El oficialismo logró aprobar en la legislatura de Misiones la creación de una fiscalía especializada en delitos digitales y la oposición considera que se trata de una pantalla para instalar una mordaza sobre la sociedad misionera.
La iniciativa votada ayer en la Cámara de Representantes establece la puesta en marcha de una fiscalía especial que tendrá a su cargo la facultad de investigar y perseguir delitos cometidos a través de medios informáticos. Estarán en el objetivo de la ciberfiscalía la trata de personas, la sustracción de menores, la pornografía infantil, la pedofilia, el narcotráfico y el tráfico de armas y terrorismo.
El dictamen de la Comisión de Legislación General y Justicia de la legislatura unicameral tuvo a la vista dos proyectos presentados por integrantes del Frente Renovador de la Concordia (FRC). Se trata del de Carlos Rovira y el que elaboraron Rafael Pereyra Pigerl y José Pastori. También consideró la iniciativa que al respecto preparó la radical Lilia Torres.
La oposición cuestionó con dureza los alcances de los artículos 6 y 7 del texto sancionado. En el primero, se le otorga al fiscal especializado la potestad de disponer “el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas fundadas de que hayan sido utilizado para premeditar, realizar, ocultar o encubrir el delito, para su análisis, resguardo y recolección de material probatorio”.
Dentro de este rango de alcance, la norma colocó a los delitos de grooming, pornografía infantil, violación de secretos de la privacidad, datos informáticos de acceso restringido y la defraudación por medios digitales. Además, la trata de personas, pedofilia y la sustracción de menores a fin de garantizar pruebas y colaborar con la justicia jurisdiccional, ya sea provincial o federal. Pero también abarcará injurias, calumnias, intimidación pública e incitación a la violencia, según lo describe el Código Penal de la Nación, cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte.
Las suspicacias están centradas en que las protestas de policías, maestros, personal de la salud y otros agentes estatales que tuvo en vilo al gobierno misionero a mitad de año se coordinaron y difundieron a través de plataformas digitales y redes sociales. La polémica fue tan amplia que hasta el propio presidente Javier Milei se hizo eco. El mandatario reposteó esta mañana una publicación de un usuario que cuestionó la sanción de la norma en Misiones.
El debate
El proyecto que supuso la modificación del código procesal de la provincia tuvo en consideración la legislación existente en otros distritos e incluso en otros países.
En la sesión del jueves, la diputada Anazul Centeno (FRC) ofició de miembro informante del despacho de comisión. Durante su intervención, hizo hincapié en que este tipo de delitos sobrevuela las jurisdicciones, y puso el dedo en la llaga cuando citó como ejemplo la causa por tenencia y distribución de material de abuso infantil contra el ex diputado opositor Germán Kiczka. Este proceso penal surgió a través de una investigación internacional que requirió de la colaboración de varias instancias judiciales.
Con respecto a los artículos polémicos, Centeno descartó que el fiscal especializado que estará a cargo de la unidad pueda “largarse a investigar así como así”. “Los fiscales tienen la exigencia legal de fundamentar adecuadamente sus intervenciones, además, estas estarán siempre sometidas al control jurisdiccional. Siempre habrá un juez que revise esas medidas”, resaltó.
“Esta ley es muy clara, no persigue fin espurio, ni cercenar ningún derecho constitucional ni la libertad de expresión. Estamos avanzando en herramientas procesales claves con mecanismos idóneos para perseguir estos delitos”, subrayó. Luego, remató: “Todo lo que se aprobara está permitido para el juez en base al principio de libertad probatoria, lo que hacemos es ordenar y colocar en cabeza de un fiscal especializado todo el proceso. Lejos de dar facultades ilimitadas a alguien, lo que hace es poner límites”, concluyó.
Torres, autora de uno de los textos base, sostuvo que los artículos cuestionados “desnaturalizan todas las bondades de los demás”. “Entendemos que se trata de una regulación que puede ser usada como herramienta para silenciar voces críticas y limitar la libertad de expresión”, evaluó. “Lo más grave es que esta ley no cuenta ni contó con el consenso de la sociedad”, señaló la legisladora radical. “Las críticas recibidas son que, así como se encuentra redactado, viola el derecho a la expresión y podría provocar censuras directas e indirectas impensadas”, agregó.
“Las ‘fake news’ o noticias falsas no son delitos tipificados por el código penal”, remarcó, y recordó que “las instituciones públicas y privadas no son titulares del derecho al honor como sí lo son las personas físicas. Mal pueden entonces defenderse de injurias y calumnias”, contrastó. Más adelante, recordó que estos dos delitos son de instancia privada y requieren denuncia del afectado. “Con la redacción aprobada, la autoridad de aplicación interpretará y regulará de manera arbitraria, perjudicando algo sensible a la sociedad como el derecho a la expresión y opinión”, apuntó.
Por su parte, Analia Labandoczka (PRO) expresó que su bloque no acompañó la norma. “A pesar de concordar con los postulados nobles de la iniciativa, no podemos estar de acuerdo con que el fin justifique los medios. Este proyecto atenta contra principios constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, viola la jurisdicción federal y otorga a un fiscal facultades contrarias al Estado de derecho”, consignó.
En tanto, Ariel Pianesi (UCR) también avaló la lucha contra los nuevos delitos que surgen en la era digital. Al igual que su par de bancada y de la legisladora del PRO, cuestionó las facultades otorgadas al fiscal de ciberdelitos y los riesgos para la libertad de expresión. “Este proyecto generó tanto ruido porque realmente hace ruido, tanto que le han puesto ‘ley mordaza’. Hay una limitante a la expresión, y puede ser extremadamente peligrosa”, mencionó.
Los renovadores Pereyra, Pigerl y Pastori cerraron el debate, cuestionando a la oposición y sus argumentos. La votación terminó con 28 votos a favor y 10 en contra, pero la polémica siguió por fuera del recinto, en las redes sociales.
“El peor rasgo de totalitarismo y el que realmente abre las puertas de la persecución judicial, es la criminalización de los opositores. Esa es la finalidad de la ley mordaza que impulsa la renovación. Si no estás conmigo, te meto preso. Otro más perder para los misioneros”, disparó el ex legislador nacional Alfredo Schiavoni en su cuenta en X.
