Por orden del juez Sebastián Casanello, la Justicia avanzó en un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Capital Humano, como parte de la investigación que apunta a dilucidar los motivos de la retención de 6 mil toneladas de alimentos que el Estado adquirió y se encontraban guardados en galpones.
La medida se realiza este jueves 29 de agosto en las dependencias de la cartera que conduce la ministra Sandra Petovello. Tiene como fin secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega de los productos señalados. El juzgado aún no ha informado los resultados del allanamiento.
La causa se inició por una denuncia penal que Juan Grabois presentó contra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios.
El expediente avanzó a partir de una medida cautelar que cuenta con el aval de ocho jueces federales de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación pero que el Ministerio de Capital Humano ha elevado a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de queja.
El litigio comenzó a partir de la denuncia que realizaron distintas organizaciones sociales y que Grabois materializó en una presentación judicial. La queja obedecía al freno en la entrega de productos por parte de la gestión del presidente Javier Milei, en el área que conduce Petovello. Allí se produjo un entredicho que se replica hasta hoy: mientras el gobierno sostiene que existían “comedores fantasma”, esto es, sitios en donde se destinaban recursos en concepto de ayuda social que en realidad no cumplían ese fin o directamente no existían.
Las organizaciones, por su parte, sostienen que el gobierno desabasteció completamente la red asistencial que se construyó durante la última década en barrios donde las personas tienen ingresos bajos o nulos.
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