Así como hizo con los piquetes, el gobierno parece decidido a terminar con los bloqueos de fábricas o establecimientos de empresas, modalidad que durante mucho tiempo fue utilizada por gremios como forma de protesta y que generó pérdidas millonarias a las compañías. Dos casos emblemáticos son los de la empresa láctea Vidal con el gremio Atilra y Mercado Libre con camioneros, pero no fueron los únicos. Según el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), en lo que va del año hubo 17 bloqueos y se neutralizaron 71.
La entidad colaboró con el Ministerio de Seguridad de la Nación en el protocolo antibloqueo que se presentó a principios del mes de septiembre de este año. Por otra parte, la ley Bases introdujo como causal de despido justificado participar de este tipo de acciones extorsivas. La norma mencionada sustituyó el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que se considerarán comprendidas dentro del concepto de injuria grave las medidas de acción directa cuando “…a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas y/o cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente”.
A casi tres semanas de la presentación del protocolo por parte de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, Infobae dialogó con el ex fiscal y actual subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Romero.
– Dr. Romero ¿cómo funciona el protocolo antibloqueo de empresas?
Es una medida muy importante que ha tomado la ministra Patricia Bullrich y la Secretaría de Seguridad a cargo de la Dra. Alejandra Monteoliva.
Es un protocolo similar -en cuanto a su esencia- al de los piquetes. Se puso en conocimiento por el Boletín Oficial como una decisión ministerial.
– ¿Cómo es el procedimiento en caso de que alguna empresa sufra un bloqueo?
Se puede denunciar a través de la línea telefónica del Ministerio, el 134 o a los números rotativos del ministerio, por Whatsapp al número (11) 38524561 o también por correo electrónico a la dirección bloqueos@minseg.gob.ar. A partir de esa denuncia se evalúa por la Secretaría de Seguridad la verosimilitud de la misma, la gravedad y se tiene en cuenta también el pedido de la autoridad local. Esto porque no es un delito federal, es un delito ordinario pero está a disposición del organismo jurisdiccional o de la Policía provincial o local -en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- el despliegue de fuerzas federales para hacer cesar el bloqueo.
– ¿Cómo debe ser el bloqueo para que se pueda denunciar y hacerlo cesar?
El bloqueo puede ser físico, me refiero a personas, o con vallas o con vehículos o con gomas o con cualquier otro elemento. Es decir, no solamente tiene que haber personas ocupando el lugar de entrada y salida del trabajo e impidiendo justamente la libertad laboral, la libertad de producción, el libre tránsito etcétera, sino que cualquier forma de impedimento constituye un bloqueo. Literalmente como puede ser el bloqueo de una ruta. A partir de ese momento con el despliegue de la fuerza se hace cesar el delito, lo que sería la mitigación de la conducta delictiva.
– ¿Ya se aplicó en algún caso?
Hasta el momento, entiendo que no se ha aplicado, esta a disposición por supuesto. Vale aclarar que no actuamos salvo que sea una industria con connotaciones federales no…o sea las industrias estratégicas o a una industria oficial. Ahí sí actúa directamente la fuerza federal sin necesidad de requerimiento alguno. Por ejemplo, imagínese si hay un bloqueo en la central nuclear de Atucha o en cualquier otra central nuclear o cualquier otra industria estratégica del país, ahí sí actuamos directamente porque es la propia fuerza federal la que tiene a su cargo la vigilancia y la seguridad.
– ¿Qué le parece esta medida?
Creo que es una una buena decisión de la ministra más allá de las críticas que recibimos los integrantes del Ministerio por esta serie de medidas que se están tomando. Creo que es algo que debió hacerse hace mucho tiempo, sobre todo con el gremio de Camioneros que más allá de la protesta legítima que puede tener un gremio va más allá de eso y vulnera un derecho constitucional ejerciendo otro derecho constitucional que es el derecho de huelga.
