Aunque los voceros libertarios insisten en que hay “paritarias libres”, todos saben que no es cierto y que todos los gobiernos desde el restablecimiento de la negociación colectiva pusieron límites a los acuerdos salariales. Hoy, pese al alivio que brinda la baja inflacionaria, en la Casa Rosada se puso en marcha una suerte de doble estrategia en la materia para el último cuatrimestre de 2024: fuertes restricciones para mejorar los sueldos en el Estado y una flexibilización de la pauta salarial en el sector privado, en donde se toleran “unos puntos más” que las previsiones de la inflación futura.
Donde más se siente el corralito oficial a los aumentos de salarios es en el sector público: el Gobierno acaba de transparentar su idea de que no haya incrementos entre septiembre y diciembre. Lo plantearon los funcionarios que participaron hace 5 días de la paritaria estatal: ofrecieron a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un aumento del 2% para octubre, pero con vigencia para todo el último cuatrimestre. Ante el rechazo sindical, la contraoferta fue un 2% para septiembre y 1% para octubre con la misma vigencia hasta diciembre. UPCN, el gremio más dialoguista, conducido por Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, logró que esas cifras sólo rigieran por un bimestre.
Embanderado en una estrategia ultraopositora, el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó de que “el Gobierno decidió aniquilar la negociación colectiva” y consideró que “el ofrecimiento (del aumento del 2% y 1%) es un insulto que materializa el congelamiento salarial en toda la administración pública”.
En las empresas públicas, la consigna en materia salarial es similar, pese a que existen otros márgenes de negociación según la realidad económica de cada estructura. Es lo que está sucediendo en la complicada tratativa de los sindicatos aeronáuticos con Aerolíneas Argentinas: acaba de anunciarse para este viernes un nuevo paro que obligará a cancelar y reprogramar vuelos luego de que la empresa hizo “propuestas no sólo insuficientes sino provocativas”, según protestaron los gremialistas.
“Después de meses de intensas negociaciones y de poner todo nuestro esfuerzo para evitar este conflicto, no tenemos más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde a la inflación”, afirmó el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, enrolado en el moyanismo, quien advirtió: “Necesitamos una propuesta seria y en sintonía con nuestras demandas de recomposición salarial”.
Fuentes gremiales revelaron que la empresa ofreció un 10% de aumento salarial para el trimestre junio, julio y agosto, pero fue rechazado: “Nosotros en Aerolíneas tenemos un acuerdo paritario que va de septiembre a septiembre de cada año, pero ya en 2023 negociamos mensualmente para actualizar. Desde noviembre pasado hasta hoy estamos un 72% por debajo de la inflación”.
En AYSA, otra empresa pública, las señales oficiales en materia salarial son casi tan restrictivas como en la administración pública nacional. Actualmente rige un acuerdo para julio, agosto y septiembre con aumentos otorgados del 3,5%, 3% y 2%, pero hay un compromiso de esperar a que se conozca la inflación de este mes antes de renegociar las cifras para octubre, noviembre y diciembre.
“Es una falacia que los salarios le ganaron a la inflación; todo está aumentando”, aseguró el titular del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, al justificar su decisión de ir a la carga por una mejora salarial, “a tono con la lucha que mantienen todos los trabajadores estatales”.
Según el sindicalista, que es secretario de Acción Social de la CGT y pertenece al ala dialoguista, “desde diciembre hasta hoy perdimos un 25%”, por lo que rechazará cualquier “congelamiento salarial”.
El escenario de las paritarias no es el mismo en el sector privado: el Gobierno decidió flexibilizar la pauta salarial y ahora acepta que los aumentos sean ”unos pocos puntos” por encima de las previsiones inflacionarias para permitir que se recupere el poder adquisitivo de los sueldos.
La demostración de este viraje oficial fue el acuerdo alcanzado la semana pasada por el Sindicato de Camioneros, que consiste en una mejora del 11% en tres tramos para septiembre, octubre y noviembre. Los incrementos de 4%, 4% y 3% sobre los sueldos de agosto superan el tope del 2% que el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé para los aumentos en función de la inflación futura.
Por eso la decisión del secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue homologar este acuerdo rubricado por Hugo Moyano a partir de dos premisas que admitió una fuente gubernamental: 1) “No molesta que los salarios le vayan ganando despacio a la inflación”, y 2) “Se pueden aprobar esos acuerdos si están a tono con la deflación y si hay un compromiso de no trasladar esas cifras a los precios”.
La decisión tranquiliza a los dirigentes gremiales del sector privado, que se preparaban para luchar contra el supuesto techo del 2% en las paritarias que, según deslizaron, desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo les habían anticipado que regiría a partir de octubre.
¿Es otro gesto para evitar el tercer paro general? No parece casual un guiño en las paritarias justo cuando el Gobierno aceptó tomar en cuenta las sugerencias de la CGT para reglamentar la reforma laboral (aunque a último momento se trabó la idea inicial de atenuar el artículo que penaliza los bloqueos). Y, a la vez, coincide con las tratativas secretas del sector dialoguista con el ala moderada del Gobierno para concretar una audiencia con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y/o la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para explorar una tregua en el conflicto que mantienen.
Una de las primeras señales de flexibilización salarial había beneficiado al sindicato del cotitular de la CGT Héctor Daer, FATSA, que hace dos semanas cerró un acuerdo que incluye un aumento del 4,5% para agosto y del 4% en septiembre. Otras paritarias que marcaron una tendencia menos estricta por parte del Gobierno en las últimas semanas fueron las siguientes: UTEDYC (entidades deportivas y civiles): 5,4%; Cuero, 4,2%; Casas particulares, 4%; Carga y descarga, 3,8%; Comercio, 3,7%; Metalúrgicos, 3,5%, y Alimentación, 3,4%. ¿Qué pasará cuando renegocien los aumentos?
Los porcentajes cobran un relieve distinto a partir de lo que anticipan varias consultoras para la inflación de agosto: la mayoría anticipa registros que van del 3,5% al 3,8%. Si se cumplen esas estimaciones (el Índice de Precios al Consumidor de agosto se conocerá el 11 de septiembre), sería la inflación más baja del año y la menor desde noviembre de 2021, cuando había marcado 2,5%.
Hace cinco meses, cuando el Gobierno frenaba la homologación de la paritaria de Camioneros del 45% para marzo-abril porque superaba las previsiones inflacionarias, Luis Caputo reconoció: “El Estado no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologar las paritarias. Si está establecido eso, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar”.
El ministro de Economía incluso admitió: “Es parte de un equilibrio general. Todo esto está atado. Si no, entrás en una carrera nominal en donde yo te convalido cualquier cosa y vos convalidás cualquier precio. Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido”.
Las mismas definiciones sobre las paritarias tienen vigencia para el Gobierno, menos para el sector público. Una doble estrategia y un objetivo: que nada interfiera en el proceso descendente de inflación. ¿Acompañarán todos los dirigentes sindicales? ¿Podrán sostenerlo los funcionarios mileístas?
