Francisco “Fran” Riquelme, un hampón preso en el penal federal de Marcos Paz, acusado de ser un lugarteniente del capo Esteban Lindor Alvarado, es señalado desde comienzos del mes pasado como el presunto responsable de las amenazas mafiosas contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Hoy martes, la PDI realizó 28 allanamientos contra la banda que lidera desde la cárcel. En los procedimientos fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les incautó una pistola calibre .380, cartuchos de distintos calibres y celulares.
Para llevar a cabo los operativos solicitados por los fiscales Adrián Spelta y Pablo Socca se dispusieron 250 agentes de la Policía de Investigaciones y personal de las comisarías 12ª y 20ª, quienes irrumpieron en los diferentes domicilios en horas de la mañana.
Los aprehendidos fueron Luciano G., hermano de un recluso encerrado en el penal de Piñero que está imputado como presunto miembro de la banda de Riquelme, Florencia D., Cielo L. y David B., un supuesto ladero de “Fran”, a quien se le secuestró el arma. Las dos mujeres demoradas, cuya situación procesal se resolverá en las próximas horas, tendrían un vínculo sentimental con Riquelme, de acuerdo a lo aportado por investigadores policiales y por las visitas registradas en la cárcel.
El 10 de enero pasado, el fiscal Franco Carbone acusó a Riquelme de haber instigado –cuando estaba alojado en Ezeiza, antes de ser trasladado a Marcos Paz– un ataque a tiros contra la comisaría 19ª de la zona oeste, donde se dejó un cartel intimidatorio. También, lo acusón de planear una balacera contra una escuela que se frustró porque cuadras antes los gatilleros fueron detenidos por la Policía al evadir un control vehicular.
Carbone, en esa audiencia, explicó que en los celulares incautados a esos sicarios arrestados se hallaron comunicaciones que daban cuenta que Riquelme les había ordenado atacar una escuela del distrito noroeste. Además, el funcionario judicial afirmó que el presunto líder, que encabezaría una célula a las ordenes de Lindor Alvarado, llegó a ofrecer 300 mil pesos por uno de los atentados y añadió que se mostró “insistente en la convocatoria a menores de edad para cometer el hecho”.
A comienzos de este año, cuando la Justicia provincial ordenó la demolición de dos propiedades situadas en Felipe Moré al 600 bis que estaban sindicadas como puntos de venta de droga de la banda.
Mientras se llevaba adelante el derrumbe de una de las casas vinculadas a la familia Riquelme, Leonel Juan Zapata, un presunto soldado, filmó con el celular y amenazó al personal a cargo del procedimiento para que dejen de tirar abajo la construcción. Sin embargo, el sospechoso fue detenido e imputado y quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
