El Senado se prepara esta semana para sesionar el jueves, en medio de un escenario desfavorable para el oficialismo: la oposición podría sancionar ese día el proyecto que mejora las jubilaciones, aprobado en junio pasado en Diputados, y expondría a un potencial veto -total o parcial- a Javier Milei.
Como si fuera poco, en la Cámara alta reapareció -después de un agite sin concreción durante el verano- la posibilidad de un nuevo bloque dialoguista. Uno de los principales impulsores es el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
“Ganamos dos meses y medio. Recién la semana pasada apareció una propuesta de cambios del Ejecutivo para tocar la ley y devolverla en segunda revisión a Diputados. Se llegó tarde y mal. No está imposible, pero a esta altura parece complicado”, reconoció anoche a Infobae una importante figura del oficialismo.
Desde otro despacho primó la cautela y confían en las negociaciones de las próximas de las próximas 72 horas, como para aterrizar con mayor tranquilidad en el recinto el jueves. “Nos dijeron que la idea es hacer una reunión de Labor Parlamentaria el martes -mañana- y que los libertarios sugerirían una sesión ordinaria, con el fin abrir un poco el juego. Claro que todo dependerá de las ganas que tengan o no de hacer lío los cristinistas”, sintetizaron.
El miércoles pasado, en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto del Senado, la oposición kirchnerista y legisladores considerados por ahora dialoguistas, como los radicales Martín Lousteau -titular del partido a nivel nacional-, su compañero de bancada Pablo Blanco -en disidencia- y el silvestre provincial José María Carambia (Santa Cruz), empujaron un dictamen de mayoría que convalida lo aprobado en Diputados. En realidad, el último, junto a su colega Natalia Gadano, dejaron de ser considerados confiables en la Cámara alta.
La ley opositora establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo, e incorpora una compensación extra -o “empalme”- de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.
Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Esto fue observado en el Senado y el Gobierno pidió dinamitarlo. Algunos diputados que votaron este artículo reconocieron después que se les fue “la mano”. Son los mismos que criticaron a la Cámara alta por las modificaciones que hizo a la Ley Bases y al paquete fiscal y que, según la semana, son amigos o enemigos acérrimos de Milei.
Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que la Casa Rosada no tolera.
Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales -que 13 distritos no transfirieron a Nación- con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. El Gobierno dejó en claro en el Senado que este artículo significará la resignación absoluta y total de déficit cero.
El problema que tiene el oficialismo es que sus sugerencias fueron quitar los nervios principales del proyecto en cuestión. Casi que no le dieron chance a los dialoguistas de explorar alguna vía de salvación. Un punto que podría llegar a convertirse en una ventana de reapertura de negociaciones apunta al 8,1% retroactivo a enero. Los libertarios insinuaron, antes de la firma de los dictámenes, que pensaban en abril o mayo. Llegado el momento, ancló la pretensión en la sanción de la potencial ley. Algo imposible de digerir para muchos dialoguistas.
Para la sesión del jueves también aparecerían en el temario el proyecto que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Otra cuestión que generará una puja entre el Gobierno y dialoguistas versus el kirchnerismo será una declaración para repudiar el fraude electoral en Venezuela.
En cuanto a la eventual creación de una nueva bancada dialoguista, el nombre elegido es “Provincias Unidas”. Al menos dos mandatarios provinciales y uno de los senadores deslizaron a este medio que las conversaciones “están avanzadas”. Uno de ellos auguró, en exceso de confianza, que la definición será “esta semana”. Entre los que fomentan este espacio, además de Torres y gobernadores como Alberto Weretilneck (Río Negro), aparecen legisladores como el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes).
Las dudas que restan pulir sobre esta jugada -a confirmarse en los próximos días- es si, además de patagónicos, se sumarán misioneros renovadores. Nadie apuesta a un número final, de entre siete y nueve. Sí coinciden en que hubo charlas con el Gobierno sobre estos movimientos. En el pasado reciente, fueron frenados. Los más osados apuestan a una cumbre mañana con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para convencer a Guillermo Andrada de abandonar el Frente de Todos. Todo un desafío para un espacio que, en las últimas semanas, sólo recibió una instrucción primordial: visibilizar en redes la situación judicial de Cristina Kirchner por el intento de asesinato. La ex vicepresidenta y dos veces primera mandataria declarará el miércoles 14. Al día siguiente se haría la sesión en el Senado.
