La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le exigió este jueves al gobierno de Jorge Macri que tome “medidas urgentes” y asigne las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y “un trato digno a las personas en situación de calle”.
En un contexto marcado por la crisis social y económica del país, el organismo de control porteño consideró que las medidas de asistencia establecidas por el gobierno son “insuficientes”. Desde fines de mayo hasta la primera semana de julio, se registraron al menos seis personas fallecidas en situación de “vulnerabilidad y desamparo” en la ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a esta situación, la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, firmó una resolución que reclama al Gobierno porteño que “arbitre los medios necesarios a efectos de disponer –con carácter de urgente– dispositivos de alojamiento transitorio de emergencia destinados exclusivamente a personas en situación de calle y/o vulnerabilidad habitacional”.
Además, el organismo informó que en los últimos meses recibieron denuncias, con registro fotográfico y de video, donde funcionarios del Ministerio de Espacio Público y de la Policía de la Ciudad expulsaron violentamente de la vía pública a personas en situación de calle. La titular del organismo requirió a los Ministros de Seguridad y de Espacio Público e Higiene Urbana que “hagan cesar cualquier accionar violento contra las personas en hipervulnerabilidad social”.
“Llama la atención que ante el inicio de un nuevo periodo invernal no se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar la disposición de lugares excepcionales que cumplan la función de alojamiento de emergencia para la población en situación de calle, como se hiciera en años anteriores”, subraya el tramite iniciado de oficio por la institución.
Cabe destacar que la Constitución de la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Asimismo, la Ley 3.706 sancionada por la Legislatura porteña establece que es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar acciones tendientes a proteger los derechos y el acceso igualitario a las oportunidades de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo.
A mediados del mes de mayo, el gobierno porteño relanzó su programa de asistencia a personas en situación de calle. Fue luego de la publicación que hizo Jorge Macri en su perfil de Instagram, donde difundió operativo de “orden y limpieza” (sic) en el que se mostraban imágenes de cómo se reubicaba a una persona en situación de calle, sin explicitar su destino tras la intervención en la vía pública, y se limpiaba el lugar en el que había permanecido. Con dos fotos, el jefe comunal mostraba el “Antes” y “Después” de ese operativo.
A través de la Red de Atención, la Ciudad puso a disposición 47 Centros de Inclusión Social (CIS), habitualmente llamados “paradores”, que disponen de 3.300 plazas y que ya alojan a 2.684 personas, según cifras del Gobierno porteño. El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, aseguró: “Estamos preparando el parador 48, que sumará otras 180 plazas a nuestro sistema”. Según el censo que llevó a cabo la Ciudad en abril, que contabiliza oficialmente a las personas que pasan la noche en la calle, el total es de 3.560, una cifra históricamente discutida por organizaciones sociales, que aseguran que ese número es mayor.
La gran diferencia con el funcionamiento del BAP, que ya no está en vigencia, es que esos paradores estarán segmentados según el tipo de población que los habite. “En los últimos años la realidad en la calle cambió y entonces las políticas tienen que ser nuevas. Hay otros índices de agresividad y de violencia, que no sólo se circunscriben a las personas en situación de calle y que no se da, desde ya, en todas las personas en situación de calle, pero que sí son visibles en una ciudad como Buenos Aires”, describió Jorge Macri.
