El juez de feria Martín Cormick rechazó los argumentos del Estado Nacional e intimó a que en 48 horas hábiles a partir de este miércoles, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, “acredite en forma documentada si los programas y/o planes (alimentarios) se encuentran ejecutándose -en forma normal y continua- o si existió alguna demora o contingencia que pudo haber llevado a la actora -por la agrupación Amanecer de los Cartoneros– a formular la petición”. Esto implica que la cartera reparta los seis millones de kilos de alimentos que están en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.
La apelación del Gobierno de La Libertad Avanza surgió después de que la organización social vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le solicitara al juez de feria (a quien acusan de estar vinculado al kirchnerismo) que acorte el plazo de 20 días hábiles que había otorgado el juez de la causa Walter Lara Correa, quien hizo lugar, el viernes pasado, a un amparo colectivo presentado por la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores” y que se distribuyan los alimentos.
Ninguno de los dos magistrados exigió a Capital Humano un plazo perentorio para repartir los alimentos de los depósitos, sino que presenten un plan para hacerlo. Según un comunicado oficial emitido por Capital Humano, la decisión de Lara Correa de “presentar un informe sobre la ejecución de las políticas públicas que garantizan la asistencia alimentaria es una oportunidad para consolidar y visualizar las acciones que el Ministerio viene desplegando”. También interpretaron que: “Lo resuelto por el juez Lara Correa avala las políticas del gobierno en materia alimentaria” y entendieron que: “Sin embargo, el CELS, en cabeza de quien quedó el amparo colectivo, intenta modificar los alcances de la sentencia y desvirtuarla a su favor durante la feria judicial”. Esto último, en relación con la decisión del juez Cormick.
En las últimas horas, este magistrado rechazó el “recurso de revocatoria” que presentó el área de legales de Capital Humano, a cargo de Leila Gianni y Ariel Romano, y se deberá informar entre otros puntos:
- Enviar copia de “los convenios vigentes celebrados en el marco del PNUD en los períodos 2023 y 2024″.
- Informar “la cantidad de personas titulares de Tarjetas Alimentar en el año 2023 y quiénes son las/los titulares a la fecha de este beneficio, en el año 2024″.
- Adjuntar “copia de los 28 proyectos de Convenio referidos en la respuesta que surge de fojas 449/453 y 454/456 (pto. 6 del archivo formato Excel incorporado en enlace de acceso) con sus respectivos dictámenes jurídicos e informar el estado de los mismos”.
- Informar “el estado del trámite de los comedores que se encuentran en etapa de preparación de documentación, previa a la suscripción de los convenios, si los mismos fueron relevados en existencia y la población que participa en aquellos”.
- Informar “la cantidad de personas alcanzadas por las políticas públicas descriptas” en las respuestas ya brindadas y “habida cuenta de las políticas públicas desarrolladas en 2024, respecto de esta temática, con las modificaciones y ampliaciones de las personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar, cuántas personas estarían alcanzadas con la instrumentación de los planes descriptos en las presentaciones mencionadas”. También se solicitó “informar la población alcanzada por la distribución de esa mercadería”.
El magistrado también le solicitó a la cartera de Pettovello “qué relación tienen los comedores con el convenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vigente” y que se informe “la cantidad de personas que usufructúan los beneficios de tal convenio, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.
En diálogo con este medio, desde Capital Humano aseguraron que se cumpliría con la “manda judicial” y que “será otra oportunidad para demostrar la asistencia a los sectores más vulnerables que realiza el Gobierno de Javier Milei de manera eficiente y sin la intervención de los gerentes de la pobreza”. Desde la UTEP, en cambio, advirtieron “que hasta ahora Pettovello no presentó ningún plan serio de distribución de alimentos y si no lo hace algún juez la va a terminar imputando por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
