Algo similar sería evaluado en ámbitos empresariales.
No juegan precisamente a favor hacia el frente externo las internas del oficialismo, que en menos de seis meses anotaron el recambio de la Jefatura de Gabinete y una treintena de bajas de funcionarios. Tampoco, el caso del ministerio de Capital Humano. Sólo en el vértigo mediático, por momentos pasa a segundo plano lo ocurrido en la órbita de Sandra Pettovello.
Las tensiones del Congreso, donde además se agregan intentos de la oposición dura para exponer allí a la ministra, sumaron la novedad de la confluencia que permitió la amplia aprobación del proyecto de ajuste jubilatorio. No es un dato menor la posibilidad de que un armado de espacios opositores -desde el kirchnerismo a parte de los “dialoguistas”- termine imponiendo la agenda legislativa, más allá de las advertencias sobre el recurso del veto.
El proyecto sobre jubilaciones aparece entonces como una ficha en ese tablero: cálculo menor con un tema sensible.
