La Legislatura Porteña aprobó este jueves la Ley de Estado Accesible, una iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Valdés de Unión por la Patria junto con María Luisa González Estevarena del PRO. El proyecto de ley establece la capacitación obligatoria en materia de discapacidad para todos los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La aprobación de esta ley fue apoyada por una amplia mayoría, conformada por distintos bloques y espacios políticos. Sólo hubo tres abstenciones en la bancada libertaria y Yamil Santoro, quien votó en contra del proyecto.
“Este es un día histórico para las personas con discapacidad en la ciudad”, expresó Valdés, destacando que con esta iniciativa se van “a eliminar las barreras actitudinales y comunicacionales que enfrentan todos los días estas personas”. Valdés mencionó ejemplos concretos de estas barreras, como la falta de agentes que se comuniquen en lengua de señas con personas sordas, la prohibición a personas ciegas de firmar documentos y los malos tratos y discriminación en oficinas públicas.
El proyecto exige que las personas con discapacidad sean partícipes del diseño y dictado de las capacitaciones, respetando lo afirmado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sostiene que estas deben formar parte de todas las decisiones de políticas que las afecten directamente. Valdés también hizo hincapié en la importancia de respetar el cupo laboral del 5% en la administración pública, establecido por ley pero aún sin cumplirse plenamente.
Lorena Aguirre, trabajadora ciega del Centro de Justicia de la Mujer, expresó: “Celebro que estemos tratando este proyecto porque viene a resolver la enorme falencia que es la falta de capacitación con perspectiva real en discapacidad”. En la ciudad de Buenos Aires viven 300.000 personas con discapacidad, y diariamente transitan 200.000 más provenientes del conurbano. “Por eso es tan importante que iniciativas como esta eliminen las barreras que encontramos todos los días”, añadió Aguirre.
Este proyecto pionero en el país representa un avance significativo en materia de inclusión y accesibilidad. Con su aprobación, se busca construir un Estado que incluya a las personas con discapacidad en lugar de ser un entorno incapacitante, promoviendo el respeto y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
La implementación de esta ley requiere un compromiso por parte de todas las instituciones públicas y sus empleados. La capacitación en discapacidad no solo supone un conocimiento técnico, sino también una sensibilización y un cambio de actitud hacia las personas con discapacidad.
Con la participación activa de las personas afectadas en el diseño y dictado de estas capacitaciones, se asegura una formación basada en experiencias reales y necesidades concretas. Este enfoque participativo es fundamental para garantizar que las políticas no solo se diseñen para las personas con discapacidad, sino también con ellas.
La Ley de Estado Accesible marca un antes y un después en la forma en que la ciudad aborda la discapacidad. La amplia mayoría con la que fue aprobada demuestra el consenso político sobre la necesidad de estos cambios y la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
