El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo decidieron tomar medidas ante la denuncia que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello realizaron en mayo contra la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por la compra de 12 mil toneladas de yerba mate para distribuir entre la población más vulnerable.
Además de las presuntas irregularidades en el proceso administrativo, y el precio pagado por el Estado Nacional, $18.224.700.000, el gobierno de La Libertad Avanza cuestionó que la mercadería adquirida, marca “El Buen Ojo” y “Sierra del Imán”, entre otras, no habría sido sometida a los “controles sanitarios mínimos” y que por lo tanto podría estar por fuera “de los parámetros establecidos por las normas IRAM”. En concreto, lo que se pidió investigar es la posible existencia de “contaminantes peligrosos para el consumo humano”.
El Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) había denunciado que partidas anteriores tenían indicios de “mala calidad de la yerba” y
Según el escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py, por la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, y el Director General de Asuntos Jurídicos de la misma cartera, Ariel Romano la yerba mate con palo adquirida el 7 de noviembre de 2023 (treinta y tres días antes de dejar el poder) sería “problemática para el consumo humano”. Por esa razón acusaron a Tolosa Paz y a los funcionarios que intervinieron en la licitación se los acusó de “suministro de sustancias peligrosas para la salud”.
No obstante ello, en las últimas horas, desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de manera interina por el juez Lijo, se envió un requerimiento para que las autoridades de Capital Humano aporten toda la documentación sobre este tema:
-”Los antecedentes que motivaron la materialización de auditorías con relación a las firmas Compañía Comercial Mayorista SRL, Kleñuk Hermanos SRL, de Ignacio Kleñuk y Don Lucas, de Hugo Oscar Holowaty, productoras de la yerba mate marca ‘El Buen Ojo’ y ‘Sierras del Imán’ y adjudicatarias de la licitación Nº 95-0058- LPU23 llevada a cabo por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación mediante expediente EX2023-41659606-APN-DCY#MDS, debiéndose indicar las personas que participaron de ese proceso y/o detectaron la mala calidad de esos productos”.
-También se solicitó que el Ministerio de Pettovello “informe si se efectuaron auditorías respecto del resto de las empresas ofertantes en la referida licitación.
-Que se indique cuáles son los organismos nacionales habilitados en el proceso de control de calidad del producto yerba mate.
-También que “remita los datos de la causa y Tribunal donde recayera la denuncia que conforme surge del escrito que diera inicio a las presentes, habría formulado la Subsecretaria Legal de ese Ministerio contra la firma “Proveeduría Integral MC SRL por otra licitación direccionada”.
El juzgado de Ariel Lijo también hizo lugar al pedido del fiscal Pollicita para que “se requiérase mediante oficio, a la División de Calidad de Alimentos, Agua y Laboratorio de la Dirección de Saneamiento Ambiental de Posadas, Provincia de Misiones” para el organismo aporte al expediente “todos los antecedentes correspondientes a los controles que se hubieren materializado sobre el producto yerba mate elaborado” adquiridos por el Estado Nacional y sobre los cuales no se habrían realizado los controles que se exigen antes de aprobarse la compra, en este caso, de alimentos.
También se solicitaron “todas las constancias vinculada a la inscripción en el Registro Nacional de Producto Alimenticio RNPA 14-021334 correspondientes” a la marca favorecidas con la multimillonaria compra del entonces gobierno de Alberto Fernández.
La fiscalía y el juzgado también quieren saber si las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA) realizaron controles sobre las partidas de yerba mate con palo adquiridas durante la gestión de Tolosa Paz.
Los dos últimos requerimientos fueron para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate “informe si se han efectuado denuncias previas por irregularidades que se hubieren advertido en el control de calidad del alimento yerba mate respecto de las firmas denunciadas en autos y en tal caso, aporten todos los datos pertinentes”. Y que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) realice un peritaje de su especialidad sobre la misma tendiente a determinar si es apta para el consumo humano según los parámetros establecidos por la reglamentación aplicable”.
Según el informe presentado en Comodoro Py por Gianni y Romano, y publicado por Infobae de manera exclusiva las partidas de yerba mate elaborada con palo destinada a los sectores más vulnerables de la sociedad “no habían sido certificados por el Instituto Nacional de Yerba Mate, dado que la licitación y los informes realizados por la autoridad competente eludieron los mínimos controles de salubridad, con la finalidad de direccionar la licitación en favor de la Compañía Comercial Mayorista SRL, y los señores Ignacio Kleñuk y Hugo Holowaty”. Esas presuntas irregularidades fueron detectados en “la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23″.
Un año antes, cuando se hizo público que las dos empresas misioneras de Ignacio Kleñuk y Hugo Oscar Holowaty -junto a otras tres sociedades- habían ganado la Licitación Pública N° 95-0072-LPU21, para “atender a la población en situación de vulnerabilidad, solicitada por la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, que dependía de Desarrollo Social, los funcionarios del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) advirtieron que “la mercadería mostraba signos de estar adulterada”.
Desde Capital Humano reconocieron ante este medio que en los dos depósitos que tiene esa cartera, en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires y Tafí Viejo, en Tucumán, aún hay más de tres toneladas de la yerba adquirida por Tolosa Paz sin distribuir. “No la vamos a repartir antes de saber si es apta para el consumo humano”, sostienen los funcionarios de Pettovello. Según las autoridades de La Libertad Avanza, y tal como informó este medio, se tomaron muestras de esos 3.036.685 kilos son de yerba mate, y que enviaron a analizar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)”, de allí surge que “las muestras suministradas cumplirían con los parámetros establecidos (SIC)”, es decir que sería apta para el consumo humano.
No obstante, la autoridades, y tal como lo solicitó el mismo juez Lijo, se enviará un nuevo muestreo, posiblemente al laboratorio del Instituto Nacional de Yerba de Misiones, porque un estudio anterior del mismo SENASA, había arrojada un resultado diferente. Es decir que “la yerba no era apta para consumo humano porque tenía impurezas, y malezas en vez de hojas y palos de yerba mate”. El hecho generó desconfianza ante las autoridades, razón por la cual se busca un “desempate”. Esta vez, advirtieron desde la cartera de Pettovello, “designaremos un perito oficial y si el resultado es positivo la vamos a distribuir, sino la vamos a descartar e informar a los juzgados que corresponda, finalizaron.
Un año antes, y sobre otras partidas, los funcionarios del Instituto Nacional de Yerba Mate de Misiones habían alertado que detectaron “sustancias extrañas” en una licitación llevada a cabo por la ex cartera de Desarrollo Social en 2022. “Enviamos los paquetes a analizar. Queremos que se analice palo, sustancias extrañas, contaminantes, todo tipo de componentes que tenga ese paquete. Es yerba que el Estado compraba para los más humildes. Esto es un alimento, no podemos darles esta basura”, dijo en aquella oportunidad Marcelo Hacklander, uno de los responsables del Instituto Nacional de Yerba Mate.
En esa oportunidad, desde ese instituto se le aconsejó a las autoridades nacionales “analizar toda la mercadería antes de distribuirla para su consumo”. Por su parte, Cristian Klingbeil, ahora ex presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) aseguró a la publicación Bichos de Campo: “Nosotros denunciamos que la yerba comprada (por Desarrollo Social) era de mala calidad. Se mezclaba té, yuyo y un poquitito de yerba. Es más, tuve la oportunidad de ver uno de esos paquetes de mercadería, porque a uno de nuestros obreros se la dieron, y había que tener coraje para tomar eso. Nosotros que estamos en la actividad enseguida nos damos cuenta de que hay cosas raras”.
Esa fue una de las razones por las cuales las autoridades de La Libertad Avanza realizaron la denuncia penal y acusaron a los ex funcionarios de “incumplimiento en los deberes de funcionario público”, “suministro de sustancias peligrosas para la salud” y “administración fraudulenta y abuso de autoridad”.
