El PRO y La Libertad Avanza permanecen en un estado de tensión. Ambos espacios comparten electorado, tienen un marco ideológico cercano, pero no coinciden en los mismos intereses. Mantienen, además, diferencias en la gestión y el manejo del poder. La sociedad política entre Javier Milei y Mauricio Macri se basa en un respeto mutuo que expresan en público y en privado, como en la cena que ambos mantuvieron anoche, a solas. Pero con rispideces sobrevolando el diálogo. Hay matices que aún persisten y son de difícil conciliación. La Ciudad de Buenos Aires (CABA) es uno de los escenarios más álgidos en ese sentido. Hay dos asuntos que profundizan el conflicto entre el macrismo y los libertarios. Por un lado, la quita de los subsidios al transporte público y, por el otro, el litigio sobre los fondos de coparticipación que la Nación debe pagarle a CABA.
Jorge Macri está molesto con el Presidente de la Nación. Mantiene cautela pública, pero despotrica en privado contra el Gobierno. Mientras que la Casa Rosada sostiene una línea estricta para cuidar la meta fiscal, aunque al mismo tiempo toma decisiones que afectan políticamente la relación con el gobierno porteño y, por elevación, con el PRO.
El conflicto actual que escala las tensiones es el de la quita de subsidios, a partir del 1 de septiembre, al trasporte público que resolvió Nación sobre las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires.
A principios de agosto, la Nación anunció la decisión de quitarle el subsidio a los 31 colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Lo comunicó Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, ligado al cordobesismo de Juan Schiaretti. El funcionario puja para que todas las provincias equiparen la tarifa de colectivo.
Mogetta sostiene, en línea con la voluntad de Balcarce 50, que la Ciudad debía hacerse cargo del 100% de los subsidios de la tarifa de los 31 colectivos que circulan en el perímetro porteño. Y al día siguiente envió una notificación formal a Uspallata.
El secretario de Transporte de la Nación argumentó el motivo de la iniciativa que impulsa Milei. “Venimos trabajando en un acta acuerdo con la Ciudad y creemos que podemos materializarlo en un punto de encuentro”, detalló el funcionario ayer en diálogo con Facundo Pastor en Radio La Red y amplió: “En caso contrario, vamos a avanzar con el dictado de la normativa por nuestra cuenta para que se torne operativo y CABA gestione su propio sistema de transporte, como ya lo hace con el subte. En caso de que no haya acuerdo, la Ciudad va a tener colectivos propios” con todas las competencias.
La sospecha de la Ciudad
En la Ciudad rechazan ese planteo. Jorge Macri considera que Milei quiere quitar los subsidios al colectivo pero sin asumir el costo político de aumentar la tarifa. Porque actualmente, la competencia para modificar la tarifa corresponde a la Nación. “Eso les repercute en el índice de inflación nacional”, deslizan en Uspallata.
Para discutir el tema, Gabriel Sánchez Zinny, vicejefe de Gabinete de la Ciudad, se reunió con Mogetta esta semana. No hubo acuerdo entre las partes y el secretario de Transporte de la Nación ratificó que avanzarán con la decisión de quitar el subsidio a los colectivos. Al mismo tiempo, Néstor Grindetti, jefe de Gabinete porteño, se mantiene en contacto con Carlos Bianco, su par de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof afronta una situación similar, dado que el Gobierno decidió no abonar más la parte que pagaba de la Red SUBE. El sistema continúa, pero CABA y PBA deberán costear por sus medios el porcentaje correspondiente a cada parte por el beneficio que se le otorga a los pasajeros cuando hacen conexiones y trasbordos en cierto lapso de tiempo.
El costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional que circulan en CABA es de $863. De ese monto, el pasajero paga una tarifa de $371, la Nación aporta un subsidio de $271 mientras que el Gobierno porteño, a partir de un acuerdo que había rubricado Horacio Rodríguez Larreta, subsidia $221 por boleto. Si la Casa Rosada retirar el 1 de septiembre el subsidio y CABA mantiene su parte, el viaje costaría $642 (para sustituir la quita del subsidio nacional).
Jorge Macri señala que antes de transferir la competencia o retirar ese beneficio, Milei debe aumentar la tarifa. Ahí está el punto de discordia. El Gobierno Nacional tiene la atribución de actualizar o suprimir subsidios al transporte público de en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Empero, desde Uspallata insisten en que si lo hace, debe definir la tarifa.
“No nos pueden transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la Ciudad sin nuestro consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola la Constitución”, advierten el círculo de confianza del Jefe de Gobierno porteño.
Cuando el tema estalló, Macri instruyó a Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de quien depende el área de Transporte, a que elabore una respuesta. Mientras que el equipo de legales de la Ciudad contribuyó como soporte jurídico. “Corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, sostuvo CABA en la nota que remitió a Luis Caputo y Mogetta a principios de agosto.
El argumento de Jorge Macri es que el servicio de colectivos de pasajeros que circula en la ciudad depende exclusivamente de Nación. Que se solventa mediante un fideicomiso a través del cual financian a las empresas que ejecutan el servicio. La Ciudad alega, en ese sentido, que al Estado central le corresponde determinar el régimen tarifario y el mantenimiento de todo lo que hace al funcionamiento de ese medio de transporte público.
De fondo, la idea del alcalde porteño es exigir que la Nación realice un traspaso de competencia a la Ciudad para afrontar la quita de los subsidios, pero que antes actualice la tarifa. El PRO coincide, desde hace años, en presionar para que el Gobierno federal avance con el traspaso de competencias en varias áreas y materias. Es, de fondo, una disputa por la autonomía de la Ciudad, que quedó trunca en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional. El macrismo pretende el traspaso de la justicia laboral, el puerto, la Terminal de Retiro, además del servicio de colectivos, entre otros temas.
El otro de los temas que empantana la relación entre los Macri y los Milei es la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves pasado, el Jefe de Gobierno porteño y Luis Caputo, en representación del Gobierno, tenían una audiencia informativa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para repasar la situación en torno al litigio. Las partes mantienen diferencias sobre la medida cautelar que el máximo tribunal emitió en diciembre de 2022 en beneficio de Uspallata.
Con previo aviso, Caputo no fue a la reunión porque tenía otros compromisos tomados con antelación. En el macrismo lo sintieron como un “desplante”, avalado por Milei, como represalia a la decisión de los diputados macristas al rechazar el DNU que otorgó fondos reservados a la SIDE. Es una idea que niegan en el Palacio de Hacienda.
La Ciudad le reclama a la Nación que le pague por goteo diario un 2,95% de coparticipación federal. Se basan en el punto dos de la acción cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión de Alberto Fernández, el ex Presidente, cuando en plena pandemia le detrajo fondos a los porteños para financiar parte de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un gesto a Axel Kicillof. “Disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”, estableció el máximo tribunal en aquella resolución.
Caputo asegura que es “falso” que no le estén pagando a la Ciudad. Exhibe como prueba las transferencias semanales que desde agosto le realiza desde el Banco Nación al Gobierno porteño. Le envía $20 mil millones cada viernes. Sin embargo, el alcalde porteño insiste en que ese método es “discrecional” y exhorta el ministro para que ejecute el “goteo diario”.
El Gobierno nacional señala que está cumpliendo el fallo. “Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es la que la Nación paga semanalmente en lugar de por goteo diario”, explican en el equipo de Caputo. La Casa Rosada no está de acuerdo con el cálculo del 2,95%. Milei y Caputo estiman que ese porcentaje debería ser “sustancialmente menor” y evalúan que el guarismo está hecho en base a ecuaciones “arbitrarias”. En relación con el dinero que le envían a Uspallata cada viernes, aclaran que “los pagos son cancelatorios de la cautelar”. En cambio, el alcalde porteño rechaza que sea un pago como flujo y lo toma a cuenta de la deuda.
Las partes deberán presentar un escrito ante la Corte la semana que viene para argumentar la posición de cada una sobre el litigio. Tanto la disputa por la coparticipación como el conflicto por los subsidios al transporte son dos puntos que profundizan las diferencias entre Macri y Milei. Una relación compleja, cuyo futuro es incierto.
