(Mendoza – Enviado Especial) – La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciará la puesta en marcha de un Comando Unificado anti bloqueos y piquetes para Vaca Muerta, la zona portuaria de Rosario y otros enclaves productivos estratégicos del país, con el objetivo de evitar que manifestaciones impidan el normal funcionamiento de las empresas. Los detalles de la medida serán explicados por la funcionaria este viernes en la ciudad santafesina, donde viajó esta noche para participar del encuentro anual del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Según pudo saber Infobae en esta ciudad, la ministra Patricia Bullrich creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva, que tendrá el objetivo principal de realizar tareas de prevención y control en zonas como Bahía Blanca, San Lorenzo-Timbúes, Vaca Muerta, y otros polos industriales y mineros. El objetivo será reforzar la seguridad por medio de una coordinación de fuerzas de seguridad federales y locales.
En concreto, el “Comando Unificado de Seguridad Productiva” estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la subsecretaria de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y representantes policiales que designen las provincias donde se despliegue el Comando.
La resolución que pone en marcha este nuevo dispositivo será oficializada en las próximas horas, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae.
De acuerdo con la información que trascendió esta noche, este nuevo comando apunta enfrentar una de las demandas expresadas por sectores económicos esenciales que, debido al volumen de su producción, su conexión con servicios públicos sensibles o el alto valor de sus productos, requieren de una protección especializada para garantizar la continuidad de sus actividades.
En la presentación que hará Patricia Bullrich, además de explicar, el contenido de la resolución, también darán datos del impacto económico que tienen medidas de protesta que traban la producción.
Los camioneros de Hugo Moyano utilizaron ese tipo de manifestación para forzar a las empresas a aceptar los reclamos de aumentos salariales, obligar a un reencuadramiento sindical o impedir que se produzcan desvinculaciones. De hecho, ese tipo de acciones generaron movimientos contrarios de empresarios que se organizaron para luchar en los tribunales contra esas prácticas.
Pero también hay otro actor clave en un sector estratégico: manifestantes que se reivindican como mapuches y suelen presentar reclamos territoriales en base a “derechos ancestrales”. Las fuentes que anticiparon la puesta en marcha del Comando Unificado advirtieron que en adelante no se va a permitir protestas que generen bloqueos o piquetes que afecten el suministro petrolero, obras o la propia actividad. También los gremios petroleros, en algunos casos, han tomado este tipo de medidas de acción directa.
Y, por último, está la actividad minera, una de las más dinámicas que tiene la economía y que tiene en marcha inversiones de enorme impacto que demandan una estabilidad tanto en las condiciones de producción, la legislación y la cuestión impositiva, como la seguridad de que una protesta violenta afecte la actividad.
Con este nuevo comando, en el Gobierno esperan una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.
Se pudo saber que el Comando Unificado operará de manera permanente y su coordinación general estará a cargo de la máxima autoridad ministerial o de un delegado designado, quien tendrá el control sobre los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad involucradas.
De todos modos, aclararon que esta unidad a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación trabajará en conjunto con las autoridades jurisdiccionales locales para una gestión eficiente de los recursos y una rápida respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad productiva del país. “El objetivo es dejar en claro que se va estar protegiendo a los sectores clave que contribuyen al crecimiento, desarrollo del país y que generan divisas”, explicaron.
