Esta historia comienza en el no tan lejano -desde una visión centroporteña- peaje Lima de la Ruta 9, a la altura de Zárate y sobre la autopista que une a Buenos Aires y Rosario. En ese punto neurálgico para la actividad económica del país, Gendarmería revisó, en un control de rutina, un vehículo de transporte de encomiendas. Era 20 de enero.
Los canes antinarcóticos que acompañaban a los hombres de uniformes verdes reaccionaron frente a un paquete y el olfato no les falló: llevaba más de seis kilos de cocaína, distribuidos en seis ladrillos. El peso total fue de 6290 kilogramos de polvo blanco.
La encomienda en cuestión tenía un remitente de Orán, en Salta. Los gendarmes, enseguida, marcaron el teléfono del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Informaron, además, que el destino final de la droga era un centro de distribución en la provincia de Mendoza.
El juzgado no cortó la cadena ni levantó la perdiz. En cambio, dispuso la sustitución de la sustancia estupefaciente por envoltorios de idénticas características y peso, con el objetivo de realizar una entrega controlada, al tiempo que la Unidad de Procedimientos Judiciales Campana de Gendarmería, en conjunto con agentes de la Dirección Antidrogas de la misma fuerza, rastreaban los domicilios de los remitentes y destinatarios.
El paquete recorrió los más de mil kilómetros hasta llegar a destino y los narcos mordieron el anzuelo. El 25 de enero, dos hombres se presentaron en la sucursal mendocina de la empresa de distribución y reclamaron el paquete. No sabían que estaban rodeados por gendarmes que los estaban esperando. Fueron detenidos en el acto. Además, les secuestraron sus celulares.
En esos aparatos, los investigadores hallaron información clave: uno de los destinatarios de la droga era un interno alojado en el Complejo Penitenciario VI de Cuyo del Servicio Penitenciario Federal, por hechos vinculados al narcotráfico.
En esta etapa de la trama, entró en juego la actuación de un agente revelador, es decir, un efectivo que simuló interés en la compra de cocaína para poder bucear en el interior de la estructura que llevó adelante la maniobra, en apariencia, burda. Una vez más, la técnica de investigación, funcionó. Hubo allanamientos en domicilios mendocinos. Secuestraron dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, y más teléfonos.
Al mismo tiempo, allanaron la cárcel de Cuyo en busca del salteño Luis Wilder “Gavilán” Zalazar, un reo con antecedentes por narcotráfico. Le secuestraron el celular que usaba dentro de la prisión y González Charvay ordenó su detención. Claro, no era la primera vez que lo esposaban.
En diciembre de 2022, el narco que nació en Orán en 1976, había sido el protagonista de una crónica del diario El Sol tras su segunda condena por tráfico de drogas. El medio mendocino que el Tribunal Oral Federal Nº1 lo sentenció a una pena de 8 años y medio de cárcel que se le sumó a una previa de 2016, en Salta, por el mismo delito. La unificaron y cerraron en 9 años y cuatro meses.
El nuevo procedimiento, ahora dentro de los muros de la penitenciaria, fue ejecutado por la Unidad de Procedimientos Judiciales Mendoza de la Gendarmería Nacional Argentina en colaboración con sus pares de Campana y la Dirección de Análisis de Información Penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En resumen, Zalazar y sus dos cómplices serán ahora indagados por delitos previstos en la ley antinarco N° 23.737.
