El gobernador bonaerense Axel Kicillof giró en las últimas horas 129 pliegos al Senado para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de superar la vacancia de cargos judiciales que impera en la provincia de Buenos Aires. Los nombres ahora deberán tener el visto bueno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos e indefectiblemente deberá llegar a un entendimiento con la oposición. En paralelo, el peronismo buscará avanzar con el proyecto de ley que actualiza las indemnizaciones por despidos y llevarlo al mismo cálculo que rige en la Ciudad. Una iniciativa que en el ámbito bonaerense generó una controversia con distintas entidades empresariales y de Pymes, que alertaron que la iniciativa podría poner en riesgo al sector.
En mayo de este año, el Senado bonaerense prestó acuerdo para designar 46 cargos judiciales; en lo que fue la primera avanzada en este sentido desde que Juan Martín Mena es ministro de Justicia. Su llegada al gabinete de Kicillof, en diciembre de este año en reemplazo de Julio Alak, tuvo como objetivo acelerar el envío de ternas a través del Consejo de la Magistratura, para que sea Kicillof quien decida las postulaciones y trabajar en acuerdos con la oposición. La máxima negociación aún no avanzada que tiene por delante Mena son las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Actualmente, el máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires funciona con tres integrantes de un total de siete. Por ahora este tema no es prioridad del Ejecutivo.
Los pliegos que giró Kicillof para ocupar vacantes judiciales irán a debate a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que preside el camporista Emmanuel González Santalla. Allí, se harán las entrevistas a cada postulante y luego se votará pliego por pliego. Unión por la Patria tiene ocho sillas, mientras que el resto de los bloques opositores reúne siete votos. En la última sesión que se votaron jueces, hubo algunos cortocircuitos cuando el senador Sergio Berni -que integra la comisión de ACA, por Unión por la Patria- planteó antes de la votación que el dictamen de la comisión figuraba como unanimidad, pero no tenía su firma, pues él no había acompañado y que esa condición podría luego poner en riesgo la validación de la votación que estaba por suceder. Negociadores del peronismo descuentan que esta vez no sucederá algo similar
Indemnizaciones, en el foco político
Otro proyecto que en la Cámara alta provincial se debate y genera cierta atención es la iniciativa que actualiza las indemnizaciones por despidos. La iniciativa ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley que fue impulsado por las diputadas kirchneristas Maite Alvado y Soledad Alonso y modifica el artículo 48 de de la Ley 11.653, que tiene que ver con las liquidaciones dispuestas en juicios laborales. El cambio que propusieron las legisladoras es que “el monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”.
Como viene dando cuenta este medio, el proyecto puso en alerta a los sectores empresariales y las Pymes. Interpretan que un cambio de esta magnitud pone en riesgo el funcionamiento de sus empresas si se embarcan en un juicio laboral ante un despido, fomentando la llamada industria del juicio.
Consultada por Infobae, la diputada Maite Alvado -autora de la iniciativa- planteó que “es momento de centrar la discusión en un punto clave y es justamente el punto que intentamos focalizar, que en definitiva se trata de equiparar las indemnizaciones con los que sucede en la Ciudad”. La fórmula propuesta de actualización es la que estableció la Justicia laboral porteña en 2002 y es lo que el peronismo busca replicar en el ámbito bonaerense.
“Hace 22 años funciona pacíficamente esta tasa en la Capital y no hay un quiebre masivo de Pymes por juicios laborales. En el 2002 se comienza aplicar la tasa activa y la Provincia nunca lo hizo. Lo que buscamos es equiparar los derechos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires con los de la Ciudad, nada más”, agregó para sintetizar que “hoy los trabajadores que son despedidos están bajo una situación de total desigualdad con respecto a los trabajadores de la Ciudad”.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja y ya tiene dictamen de la comisión de Trabajo del Senado. Resta seguir su recorrido por la comisión de Legislación General y finalmente por Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En las tres comisiones tiene mayoría el oficialismo.
Hay además -según pudo saber Infobae- una intención y decisión política del bloque de UP en el Senado de avanzar con la iniciativa. Si lleva el texto al recinto con los dictámenes necesarios y el expediente entra en el orden del día de una futura sesión, el oficialismo necesitaría tres aliados para obtener la mitad más uno, siempre y cuando están todos los senadores del cuerpo presentes al momento de la votación. Si hay ausentes, la balanza se inclinaría hacia el peronismo.
En principio, la oposición rechaza la iniciativa. Esa postura le trasladó a las diferentes cámaras de Pymes en distintos encuentros. En el sector empresarial, apelan a que si la ley se aprueba sea el gobernador Axel Kicillof o bien la Justicia la que deje la iniciativa en stand by. En una ronda de consultas a distintas terminales del Poder Ejecutivo provincial, la posición coincidente es de distanciamiento alegando que se trata de un proyecto impulsado por el poder legislativo y que no corresponde intervenir sobre otro poder del Estado.
En el kirchnerismo son conscientes de la incomodidad que parece rodear al Ejecutivo provincial con este tema. “No por eso vamos a dejar de impulsar leyes”, contestan.
