La Iglesia Católica de Argentina tomó hoy clara distancia de la actuación del sacerdote Javier Olivera Ravasi -hijo de un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad, que promueve que los represores mayores de 70 años cumplan las penas en sus domicilios- y que fue un protagonista central en la reunión que tuvieron seis diputados libertarios con Alfredo Astiz y otros ex uniformados en la cárcel de Ezeiza.
El religioso no es un desconocido para la Curia: surgido del ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado, de Mendoza, es abogado, se doctoró en filosofía e historia, fundó la Orden de San Elías a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural” y sus manifestaciones públicas -es muy activo en redes sociales- suelen generar malestar en la Iglesia.
El nombre de Olivera Ravasi empezó a resonar apenas se conoció la reunión que habían tenido seis diputados de La Libertad Avanza con los condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar en la cárcel federal de Ezeiza. Es que tuvo varias reuniones con dirigentes libertarios y jugó un papel clave en la organización del encuentro que generó una enorme polémica hacia adentro del bloque y con el resto de los integrantes de la Cámara baja, que pidieron la expulsión de ellos.
El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jurcinovic, advirtió la tarde del lunes que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA” y agregó que “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”.
“Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ‘La verdad los hará libres’ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, afirmó.
¿Por qué ocurrió esa declaración, en simultáneo con el inicio de la 197° reunión de la Comisión Permanente de la CEA? Es que desde hace semanas los obispos vienen recibiendo consultas de organismos de derechos humanos y del ámbito de la política sobre la conexión de este sacerdote con la conducción eclesiástica. “Está la Iglesia a favor de que los militares salgan de la cárcel?”, es la pregunta que se viene escuchando de manera persistente a los obispos apenas trascendieron estos encuentros. “El papa Francisco fue claro. Sólo hay que mirar al Vaticano”, respondieron, ante una consulta de Infobae.
Es que el informe mencionado para tomar distancia del sacerdote Olivera Ravasi fue elaborado a instancia del papa Francisco para poner en blanco sobre negro cuál fue la actuación de la Iglesia en los tiempos de la dictadura. Pero además, en los últimos días el sumo pontífice viajó por más de media hora hasta Ostia, en los suburbios de Roma, para visitar el parque de atracciones Luna Park en el que hace tiempo mantiene un intenso trabajo social Sor Geneviève Jeanningros, la sobrina de Léonie Duquet, una de las dos monjas francesas secuestrada y asesinada por orden del represor Alfredo Astiz.
Y también recibió en Santa Marta a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada durante la dictadura militar cuando estaba embarazada de ella, y es nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los vuelos de la muerte tras haber sido desaparecida luego de la infiltración de Astiz. En ese encuentro, el santo padre transmitió un fuerte mensaje: “No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios”.
Las declaraciones de Francisco más la declaración del vocero de la Conferencia de Episcopal, el mismo día en el que todos los obispos del país están reunidos, muestran a las claras un posicionamiento sin matices, que no avala ninguna acción política que apunte a liberar a los ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.
Fuentes eclesiásticas dijeron a este medio que Javier Olivera Ravasi -que está incardinado, es decir que pertenece a la Diócesis de San Rafael, Mendoza- “no cometió ningún delito canónico”, por eso no está previsto que se aplique ninguna sanción, pero advirtieron que “es un sacerdote que de manera individual están promoviendo una acción política y un tema en el cual la Iglesia ha sido muy clara”. De todos modos, tiene permiso de residencia en la Diócesis de Zárate-Campana.
El cura que cofundó la Orden de San Elías fue consultado por Infobae para esta nota, pero declinó de hacer declaraciones. Aunque no aparece en la imagen que tomó estado público de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, los trascendidos y revelaciones de al menos dos legisladoras invitadas a esa reunión es que fue uno de los más activos promotores del encuentro.
La Cámara de Diputados tiene varios pedidos de expulsión, pero todavía no llegó a contar con la mayoría especial requerida para que dejen sus cargos. Las últimas expulsiones que ocurrieron allí fue la del diputado Juan Emilio Ameri, que fue registrado mientras le besaba un pecho a su pareja en una sesión convocada por videoconferencia; y Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal, por una acusación por corrupción que pesaba en su contra.
Los presentes en la foto de diputados libertarios y represores presos
- Mario “El Cura” Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.
- Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA.
- Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
- Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti.
- Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti.
- Beltrán Benedit, diputado nacional LLA, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza.
- Lourdes Arrieta, diputada nacional LLA. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo la semana pasada sobre el encuentro. Y, de manera insólita, agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”.
- Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo.
- Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”
- María Fernanda Araujo, diputada nacional LLA.
- Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
- Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
- Guillermo Montenegro, diputado nacional LLA. Ex asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
- Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
- Alida Ferrerya, diputada nacional LLA.
- Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda.
- Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
- Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.
