Mañana, después del 42 aniversario por la guerra de Malvinas y cuando culminen los larguísimos feriados de Semana Santa que buena parte del sistema político aprovechó para desconectar de la rutina -algunos, incluso, viajaron al exterior-, el Gobierno intentará reencausar las negociaciones en torno a la nueva Ley Bases que pretende aprobar antes de que termine el mes, y en vísperas de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, muy ambicioso en los papeles pero que, en los hechos, no despierta mayor entusiasmo entre los gobernadores.
De no mediar imprevistos, los 10 jefes provinciales de la ex coalición de Juntos por el Cambio, es decir de la UCR y del PRO, están citados para este jueves a una reunión en Casa Rosada para avanzar con las tratativas, atravesadas en estas semanas por la serie de recortes impulsados por Javier Milei y ejecutados desde el Palacio de Hacienda por el ministro Luis Caputo, a cargo del brutal ajuste fiscal. La última poda a las cajas jubilatorias no transferidas a nación -según la Casa Rosada, se trató de un congelamiento transitorio por una auditoría a cargo de la ANSES- volvió a tensar los ánimos en general y entre estos mandatarios en particular porque afectó a cinco de esos 10 distritos: Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
La opción de judicializar el decreto publicado a última hora del miércoles en el Boletín Oficial, a pesar de la aclaración de la Casa Rosada, todavía está sobre la mesa.
Lo cierto es que, más allá del recorte en cuestión, de la parálisis en la obra pública, de la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), del fondo compensador al Transporte y de la decisión de frenar todas las transferencias automáticas a las provincias, agravada por la caída de los recursos coparticipables que reciben los distritos -según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal cayó en marzo un 28% interanual en términos reales-, los gobernadores de la ex coalición de JxC están dispuestos a colaborar para que Milei tenga su ley de bases. Es decir, su primer éxito parlamentario tras un verano signado por los fracasos legislativos.
“Siempre estamos para dar una mano”, reconocieron desde una provincia radical. “Hay diferencias con el paquete fiscal, pero hay apoyo”, sostuvieron en el entorno de un gobernador del PRO.
Es que los gobernadores, no solo los del PRO y la UCR si no también los del peronismo y de partidos provinciales, arrastran un notorio cansancio por una discusión que empezó en diciembre y que tuvo su pico de rispideces en el verano. Están hartos de los constantes agravios y reproches de Milei como el que formuló en estas horas en la entrevista que le concedió a Andrés Oppenheimer para la CNN: según el jefe de Estado, su mayor error en los primeros 100 días de gestión fue “hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta”.
“Cuando presentamos la ley bases agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí, haber ido con tan buena fe probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, aseguró el jefe de Estado.
Los jefes provinciales quieren, en un buen número, terminar cuanto antes con esta discusión. “Hay que darles la ley para que no tengan más excusas, y no se puedan victimizar más”, resaltó a este medio uno de los mandatarios afectado por el congelamiento de la transferencia de fondos a las cajas jubilatorias. Según él, solo en concepto de deuda, le deben unos $50.000 millones.
Es una teoría que comparte con varios de sus colegas. Con un objetivo: que la Casa Rosada ya no tenga margen para señalarlos públicamente como obstructores de este proceso. Están hartos del dedo acusador sobre lo que el jefe de Estado denominó como “la casta”.
Ayer, Claudio Vidal, de Santa Cruz, otro de los afectados por el recorte a los fondos previsionales, lanzó por su parte una seria advertencia: “En estas condiciones, no vamos a acompañar (la ley de bases) bajo ningún punto de vista”, advirtió en diálogo con Radio 10. Rolando Figueroa, de Neuquén, también está inquieto. Lucila Crexell, la senadora de esa provincia que, en teoría, debería reportarle, votó hace algunas semanas en contra del DNU 70 del gobierno. Esa tarde, el gobernador estuvo reunido en Casa Rosada con el ministro Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Con un consenso bastante avanzado en torno al contenido general de la ley -se achicó el articulado, el gobierno oficializó por fuera del parlamento la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que no tenía apoyo incluso entre los bloques aliados y se quitaron capítulos que arrastraban cierta resistencia en algunas provincias, como retenciones al agro o biodiesel-, con la necesidad en varias provincias de que se apruebe, por ejemplo, el régimen de incentivo a las inversiones para facilitar el desarrollo de sectores clave de la economía, la discusión central en estos días está enfocada en la reposición del Impuesto a las Ganancias para los asalariados de la cuarta categoría.
Este lunes, Francos, el funcionario más dialoguista del gobierno -no suele ofrecer, sin embargo, respuestas concretas porque las decisiones finales de la gestión están reservadas para el presidente y su círculo íntimo que el ministro del Interior no integra- aseguró que se actualizará el piso del mínimo no imponible y que podría aplicarse un retroactivo por la letra chica de la ley aprobada durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.
Es un rubro que divide a los gobernadores de la ex coalición del PRO y la UCR. Y que tiene en el sur a sus mayores opositores, por la incidencia de la industria petrolera. Como publicó ayer este medio, los jefes provinciales de la Patagonia estarán hoy en Tierra del Fuego para participar de los actos por el 2 de abril, una puesta en escena con la que aprovecharán para enviarle un mensaje de unidad a la Casa Rosada.
Es, por el contrario, un reclamo subterráneo de los mandatarios del norte del país, que la semana pasada recibieron al ministro Francos y a funcionarios de la Jefatura de Gabinete para seguir con el debate interno en torno a la ex Ley Ómnibus. Según confiaron a Infobae, la reunión, que tuvo lugar en Salta, no fue del todo amistosa. No solo por la discusión en torno a ese proyecto, si no porque los gobernadores acumulan, además de los recortes de fondos, una serie de reclamos que por ahora no tuvieron respuesta por parte del gobierno. Por ejemplo, el freno de la obra pública por el que, según Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, ya repercutió en 100.000 puestos menos de trabajo de forma directa.
Fue, por cierto, uno de los reproches que la vicepresidenta Victoria Villarruel formuló en su entorno durante las negociaciones por el DNU 70 que, al final, fue rechazado por el Senado. “No tenemos nada para ofrecerles a los legisladores”, se quejaron entonces desde la Cámara alta.
Es, en ese sentido, una de las críticas que también sobrevuela cada vez más las conversaciones de los funcionarios de la administración porteña, a pesar de que Jorge Macri está decidido a colaborar con el proyecto de Milei. Al reclamo por el no cumplimiento del fallo de la Corte suprema, que resolvió, en diciembre del 2022, en favor de la cautelar presentada por la Ciudad tras la poda de la coparticipación, se sumó en estas últimas horas el pedido para que los casi 2.000 presos que están alojados en calabozos porteños pasen de manera urgente a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
En el temario que se negocia por estas horas circula además la opción de incluir una reforma laboral acotada o una modificación a la normativa vigente similar a la que se estableció en el capítulo del DNU ideado por Federico Sturzenegger, y frenado por la Justicia. Es un tema que incorporaron los legisladores del PRO en las reuniones que mantuvieron en estas semanas con el Ejecutivo, y que consideran clave para el proceso de recuperación de la economía una vez que el gobierno logre sortear estos meses de ajuste, caída del consumo y profunda recesión. No se sabe aún a qué costo.
