A más de cien días de la presidencia de Javier Milei, la relación entre el Jefe de Estado y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no cambia. El mandatario bonaerense sigue reclamando los fondos recortados por el gobierno nacional y el Presidente lo posiciona como uno de sus adversarios políticos fronteras adentro. A la par, los intendentes empiezan a mirar a La Plata en este nuevo tiempo político por deudas y demandas de recursos.
En cada actividad pública -y en privado- Kicillof repite el mismo posicionamiento: la Provincia se está haciendo cargo de responsabilidades que hasta diciembre del año pasado corrían por parte del gobierno nacional. Son muchos los asuntos de agenda. El Fondo de Incentivo Docente (FONID), por ejemplo, fue un campo de disputa con la Nación, tras la decisión de la administración central de dar de baja el fondo que regía desde hacía más de veinte años y que entre sus objetivos tenía darle más peso al salario de los docentes, con mayor impacto en los salarios iniciales. En el mes de enero y febrero, ese recorte fue cubierto por la Provincia. Ante la consulta de Infobae, desde el entorno de Kicillof, plantearon que ya para el mes de marzo y los venideros no se afrontará.
“Nosotros vamos a seguir trabajando para sostener la economía. Vamos de chicana en chicana y no pueden mantener un argumento. Hemos cubierto pagos que tenía que hacer el Gobierno, que no los hizo y tuvimos que salir a cubrirlos nosotros”, planteó días atrás el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en declaraciones a Radio Splendid.
La lista por el recorte de fondos sigue. Buenos Aires, por ejemplo, llevó a la Corte Suprema el reclamo por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), que la administración de Javier Milei también definió eliminar. Se trata de un fondo que había sido creado en 2020 para compensar el desfase que tiene Buenos Aires en materia de coparticipación federal. Aporta cerca del 40% de recaudación de impuestos coparticipables y recibe el 22%.
No hay mayores señales de que la dinámica política y de gestión vayan a ser distintas tras los primeros tres meses de gobierno. En la apertura de sesiones, Milei lanzó la convocatoria al Pacto de Mayo y convocó a los gobernadores a Casa Rosada. “Pensar en el Pacto de Mayo hoy es ciencia ficción”, consideró Bianco; perfilado como una de las vocerías con las que cuenta el gobierno de Kicillof. “En el largo plazo estamos todos muertos, y el 25 de mayo es el largo plazo”, describió parafraseando al economista John Maynard Keynes, para incordio del presidente.
Sin embargo, más allá de que sostendrá su reclamo por el recorte de fondos, con el objetivo de sumar gobernadores en la imposición de la agenda; provincia adentro algunos intendentes empiezan a enviar señales a la gobernación bonaerense por demandas de gestión provincial.
Esta semana, los jefes comunales de la Unión Cívica Radical que se nuclean en el Foro de Intendentes de la UCR tuvieron su encuentro mensual. En la reunión que se llevó adelante en el distrito de Adolfo González Chaves, se resolvió pedir una audiencia con Kicillof.
Son varios los temas que los intendentes del partido centenario buscan poner sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión sanitaria y los recursos que ponen los municipios para sostener la atención local. Plantearon el complejo panorama que viven los efectores de salud municipales “que se ven duramente afectados por el incremento de los valores de los insumos y medicamentos, en algunos casos llegando a más de 2600% de aumento interanual”. La cuestión es que la mayoría de los distritos del interior cuentan con hospitales municipales que articulan con la Provincia y ante el incremento de los insumos, los recursos para la atención se vuelven finitos.
Además, los intendentes también alertaron sobre la paralización de la obra pública en el orden nacional y provincial. A través de un comunicado dieron cuenta de “la incertidumbre frente a su continuidad-de las obras- tras la decisión de no enviar los fondos correspondientes para sus ejecuciones”. El gobierno bonaerense estima en alrededor de 900 las obras de la Nación, paralizadas en Buenos Aires. “Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias”, había dicho Milei ante empresarios desde el Foro Económico Internacional de las Américas.
El pedido de una audiencia a Kicillof de parte de los intendentes radicales y las alarmas que encendieron sobre el desarrollo de las gestiones municipales se suma al posicionamiento que trazaron también esta semana un grupo de intendentes de la Quinta sección electoral -región centro y este del territorio bonaerense-.
La particularidad de este grupo es que aglutina a los intendentes más cercanos a Kicillof -como Gustavo Barrera de Villa Gesell- a jefes comunales del PRO –Juan Ibarguren, Pinamar- pasando por intendentes cuya terminal política es el Frente Renovador de Sergio Massa, como es el caso de Javier Gastón de Chascomús o Sebastián Ianantuony de General Alvarado. En esa reunión, como ocurrió con los intendentes de la UCR, se planteó preocupación por el contexto económico y, en particular, “por las dificultades existentes en materia de salud”. Coincidieron en que las arcas de sus comunas “se ven afectadas por el gran aumento de los costos, principalmente de los medicamentos; las deudas existentes con las obras sociales y la dificultad en la obtención de recurso humano”.
La lupa de los intendentes se posa allí sobre la cobertura del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA); la obra social para trabajadores estatales y municipales de la provincia de Buenos Aires. Según el titular de IOMA, Homero Giles, a diciembre del año pasado, la deuda que se tenía con los distritos es a dos meses, mientras que en 2019 cuando arribaron a la gestión el retraso de los pagos de IOMA a los municipios era de seis meses. El tema suele colarse además al momento de la negociación política entre el Ejecutivo bonaerense y la oposición en la Legislatura bonaerense. Ocurrió por ejemplo, cuando a final del 2023 se acordaron los votos para que Kicillof tenga aprobada la Ley Fiscal 2024, la autorización a endeudamiento y la prórroga de las emergencias en distintas áreas. Ahora, el tema IOMA y capacidad de respuesta en materia de salud vuelve al ruedo.
