El expediente contra Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez salió en las últimas horas de la órbita de Ejecución Penal, donde permaneció por más de dos décadas, para volver a ingresar a la Justicia ordinaria. Sucede que el recluso, jefe de la banda de “los chicos bien” y calificado como uno de los asesinos seriales más feroces de Argentina, volverá a ser juzgado.
En 1998, la Justicia lo condenó por a reclusión perpetua, más la accesoria por tiempo indeterminado, por los crímenes de Bernardo Loitegui (h), de la estudiante María Andrea Carballido y del subinspector de la Policía Federal Fernando Aguirre, cometidos en 1996 durante un raid delictivo que protagonizó “Concheto” junto a sus cómplices.
Sin embargo, este lunes, la Sala II de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional -integrado por los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morin y Horacio Días, asistidos por la secretaria Paula Gorsd- declaró la nulidad del juicio por los asesinatos de Carballido y Aguirre, ocurridos durante el asalto al pub Company de Belgrano.
La resolución, a la que tuvo acceso Infobae, responde a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó al Estado argentino anular la sentencia del Tribunal Oral de Menores N°1 de Capital Federal.
El organismo, además, pidió una indemnización para Álvarez, quien fue detenido el 8 de agosto de 1996, cuando tenía 18 años. En la actualidad, tiene 46.
¿Qué señaló la CIDH? Que “hubo una serie de violaciones que se habrían cometido en el proceso penal contra Álvarez”. En ese sentido, la sentencia detalló que, “tras la revocación del patrocinio a los abogados de confianza del señor Álvarez, el Tribunal Oral de Menores no le concedió tiempo para el nombramiento de nuevo defensor, sino que designó de oficio a la defensora pública oficial, que representaba al otro coimputado en el proceso”.
La abogada solo tuvo una hora para reunirse con Álvarez, previo al inicio del debate. Esa decisión, para los jueces de la CIDH, afectó su defensa. Además, resaltaron que el acusado llegó a la audiencia esposado, un detalle que, según consideraron, violó su derecho a la presunta inocencia.
Luego de conocer el fallo a su favor, Álvarez solicitó la aplicación del beneficio del 2X1 en todas las condenas que le quedaron: seis meses por robo, 25 años por el homicidio de Loitegui y los 18 años que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº12 le dio por el crimen de Elvio Aranda, un interno con quien compartía pabellón en la prisión de Caseros, asesinado el 15 de noviembre de 1998.
Ahora le tocará definir si corresponde que sea liberado al Tribunal Oral en lo Criminal N°28, que también estará a cargo del nuevo debate oral en su contra.
El raid de sangre junto a sus soldados de La Cava
“Concheto” fue acusado de matar, el 28 de julio de 1996, al hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas de la Nación del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. De acuerdo a la investigación, le pegó dos balazos a la víctima durante el robo de su Mercedes Benz, frente a su hija y pese a que el hombre no se resistió.
Ese mismo día, habría cometido los asesinatos del policía, que estaba de franco, y de la estudiante, que festejaba un cumpleaños. Meses después de ser condenado, le adjudicaron el homicidio de Aranda, quien fue ultimado de un facazo en el pecho, muy cerca del corazón.
Según las crónicas que lo retrataron, hacía apología de sus propios delitos. “Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse. O tener la mujer más linda”, habría dicho cuando lo arrestaron en el chalet en el que vivía con su familia.
En su cuarto, los policías hallaron recortes del diario La Nación de 1972, donde aparecían los crímenes y las reconstrucciones ante la policía de Robledo Puch, el asesino serial conocido como el “Ángel Negro”.
Tanto a la prensa y como a los policías que lo arrestaron, les resultaba llamativa su apariencia, que salía de lo común. “Usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba le salía el lado salvaje, monstruoso, hasta parecía cambiar de forma”, indicaron.
A diferencia de sus cómplices, Álvarez pertenecía a una clase social acomodada y vivía en un barrio elegante de Acassuso, en la zona norte del conurbano. Su padre era dueño de dos cines y de un local comercial. Incluso, había estudiado en los institutos privados San Patricio y Nuestra Señora de Fátima, donde lo expulsaron cuando pasó el límite de 24 amonestaciones.
Al mismo tiempo, reclutaba “soldados” en villa La Cava, de San Isidro. Los peritos que lo trataron lo describieron como “un narcisista, un psicópata perverso”. Su banda de “nenes bien” tenía como principal blanco los restaurantes de lujo. Una de sus primeras víctimas fue el miembro del directorio de la petrolera Esso, a quien le robaron un Rolex, el celular, dinero y su Honda Accord. También entraron a robar en Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia, Camerún, Harry Cipriani y La Biela.
En diciembre de 2015, los camaristas Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y le concedieron la libertad. Pero fue detenido meses después por un intento de salidera.
En abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, firmó -junto a otros tres internos- el acuerdo con los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, que frenó un motín en cárcel de Devoto, donde permanece encerrado y donde consiguió recibirse de abogado y llevar adelante su propia defensa.
