“El Gran Buenos Aires concentra la mayor cantidad de factores de riesgo porque es la zona con más barrios populares. Sin embargo, el mayor porcentaje de barrios en situación de riesgo se encuentra también en el noroeste argentino y la región pampeana”. Esta es una de las conclusiones del informe Desigualdad climática en barrios populares, elaborado por TECHO y el equipo del Registro Nacional de Barrios Populares, que abarca más de 5.600 asentamientos en todo el territorio nacional.
Gracias al estudio, se pudo identificar y georreferenciar los factores de riesgo ambiental en estos territorios y además se supo que: cuatro de cada diez barrios populares en Argentina están expuestos a al menos un factor de de este tipo de riesgo. Pueden ser la cercanía a cursos y cuerpos de agua, la presencia de residuos, y la vulnerabilidad a inundaciones por precipitaciones. Además, cinco de cada diez barrios se encuentran en zonas inundables, mientras que tres de cada diez presentan microbasurales. La exposición a estos factores de riesgo, sumada a la falta de recursos y de infraestructura adecuada, provoca que cada tormenta o lluvia fuerte genere problemas gravísimos para las familias, incluso riesgos de muerte.
“La desigualdad climática es un tema crucial en los barrios populares, y como jóvenes, sentimos un fuerte llamado a la acción. Este estudio se enfoca en aquellos sitios que hoy están afectados por factores de riesgo ambiental”, asegura Lucía Groos, directora del Centro de Innovación e Investigación Social de TECHO.
El objetivo del trabajo que desarrollaron —aseguran desde la ONG— es generar, por primera vez a nivel local, información sobre los factores de riesgo ambiental en distintas regiones del país. A partir de ello intentan visibilizar la importancia de incluir en el diseño de políticas públicas una perspectiva en ese sentido.
La mirada del estudio
El informe de 30 páginas analiza la exposición de los barrios populares de Argentina a factores de riesgos ambientales y se basa en la investigación “Factores de riesgo en barrios populares del Gran Buenos Aires” que confeccionó la exsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (actualmente Subsecretaría de Integración Socio Urbana) y de TECHO, de 2022. También observa que: “La crisis climática que se acrecienta día a día demanda incluir una perspectiva ambiental en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida y asegurar el acceso a servicios básicos para las familias que se encuentran en mayor vulnerabilidad socioeconómica”.
“Esta perspectiva permite garantizar la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la promoción de la salud pública y la consecución de la equidad social y la justicia ambiental”, señala el texto.
En la actualidad, dice el informe, el 29% de la población de América Latina vive en situación de pobreza, lo que significa alrededor de 183 millones de personas y el 18% de ellas viven en asentamientos populares, según los datos de UN-Habitat, de 2022. Esos asentamientos “son la manifestación extrema de la desigualdad y pobreza en las ciudades de la región. Se trata de personas que, sin poder acceder a los servicios y oportunidades que presta la ciudad, como medio para ejercer sus derechos se ven obligadas a residir en zonas de riesgo o sin la infraestructura mínima para una adecuada habitabilidad”, subraya el documento.
A esa vulnerabilidad extrema, la crisis climática sólo la agrava: “Si bien afecta a todo el planeta, no lo hace por igual a toda la población global”, aseguran desde TECHO mientras detallan: “Si el 1% de la población, correspondiente al grupo con el mayor poder adquisitivo, emite tanto CO2 como 2/3 de la población más pobre, los efectos de esas emisiones excesivas no afectan en igual proporción a los diferentes grupos, sino al contrario: es en el segundo grupo (que vive en una situación de extrema vulnerabilidad en asentamientos populares), donde los efectos del cambio climático se sienten primero y más profundamente”. Y subraya el informe que esto: “Hace aún más urgente actuar para superar la pobreza y construir soluciones rápidas para la vivienda y el hábitat en estas comunidades”.
En ese punto los investigadores de TECHO se apoyan en las reflexiones de los urbanistas y arquitectos Felipe Vera y Jeannette Sordi, quienes en el estudio titulado Diseño ecológico: Estrategias para la ciudad vulnerable (2020), aseguraron que: “Las proyecciones prevén que el cambio climático aumenta los riesgos para las personas, los recursos, las economías y los ecosistemas, y se considera que haya un aumento en los deslizamientos, el estrés térmico, las precipitaciones extremas e inundaciones, la escasez de agua y erosión y elevación del nivel del mar”.
“Esto indica que la falta de servicios básicos e infraestructura en las villas y asentamientos agravan las condiciones y la vulnerabilidad de la población, en comparación con aquellas que viven en la ciudad formal”, explican desde TECHO la referencia que hacen. A la vez, argumentan sobre el análisis de Vera y Sordi que: “Los esfuerzos de las ciudades para hacerlas más resilientes al cambio climático son incipientes” y destacan que el desarrollo de políticas públicas, infraestructuras, soluciones de diseño urbano y tecnologías “raramente incluyen a los barrios más pobres y precarios”.
En este contexto, según consideran desde la ONG, lo fundamental será informar sobre la problemática que afecta a esos territorios para aspirar a generar políticas públicas que tengan como objetivo de fortalecer “la resiliencia climática de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”. Como respuesta a ese deseo, el documento presentado busca “contribuir a la generación de conocimiento acerca de los factores de riesgo ambientales que afectan a los barrios populares para facilitar la inclusión de una perspectiva ambiental y de riesgo en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas destinadas a mejorar el hábitat”. La propuesta de TECHO para lograr el objetivo es identificar, cuantificar y localizar los barrios populares expuestos a factores de riesgo ambientales en las distintas regiones de Argentina.
“Hemos limpiado zanjas, colocado señalizaciones, y promovido el reciclaje. Pero, ¿cómo podemos avanzar si no llegan los camiones de basura, si las calles no están en condiciones, o si no contamos con la infraestructura necesaria ni con educación ambiental adecuada?”, cuestiona Araceli Ledesma, dirigente comunitaria del barrio Lagomarsino, de Pilar.
En similar tono opina Nicolás Gallardo, integrantes de Jóvenes por el Clima, quien explica cuál es el problema: “No se está comprendiendo que la política ambiental mejora las condiciones de vida de la gente. No pedimos cosas raras: pedimos viviendas dignas y cloacas, eso también es política ambiental. Hay una gran oportunidad de vincular la problemática ambiental con las necesidades de las mayorías”.
Desde ese enfoque, Ledesma y Gallardo coinciden en destacar la importancia de visibilizar y sensibilizar sobre la situación. También coinciden al sostener que en el contexto global actual, donde las problemáticas ambientales y la crisis climática tienen una gran relevancia en la agenda pública: “Es necesario poner foco sobre cómo afectan aún en mayor medida a las familias en situación de vulnerabilidad”.
Los detalles
El informe “Desigualdad climática en barrios populares: factores de riesgo ambiental en la crisis habitacional de Argentina” fue presentado el pasado martes 27 de agosto en el Centro Cultural Morán y se basa en la información que dio a conocer el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en 2022, que determina que existen 5.687 barrios populares (hasta el 31 de diciembre de 2018) donde se destacan dos grupos de factores de riesgo, según su ubicación: en cercanías de cuerpos y/o cursos de agua e inundabilidad por precipitaciones; cerca de sitios de disposición de residuos (basural a cielo abierto o micro-basural).
“La cercanía de un barrio popular a la ribera de un río, canal o cualquier curso o cuerpo de agua, puede representar un riesgo para sus habitantes, principalmente cuando el caudal aumenta y el agua se desborda produciendo inundaciones. En consecuencia, el riesgo dependerá de la altura máxima de creciente de cada curso de agua. A su vez, puede considerarse de riesgo cuando las aguas están contaminadas”, explica el informe que al mismo tiempo define que los basurales a cielo abierto son aquellos en los que se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental.
En éstos lugares, explica el documento, los residuos son depositados en un predio sin tratar y de manera indiferenciada: según la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pueden ser basurales aquellos que comprendan entre 500 m3 y 15.000 m3 de residuos acumulados o macro- basurales, los que contengan más de 15.000 m3 de basura acumulada.
“Desde una mirada a menor escala y local de la gestión de residuos, se definen a los micro-basurales como aquellos depósitos de residuos con un volumen de entre 15 y 500 m3″, según definió la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en 2016. Se diferencian de los basurales a cielo abierto en cuanto su ubicación: los micro-basurales suelen estar en zonas vacantes aledañas a las viviendas, lo que con el tiempo genera un inevitable riesgo ambiental en todos los barrios populares cercanos.
Entre los 5.687 barrios populares analizados en el informe de TECHO, el 40,3% del total se encuentra expuesto, al menos, a un factor de riesgo ambiental, considerando los cursos y cuerpos de agua, residuos e inundabilidad por precipitaciones. La mayoría de las comunidades que integran ese porcentaje se ve afectada por zonas inundables (48%) y micro-basurales (34%).
Estos datos pasan a ser visibles cuando una lluvia fuerte o un temporal ocasiona problemas gravísimos para las familias expuestas a esos factores de riesgo donde la falta de recursos e infraestructura adecuada hacen desastres, muchas veces fatales. Esto puso a la Argentina entre los 14 países más afectados por inundaciones.
En conclusión, las organizaciones que realizaron el informe Desigualdad climática en barrios populares, consideran que: “En la actualidad, la crisis climática que se acrecienta día a día demanda incluir una perspectiva ambiental en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar el acceso a servicios básicos para las familias que se encuentran en mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esta perspectiva permite garantizar la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la promoción de la salud pública y la consecución de la equidad social y la justicia ambiental”.
En ese sentido, destacan que hay tres acciones que “resultan fundamentales” a la hora de trabajar en estos aspectos: generar información a través del Registro Nacional de Barrios Populares, del Informe de Factores de Riesgo en barrios populares del Gran Buenos Aires (que realizó TECHO en 2016) y por medio del Índice de Vulnerabilidad Social frente al Desastre, creado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Esto, aseguran las ONG, sería el “pilar clave para el abordaje de las políticas públicas basadas en evidencia”.
Como segunda propuesta destacan la necesidad de políticas públicas que aborden de forma integral las problemáticas de los barrios populares y, finalmente, como tercera propuesta, se refieren a la atención a la emergencia.
“Además del abordaje integral, ante la crisis climática y la atención de familias expuestas a factores de riesgo, se destaca el trabajo mancomunado entre instituciones públicas, organizaciones sociales y sector privado para la asistencia inmediata pos catástrofe”, finaliza el informe.
