Guillermo Ferraro no había logrado hacer pie. Un mes y medio después de su desembarco en Infraestructura, la relación con algunos de sus secretarios no fluía, y la incomodidad por el escaso margen de maniobra y la concentración de poder en manos de la Jefatura de Gabinete era, según trascendía, muy evidente. Pero la sorpresiva decisión de Javier Milei de echar tempranamente a su primer ministro obedeció, según el relato oficial, a una filtración periodística publicada por el diario Clarín que reflejó que el presidente advirtió en la reunión de gabinete de este jueves que dejaría “sin un peso” a los gobernadores por el rechazo de estos a algunos de los puntos más sensibles de la denominada Ley Ómnibus.
Es que, en plenas negociaciones parlamentarias, en el gobierno hay una creciente tensión por la suerte de ese complejísimo proyecto de ley que pretende modificar decenas de leyes y que, hasta anoche, Milei no tenía asegurada su media sanción en Diputados en una serie de capítulos fundamentales para su programa fiscal como el aumento en las retenciones, la fórmula jubilatoria, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES o el blanqueo impulsado por la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.
“Hay una alta probabilidad de que esas cosas no salgan”, se sinceró ayer por la tarde ante este medio un referente parlamentario de La Libertad Avanza, mientras las versiones sobre la posible salida de Ferraro -primero trascendió que el enojo presidencial era con “un ministro”, sin mayores precisiones- empezaban a circular con más fuerza.
El miércoles, horas después de que el oficialismo consiguiera despachar un dictamen de mayoría con 55 firmas -34 de ellas, del peronismo no K y la UCR, en disidencia parcial-, la incertidumbre parlamentaria del gobierno motivó a que Tomás Figueroa, el secretario Parlamentario de la Cámara baja, recibiera en su departamento de la avenida Quintana a los principales jefes de los bloques dialoguistas como Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto, además del jefe de la bancada libertaria, el ex angelicista Oscar Zago, y un puñado de legisladores que alternaban entre el departamento y La Biela, un conocido café frente al edificio en el que suelen mezclarse dirigentes políticos, funcionarios y turistas.
Cristian Caram, un histórico dirigente porteño que se reconvirtió en empresario cultural y gastronómico, actual secretario del bloque de diputados libertarios, intercambiaba mensajes telefónicos con algunos de los presentes.
“La reunión fue para pensar la sesión de la semana próxima, para puntear como organizarla, por el problema de la votación en particular”, aseguró uno de los legisladores que conoció por primera vez el departamento de Figueroa.
En una primera versión periodística había trascendido que la cumbre tuvo como finalidad reescribir casi de cero el dictamen de mayoría -se firmaron otros cuatro de minoría, uno de ellos del peronismo K y otro de la Coalición Cívica-. No fue así. Aunque, según las fuentes consultadas, sí se terminaron de negociar algunos ítems poco claros: la reunión de comisión había terminado cerca de las 2 de la mañana, con muchos puntos aún por discutir.
Es más: en el encuentro en el departamento del barrio porteño de Recoleta se habló de la intención del gobierno de debatir en el recinto, en principio el martes próximo, por capítulos, como autoriza el reglamento. Para después sí discutir por artículos, si así lo definen los legisladores. La semana pasada, en una de las reuniones con Martín Menem, el ministro Guillermo Francos y el influyente asesor Santiago Caputo, el guionista del relato oficial, el diputado Emilio Monzó, que presidió la Cámara baja durante los cuatro años del gobierno macrista, había sugerido a sus colegas libertarios que, por la inexperiencia, debían pensar bien en cómo ordenar la sesión. Recordó, en ese sentido, la dramática discusión en el recinto en torno a la reforma previsional, que tuvo que suspenderse en su primer intento por una violenta marcha en los alrededores del Parlamento que incluyó una lluvia incesante de piedras.
Este jueves, por caso, José “Cochi” Rolandi, la mano derecha de Posse en la Jefatura de Gabinete, de buena trayectoria en la actividad privada pero nula experiencia en la función pública, visitó el Congreso para intentar destrabar algunos de los rubros más sensibles del proyecto que Milei pretende aprobar primero en Diputados y después en el Senado como su primer mojón de gestión.
A Rolandi no le fue demasiado bien. Tampoco había tenido tanto éxito Caputo, el consultor, en los días previos cuando se apareció por el Congreso para liderar las negociaciones en nombres del presidente, de viaje por Davos.
El gobierno había aceptado ceder en temas ríspidos como el aumento a los derechos de exportación para las economías regionales o la eliminación de la actual fórmula jubilatoria. Pero una serie de idas y vueltas, además de otros temas candentes como el blanqueo, el FGS de la ANSES, la pesca o las cajas previsionales de las provincias, calentaron las negociaciones con los bloques amigos, muy predispuestos a colaborar con el Ejecutivo, no solo por la magnitud de la crisis y la complejidad del ajuste, si no hasta por una cuestión de conveniencia electoral: no hay una sola encuesta que, aún frente a una gestión anómala y un gabinete deslucido, con excepciones, no pondere todavía la popularidad de Milei. “O estás con Milei o no estás con Milei, en el medio no hay nada”, lo describió un consultor.
Eso explica, en buena medida, la decisión del jefe de Estado de avanzar con la construcción de un relato inflexible y temerario que, a juzgar por la salida de Ferraro, tuvo este jueves un punto de quiebre. En este caso, en la relación con los gobernadores.
Más allá del origen de la filtración, hasta anoche nadie en el gobierno había desmentido la frase adjudicada al presidente sobre los gobernadores -”Los voy a dejar sin un peso”-, que se sumó a las serias advertencias de Luis “Toto” Caputo, que avisó: “Se recortarán inmediatamente las partidas a las provincias si algún artículo es rechazado”.
Los dichos, vía redes sociales -el canal de propagación principal del relato libertario- cayeron pésimo en Juntos por el Cambio y en el peronismo no K. El más ofuscado fue Miguel Ángel Pichetto, que este mes recobró una centralidad notable, que se erigió como uno de los principales negociadores con el gobierno y que, con excepción de algunos viernes, vive de saco y corbata. Un exponente de la política tradicional y profesional. Una especie de CEO de los gobernadores, un interlocutor frecuente del sindicalismo, que hace varios días, en una reunión, le plantearon qué rol jugaría en caso de una eventual crisis institucional.
Pichetto está convencido de que, después de marzo, la situación será crítica.
Pero los dichos de Caputo también fastidiaron a los gobernadores peronistas, justo cuando la Casa Rosada, por gestiones del ministerio del Interior, se había asegurado los votos de los tres legisladores que responden a Osvaldo Jaldo y que este miércoles oficializaron un nuevo bloque en Diputados, escindido de Unión por la Patria. “Puede haber alguno más”, aseguró un alto funcionario político, sin precisiones, pero antes de la andanada de críticas de Caputo y los trascendidos del propio presidente. Un jefe provincial de la zona centro, que participa en varios grupos de WhatsApp con colegas, admite que el enojo es generalizado. Y la paciencia empieza a agotarse.
En ese contexto, el lunes por la noche, en una reunión virtual con el ministro Francos, los gobernadores de JxC exhibieron su malestar por los capítulos de la ley vinculados a las retenciones. El más vehemente fue Maximiliano Pullaro. Después de ese encuentro, la Casa Rosada aceptó coparticipar el blanqueo fiscal. Y envió al Parlamento el proyecto para restituir el impuesto a las Ganancias, pedido por las provincias.
Hasta anoche, la moneda todavía estaba en el aire. Un dirigente libertario, muy mencionado en estos días, le aseguró a Infobae: “La gente eligió a un presidente con el 56% de los votos, pero en la elección de diputados y senadores ganó (Sergio) Massa”.
La reflexión desnuda dos realidades que atraviesan a un mismo gobierno. Que Milei tiene sostén social para insistir con su relato y su paquete de reformas, pero que necesita sí o sí del sistema político al que encasilló como “la casta” para que esa batería de iniciativas no naufrague en el Congreso.
