No le gustó nada a Perón cuando el diario oficialista La Epoca lanzó una encuesta en la que preguntaba a los lectores si deseaban que fuese reelegido. Su director, Eduardo Colom, un escribano nacido en Tucumán que era diputado por la Capital Federal, ya había presentado un proyecto de reforma el 13 de mayo de 1947 que incorporaba los derechos ciudadanos y del trabajador, daba representación a los territorios nacionales, eliminaba los colegios electorales por la elección directa y habilitaba la reelección presidencial.
El presidente le ordenó dejar las cosas como estaban, le dijo que venía trabajando desde 1943, que estaba cansado y que, en definitiva, no era el momento. Colom le respondió que no había que esperar y mencionó el ejemplo de Hipólito Yrigoyen: cuando asumió el segundo período, ya era un anciano.
Muchos sospechaban que detrás de los rumores de reforma que había en el ambiente el presidente perseguía un solo interés: su reelección. El artículo 77 de la Constitución de 1853 establecía un período de seis años para el presidente y el vice y no podían ser reelectos sino que debían dejar pasar un período.
En 1952 Perón terminaba su mandato y sus partidarios consideraban que ningún otro podía continuar su obra de gobierno.
Cuando el 3 de mayo de 1948 Colom volvió a la carga con su proyecto con más agregados, Perón evaluó que ahora sí era el momento de iniciar la movida. A esa altura, ya había logrado el voto femenino, en Tucumán había declarado en 1947 la independencia económica, también había establecido los derechos del trabajador, tenía amplia mayoría en el Congreso y controlaba casi todos los gobiernos provinciales.
Perón sostenía que la Constitución de 1853 era muy valiosa, pero había sido redactada casi cien años atrás, el país había cambiado y se necesitaba una acorde a los tiempos en que se vivían.
El 13 de agosto Diputados puso sobre el tapete la necesidad de reforma y el ministro del interior Angel Borlenghi asistió para defender la iniciativa, aprobada al día siguiente, en medio de una discusión con la oposición, que argumentaba que cualquier proyecto en ese sentido necesitaba de los votos de las dos terceras partes del congreso, y no de los legisladores presentes, como en verdad ocurrió.
Esa mala interpretación de los dos tercios fue el argumento de los militares que derrocaron a Perón para invalidarla.
La cámara alta -donde todos los senadores eran oficialistas- la transformó en la ley 13233. En su artículo primero establecía la necesidad de revisión y reforma de la Constitución, “a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación”. No se especificaba cuáles artículos serían reformados, lo que abría la puerta a lo desconocido.
Sí tenían en claro que los principios de libertad, justicia y solidaridad que pregonaba el movimiento peronista trascendieran en la historia y quedasen plasmados para siempre en la Carta Magna.
Para las elecciones de convencionales el radicalismo decidió concurrir, luego de un arduo debate entre unionistas e intransigentes, pero acordaron no avalar ninguna reforma; el comunismo dijo que había que votar porque que el oficialismo pretendía instaurar el nazismo en la carta magna; el socialismo llamó a hacerlo en blanco y los partidos Demócrata y Demócrata Progresista anunciaron que no participarían.
El 5 de diciembre se eligieron 158 convencionales y además se votaron los gobernadores de Mendoza, Córdoba y Corrientes, además de seis diputados y un senador nacional por la Capital Federal, donde Arturo Frondizi perdió con Alberto Teisaire, quien retuvo su banca.
El oficialismo obtuvo el 61% de los votos, contra el 26% del radicalismo. Como los comunistas arañaron el 3% y los conservadores reunieron menos del uno por ciento, la convención constituyente quedó conformada por 110 peronistas y 48 radicales.
Fue en la residencia de Olivos el 11 y el 17 de enero de 1949 cuando Perón expuso, ante los convencionales constituyentes, los lineamientos que, a su criterio, debía tener la nueva constitución. Quería instalar el concepto de Democracia Social. En ese momento, los convencionales oficialistas se enteraron del proyecto que debían defender.
El presidente sostuvo que había sido el partido que había insistido en la necesidad de la reelección. Admitió que en un primer momento estuvo renuente a aceptarla, pero se convenció cuando entendió que el pueblo debía poder elegir sin ninguna limitación.
La verdad es que desconcertaba a propios y extraños. En el mensaje a la asamblea legislativa de 1948 había sostenido, en medio de aplausos, que la reforma era necesario pero que era contrario a modificar el artículo 77 que impedía la reelección, “y creo que la prescripción existente es una de las más sabias y prudentes de cuantas establece nuestra Carta Magna”, que en los países que se había aplicado era “escuela de fraude y de incitación a la violencia”. Aseguró que la reelección sería un enorme peligro para el futuro político de la República “y una amenaza de grandes males que tratamos de eliminar desde que actuamos en la función pública”, tal como se lee en la página 17 del diario de sesiones de diputados de ese año.
De todas formas, confesó que gobernar lo sometía a un profundo desgaste, que en el partido había gente muy capacitada que bien podía tomar la posta. A pesar de que faltaban tres años para los comicios presidenciales, eso hizo volar la imaginación de partidarios del gobernador bonaerense Domingo Mercante, a quien veían como el sucesor natural de Perón y otros, aún más audaces, soñaban con una candidatura de Eva Perón.
El 24 de enero de 1949 fue la sesión preparatoria, el 27 el presidente inauguró las sesiones, a pesar de las protestas de los convencionales radicales, que argumentaron que Urquiza no había hablado en 1853. Se usó el recinto de diputados para sesionar, y el presidente del cuerpo era Mercante, el convencional que más votos había sacado.
Perón le había encargado al secretario de Asuntos Técnicos José Figuerola, un proyecto que no terminó de convencerlo aunque se tomaron conceptos para la versión final. La voz cantante oficialista fue responsabilidad del constitucionalista Arturo Sampay, un verdadero erudito del tema, redactor de las reformas; el juez Felipe Pérez, miembro de la Corte Suprema de Justicia y el senador Pablo Ramella. Sobre Sampay, un dirigente de pasado nacionalista y de simpatías radicales, Perón describiría sus discursos como “una fidelísima interpretación de los ideales que nos decidieron cambiar la ley fundamental de la Nación”.
De la vereda de enfrente había juristas como Amílcar Mercader, Anselmo Marini, aunque el vocero más calificado fue Moisés Lebensohn, un dirigente bonaerense de una increíble formación. Fue el arquitecto de la relación con el bloque oficialista y construyó un vínculo de confianza y respeto con Mercante. Además, tenía a su favor la antigua amistad con la esposa del presidente. Oriundo de Junín, conocía a Eva, a quien llamaba “negra” y ella, si bien en público le decía “doctor”, aludía a él como “el rusito”, a quien en su momento había tentado a que se pasase al peronismo.
La convención funcionó desde el 1 de febrero de 1949 y el proyecto lo presentó Cámpora. El miembro informante fue Sampay.
Operativo clamor
Entonces, lo único cierto para el oficialismo era la incertidumbre: no sabían qué hacer con el bendito artículo que abría la reelección. En una reunión con Perón, éste les dijo que dejaría las cosas como estaban, e interpretaron que el presidente estaba contra la iniciativa, a tal punto que el oficialismo la bajó. Lo que los peronistas no entendieron que lo que estaba pidiendo era un operativo clamor, que lo pusiera contra las cuerdas para no tener más remedio que aceptar la cláusula.
Eso lo percibió Eva esa misma noche, en la que -según relataría Colom años después- Perón no podía dormir por esa cuestión. Fue ella quien llamó a mitad de la noche para que la famosa cláusula de la reelección fuese incluida. Al día siguiente se conoció una declaración de la CGT de que ese era el deseo de toda la clase trabajadora y los diarios debieron desdecirse con la información que habían publicado el día anterior.
El 8 de marzo se presentó el proyecto redactado por la comisión revisora y se aprobó tratarlo sobre tablas, en contra de la idea del radicalismo de que antes pasase por el bloque y luego por la comisión. Sampay fue la voz cantante de la defensa del proyecto y Lebensohn el encargado de refutarlo (había preparado dos discursos, uno muy violento y otro más amistoso). Luego de denunciar que la reforma se hacía de acuerdo a las necesidades del presidente, anunció que los radicales se retiraban del debate, al que consideraban una farsa, todo en medio de un infernal griterío e insultos. “Volveremos, volveremos a dictar la constitución de los argentinos”, cantaban los radicales.
El 9 se aprobó en general y luego de discutirlo en particular, el 11 Mercante anunció que quedaban aprobadas las reformas. Hubo un intento de Perón de que se diera marcha atrás con el artículo 40, que establecía una fuerte defensa sobre los servicios públicos y los yacimientos de petróleo, gas y carbón.
En el preámbulo se incluyó el slogan peronista de “una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”; se establecieron los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura; el presidente y el vice se elegirían en elección directa; los servicios públicos eran del Estado y no podían ser concedidos a explotación. Se elevaban a 20 el número de ministerios y se prorrogaban los mandatos de los legisladores hasta el 30 de abril de 1952. Los radicales no aceptaron esto y los que vencían sus mandatos en 1950, no aceptaron quedarse.
Curiosamente, en el nuevo texto no se mencionaba el derecho a huelga, ya que se lo consideraba un derecho natural. Estaría mencionado en el artículo 14 bis en la reforma de 1957.
Todos los funcionarios públicos debían jurarla antes de asumir y la carta magna autorizaba a las legislaturas provinciales a reformar sus constituciones. La nueva constitución fue sancionada el 11 de marzo y en la última sesión del 16 Perón fue invitado a ser el primero en jurarla y luego lo hizo el gabinete y el Congreso.
Las elecciones presidenciales fueron el 11 de noviembre de 1951, la primera en la que votarían las mujeres. Perón logró renovar, con el 63% de los votos contra el 32% del radicalismo.
Derrocado Perón el 16 de septiembre de 1955, la carta magna fue derogada el 1 de mayo de 1956 y nuevamente se volvería a la reformada, maltratada e ignorada de 1853.
