Este domingo, en un operativo coordinado por la Prefectura Naval Argentina bajo directrices del Ministerio de Seguridad de la Nación, se realizó un allanamiento en la provincia de Neuquén en el que se identificaron cinco presuntas víctimas de explotación laboral.
La investigación, dirigida por la Delegación de Inteligencia de Investigación Criminal de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue, apuntaba a un caso de trata de personas. El Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, liderado por el Dr. Gustavo Villanueva y con la participación de la Secretaría Penal N° 2 a cargo de la Dra. Nuria Mastronardi, autorizó el operativo y este, se dio en el contexto de una investigación por explotación laboral dirigida por la Fiscalía Federal Nº 1, bajo la supervisión de la Dra. Vanesa Rebolledo Venencio.
Durante el allanamiento de una vivienda en San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén, efectivos especializados y miembros del Centro de Atención a la Víctima hallaron irregularidades en las condiciones de habitabilidad, identificaron a cinco individuos potencialmente explotados laboralmente, incautaron un arma junto con cartuchos y municiones, y determinaron la participación de una persona en la causa.
Y en los primeros días de este año, en un operativo dirigido por la Brigada de DUOF San Rafael de la Policía Federal, se realizó un allanamiento en una finca en “El Chacay”, cerca de Malargüe, Mendoza, donde se encontraron 92 personas viviendo en condiciones precarias en galpones y habitaciones.
Este procedimiento, llevado a cabo el miércoles por la tarde, forma parte de una investigación sobre presuntos delitos de trata laboral iniciada en noviembre de 2023, luego de varias denuncias contra el establecimiento dedicado a la cosecha de ajos.
El allanamiento reveló la presencia ilegal de menores y condiciones de vida indignas para los trabajadores, quienes expresaron su descontento por vivir en espacios reducidos, durmiendo en el suelo o en camas hechas con pallets. Además, se descubrió que casi ninguno de los presentes estaba registrado oficialmente, incluyendo a algunos de nacionalidad extranjera sin la documentación migratoria adecuada.
Como resultado, se detuvo a los cuatro hombres responsables de la administración del lugar. También se incautaron una CPU, una computadora portátil, cuatro celulares y documentación relevante para la investigación. Estas acciones fueron iniciadas por el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas, y la Secretaría Penal dirigida por el Dr. Carlos Boldrini.
El operativo contó con el apoyo de la División de Apoyo Operativo Táctico Cuyo, para el transporte de las víctimas, y la participación de organismos nacionales y provinciales, incluyendo la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP, el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y el RENATRE, entre otros.
Finalmente, durante los últimos días del mes de noviembre del año pasado, una denuncia realizada a través de la línea gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas condujo a la policía a realizar un allanamiento en una finca de Maipú, Mendoza, donde se descubrieron más de 20 personas viviendo y trabajando en condiciones de explotación laboral.
Este grupo, compuesto por 24 hombres y mujeres, se dedicaba a la tarea de reacondicionar viñedos, con jornadas que comenzaban a las 6 de la mañana y se extendían hasta pasadas las 8 de la noche.
La investigación fue impulsada por un llamado anónimo recibido el 29 de noviembre, y al día siguiente, un operativo conjunto que incluyó a personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y el Comité contra la Trata verificó las condiciones denunciadas, resultando en la intervención judicial asistida por la Gendarmería.
Las condiciones laborales y de vida halladas en la finca eran extremadamente paupérrimas, con jornadas laborales que superaban las doce horas, retención de documentos y salarios muy por debajo del mínimo legal, además de condiciones de vida de hacinamiento extremo. Según la legislación laboral, a cada trabajador se le adeuda un total de 240 mil pesos por los quince días de trabajo bajo estas condiciones precarias.
Algunos de los trabajadores regresaron a Salta, su lugar de origen, mientras otros continúan en Mendoza, buscando mejores condiciones de vida y trabajo. La acción ha destacado la continua lucha contra la explotación laboral y la trata de personas en la región.
