En las últimas horas, la “Causa Guardapolvos” tuvo novedades. El juez federal Julián Ercolini ordenó recaratular el expediente número 1268/2024, en el que se investigan los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y asociación ilícita”, e incorporar como principal sospechosa a la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. La medida se decidió semanas después de una serie de allanamientos a cooperativas acusadas de cobrar más de $5.000 millones por guardapolvos escolares para niños y niñas de sectores vulnerables que no habrían sido entregados.
La causa, impulsada por el fiscal Carlos Rívolo, se inició tras una denuncia de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Según una auditoría interna, 33 cooperativas fueron contratadas durante la gestión de la actual diputada nacional de Unión por la Patria para confeccionar un millón y medio de prendas. Ercolini investiga si, como sostienen los funcionarios de La Libertad Avanza, se entregó menos de la mitad de lo previsto y se cobró el 80% del dinero, tal como se indica en la presentación realizada por la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni y el director general de Asuntos Jurídicos Ariel Romano.
La causa “Guardapolvos” avanza con firmeza, con la producción de pruebas y medidas ordenadas por el magistrado. La investigación aborda la contratación de cooperativas durante la gestión de Tolosa Paz al frente de la ex cartera de Desarrollo Social “para la confección de 1.500.000 guardapolvos destinados a menores en situación de vulnerabilidad”. En el expediente se alega que estos delitos habrían sido cometidos por funcionarios de la entonces Secretaría de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social bajo la administración de Alberto Fernández.
Desde el 14 de agosto, peritos analizan la documentación y dispositivos electrónicos secuestrados en las 33 cooperativas contratadas por la ex cartera de Desarrollo Social y en domicilios vinculados. Ese día también se realizaron inspecciones oculares y se tomaron medidas planimétricas de los talleres de costura; entre otras diligencias, se contabilizaron las máquinas. ¿La razón? Se sospecha de “la incapacidad de las cooperativas contratadas para cumplir con el trabajo financiado con fondos públicos”.
Según la interpretación de los abogados con acceso al expediente 1268/2024, “la incorporación del nombre de Tolosa Paz en la carátula podría significar que el juez esté evaluando convocar a la ex ministra a una declaración indagatoria”. El magistrado no hizo trascender esa posibilidad, al menos por ahora, como tampoco los resultados de las pericias.
Las fuentes con acceso a la causa, consultadas por Infobae, admitieron que la investigación avanzó en las últimas semanas y que hubo “mucha prueba recolectada”, principalmente sobre la incapacidad de las cooperativas de trabajo contratadas para realizar la confección del millón y medio de guardapolvos. La investigación apunta a una serie de convenios firmados por Tolosa Paz y Leonardo Moyano, ex secretario de Articulación de Política Social, con esta treintena de entidades. El presupuesto para la confección de esas prendas fue de 6.866 millones de pesos. Las cooperativas cobraron 5.307 millones de pesos y restaban cobrar 1.404 millones de pesos.
Según la documentación oficial aportada por Gianni y Romano al juzgado de Ercolini, de las 1.595.000 unidades que se debían entregar, ingresaron a los depósitos de Desarrollo Social 760.249 guardapolvos. Los otros 834.751 nunca fueron entregados.
En la denuncia de Capital Humano se sostiene que la ex funcionaria de Alberto Fernández habría cometido “irregularidades manifiestas” en los convenios que firmó con Moyano y que ambos “no podían desconocer y/o ser ajenos” a estas maniobras.
En la presentación judicial ordenada por Pettovello después de la auditoría, se describe pormenorizadamente cada uno de los convenios firmados con las cooperativas de trabajo. De ese total, sobresalen cinco que recibieron entre 600 y 700 millones de pesos cada una, cobraron por adelantado el dinero, pero no entregaron todas las prendas que debían. Entre ellas se encuentran Los Pitufos y 15 de Julio, de Quilmes, partido de la intendenta camporista Mayra Mendoza; Mariscal Francisco Solano López y Kbrones, de La Matanza, municipio del peronista Fernando Espinoza; y Manos, de Berisso, otra intendencia del PJ, entre otras.
Entre los argumentos de la denuncia, el Ministerio de Capital Humano advirtió que se llevó a cabo “una simulación fraudulenta, donde cada cooperativa se presentaba ‘espontáneamente’ sin ser convocada previamente por el Estado, peticionando un subsidio que en ninguno de los supuestos ha sido cuestionado por el órgano estatal, verificándose que la redacción de tales solicitudes era idéntica entre sí”.
Finalmente, “se advierte que las cooperativas analizadas no poseían las maquinarias, materias primas, ni capital humano para poder confeccionar tamaña cantidad” de prendas escolares, “sin perjuicio de lo cual se comprometieron a hacerlo a sabiendas de que jamás entregarían la totalidad de lo convenido, en claro perjuicio contra la administración pública”.
