El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, obtuvo un claro respaldo del peronismo bonaerense para continuar como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), un día después de que la Justicia confirmara su procesamiento por presunto abuso sexual. La entidad representa a unos 500 gobiernos locales de todo el país.
Espinoza venía al frente de esa organización desde 2022, y ayer ratificó su mandato en una asamblea en la sede de la entidad, en la calle Cerrito al 800 del centro porteño. Los intendentes del PJ apoyaron al matancero para que siga en la conducción y emitieron un documento crítico con reclamos al Gobierno.
Mientras que en casos similares las organizaciones deciden apartar o suspender a las personas acusadas de abuso sexual, en la FAM no hubo ningún tipo de comentario ni reparo al rol del dirigente comunal, que fue procesado por la Cámara del Crimen tras la denuncia de Melody Rakauskas.
Algunos de los intendentes que participaron de la asamblea fueron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Gastón Granados (Ezeiza) y Gustavo Barrera (Villa Gesell). También hubo dirigentes locales del interior y otros que participaron de forma virtual. Asistieron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la ministra de Hábitat de la provincia, Silvina Batakis.
Entre los ausentes, faltaron los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Alvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham), que están alineados con la conducción de Máximo Kirchner. En los últimos meses, el kirchnerismo viene manteniendo una relación tensa con jefes comunales como Espinoza y el entorno del gobernador Axel Kicillof. Este sector está encolumnado con el mandatario para que sea quien encabece el rumbo electoral de los próximos años.
La FAM fue creada por Ley Nacional Nº 24.807 y está facultada para representar a todos los municipios del país. Se trata de una entidad pública sin fines de lucro. Ayer, el intendente de La Matanza encabezó la última asamblea anual ordinaria y logró extender el mandato hasta el próximo año. Estará acompañado en la mesa ejecutiva por Lorenzo Schmidt, jefe comunal de la localidad formoseña Villa Dos Trece, y Juan Manuel García, a cargo del gobierno local de Machagai, en Chaco.
Sectores de la oposición bonaerense, como la Coalición Cívica y el PRO, pidieron que Espinoza renuncie o se tome licencia en La Matanza. Pero el escándalo no logró hacer mella en el poder del intendente. De manera explícita, el peronismo respaldó al dirigente comunal y desestimó las acusaciones en el órgano representativo municipal.
El miércoles, los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto descartaron la idea de la defensa de Espinoza de que había sido víctima de espionaje ilegal, como parte de una operación política para desacreditarlo. A su vez, rechazaron la hipótesis que levantó sospechas de las facultades mentales de la denunciante.
De esta manera, la Sala VII de la Cámara ratificó la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, que procesó a Espinoza por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial. El intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia.
Rakauskas fue secretaria privada del municipio durante unos días, sin un nombramiento formal. Había denunciado a Espinoza de presionarla para cenar en su casa, en un episodio ocurrido a principios de junio de 2021. Según su declaración, a la tercera vez, se bajó los pantalones y se abalanzó sobre ella con “tocamientos impúdicos”, hasta que desistió por su resistencia y se fue enojado.
Comunicado contra el Gobierno
La asamblea de la FAM difundió un comunicado con las firmas de Espinoza y los vicepresidentes, con un tono crítico hacia el Gobierno. Le pidió una reunión “urgente” con Javier Milei para resolver 6 ejes:
1) Las “transferencias a las provincias”, que “se redujeron un 89,5 por ciento en los primeros cinco meses de 2024 en comparación con el año anterior”;
2) el envío de alimentos, frente a una demanda que “ha aumentado un 50 por ciento” y “los municipios están abasteciendo esta necesidad sin ayuda del gobierno nacional”;
3) los “tarifazos” a los servicios públicos, que “han aumentado significativamente en más de un 500 por ciento”. “Estos aumentos, junto con la inflación, han disminuido el poder adquisitivo de los salarios y llevaron al cierre de pymes”, expone el documento;
4) “la eliminación de subsidios a la educación ha llevado a las familias a migrar a la educación pública”, señala otro de los puntos. “El gobierno ha tratado la educación como un mercado, poniendo en riesgo el año escolar de muchos estudiantes”, agrega;
5) la “parálisis” de la obra pública, “ocasionando cientos de miles de despidos en la construcción y en todos los sectores relacionados; y quiebras de pequeñas y medianas empresas”;
6) y “la liberalización del mercado de la salud”, que ha colocado en una situación crítica a la mayoría de la población. “Los medicamentos han incrementado su precio en un 200 por ciento, y las cuotas de las empresas de medicina prepagas han aumentado hasta un 250 por ciento”, agrega.
