Luego de que el fiscal general adjunto Marcos Pagella solicitara que todos los imputados por la causa de asociación ilícita mixta en Mar del Plata cumplan una prisión preventiva hasta que sea realizado el juicio oral, las defensas de los siete sospechosos se presentaron ante el juez de Garantías Daniel De Marco para evitar que sus clientes continúen privados de la libertad. Desde morigeraciones hasta pedidos por falta de mérito, las justificaciones que expusieron los letrados.
A lo largo de la jornada del viernes, los imputados y sus abogados ingresaron al despacho del Juzgado de Garantías N°1 marplatense para plantear las modificaciones y/o consideraciones que debería tener en cuenta el magistrado antes de tomar la decisión final el próximo martes. Tal como lo había programado, cada uno de ellos tuvo 15 minutos para exponer sus argumentos.
Pese a que no se conoció en detalle cuáles fueron los pedidos que presentó cada uno de los acusados, las fuentes judiciales confirmaron que hubo casos en los que se solicitó adecuar los delitos que se le atribuyen, la falta de mérito respecto de los cargos, el beneficio de la excarcelación bajo la premisa de que no existe riesgo de fuga y/o entorpecimiento de la investigación, y una morigeración para los que tengan que cumplir con la prisión preventiva como, por ejemplo, que sea en modalidad domiciliaria.
Más allá de la decisión que tome el juez, existiría la posibilidad de que toda la causa o algunos de los delitos que la conforman sean juzgados en la órbita federal. Según las fuentes que fueron consultadas por el medio local 0223, la investigación por la participación activa en la compraventa ilegal de moneda extranjera e intermediación financiera no autorizada podría ser trasladada a un juzgado de jurisdicción federal.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantuvo las imputaciones de los acusados en la solicitud enviada, por lo que el ex jefe de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, José Luis Segovia, continúa sindicado como el líder de la asociación ilícita mixta, debido a que presuntamente habría brindado protección a los “arbolitos”, a la vez que desviaba investigaciones relacionadas con robos calificados.
Previo a esto, el Juzgado de Garantías N°1 aseguró que la organización estuvo “impregnada de manejos autoritarios y con un férreo sesgo piramidal”. En este sentido, plantearon que Segovia intentaba dar la imagen de ser un “eficiente jefe policial, por un lado, y un manejo ilegal de los procedimientos policíacos”. Incluso, apuntaron que el ex comisario habría sido el que “diagramó, armó y ejecutó como jefe una policía dual”.
Acerca de la policía desdoblada que logró conformar, las autoridades judiciales señalaron que éste cumplió su cometido al mantener, por un lado, a “funcionarios policiales honestos y eficientes”, mientras que en la vereda contraria “se valió de policías en actividad y de otros que ya estaban fuera de la fuerza policial”.
Entre el resto de los implicados, se encuentran el ex policía Javier González y el oficial Gastón Moraña, sospechados de haber sido los recaudadores de Segovia; y el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Nicolás Rivademar, quien cursa un arresto domiciliario por supuestamente haber sido miembro de la banda y habría brindado protección en un caso investigado por la Justicia Federal.
En la causa también fueron involucrados el ex policía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti, quienes eran los encargados de monitorear que los “arbolitos” cumplieran las tareas encomendadas. Además, fue comprobado que los socios los vigilaban desde un café ubicado en la avenida Luro.
El último detenido en el marco de la investigación es el abogado Lautaro Resúa. Aparentemente, el defensor habría funcionado como un nexo entre varias partes de la agrupación, ya que tenía contacto con los acusados de ser recaudadores. Asimismo, se cree que podría haber contribuido en la desviación de varias causas penales.
