Dos días después de que Javier Milei presentara el proyecto de ley de Presupuesto para el año que viene, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, discuten los detalles de la ley y el plan para el inicio del tratamiento junto al jefe de la comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert y a Ezequiel Atauche, su par del Senado. La Casa Rosada sumó a Martín Menem, presidente de la Cámara baja y hombre de Karina Milei. Sin embargo, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, distanciada, no forma parte de la partida.
La cumbre tiene lugar en el Salón de los Escudos de la Secretaría del Interior, en la planta baja de Balcarce 50. Empezó a las 11, y no tiene hora de cierre. Había sido convocada el lunes, luego de la puesta que montó el Presidente en el hemiciclo el domingo por la noche, frente a todo el arco político y a su Gabinete para escenificar el giro del proyecto al Congreso. En ese mismo cuarto, los mismos ministros se habían sentado el lunes para explicar estos puntos a los 16 gobernadores que invitaron a la sede del Gobierno. Fue en aquella reunión donde buscaron relativizar el mandato de ajuste de 60 mil millones de dólares que había planteado Milei en su discurso.
En principio, el encuentro de hoy entre las cabezas política y económica del Gabinete y los referentes parlamentarios violetas tiene dos objetivos. Por un lado, que Caputo les transmita a los jefes de las comisiones clave los detalles del proyecto, aquellos puntos que no se pueden negociar y los que son conversables. Por otro, que Francos plantee las directivas iniciales para la negociación con aliados y opositores duros y unificar tácticas y estrategias.
Sin embargo, más allá de estas discusiones de rigor, el Gobierno parte de la base de que es probable que le cueste conseguir los votos para aprobar el proyecto tal como lo necesita. Por lo bajo dicen que la gestión económica en 2025 continuará con “remaches” del presupuesto anterior, según expresaron en reuniones en off the record durante los últimos días. Mientras tanto, los bloques no libertarios empezaban a leer la letra chica y a plantear posturas, de manera informal.
En la sede de la administración nacional aspiran a terminar el debate entre uno y dos meses, es decir, que como máximo quieren tener la ley aprobada y sancionada a fines de noviembre. De todas formas, no hablan de tiempos en voz alta: después de los repetidos cambios de planes y plazos que atravesaron con las anteriores discusiones legislativas, prefieren la cautela.
No está claro si las explicaciones que les dieron los ministros a los gobernadores, el lunes, haya servido para facilitar las voluntades. Varios, sobre todo los de las provincias más pobladas y con mayor representación, están esperando la oportunidad para hacer valer sus reclamos, por ejemplo, por el traspaso de obra pública o el pago de la ya histórica deuda de fondos jubilatorios. Por ahora, en una etapa inicial, no se muestran en pie de guerra.
Noticia en desarrollo…
