El presidente Javier Milei volvió a hacer referencia a que frente a la posibilidad de que el Congreso de la Nación sancione alguna norma que no vaya en línea con su plan económico hará uso de la facultad presidencial de vetarla.
En frebrero de este año el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que Milei iba a tomar ese camino en relación a un eventual intento de los gobernadores para avanzar con la inclusión del reparto entre las provincias del impuesto PAIS durante el debate en particular de la ley Bases en Diputados.
En los últimos días volvió a repetir lo mismo, pero esta vez fue el propio Presidente quien amenazó al Congreso de la Nación con tomar el mismo camino frente a tres proyectos de ley que se están debatiendo en Diputados: la vuelta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el aumento del presupuesto universitario y la actualización de las jubilaciones.
“Les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden al Congreso y que busque romper la caja y hacer volar a este país por los aires, los voy a vetar, me importa un carajo. ¿O ustedes se piensan que es fácil tratar con estos maniacos, degenerados del gasto público? Fíjense que ahora lo único que hacen es mandar iniciativas para rompernos el equilibrio fiscal”, señaló el Presidente días atrás al cerrar el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el barrio porteño de Retiro.
El veto presidencial es una facultad del Ejecutivo -que fue utilizada por todos los presidentes desde la vuelta de la democracia- pero no necesariamente significa que una ley no pueda ser aprobada.
La norma establece que el Presidente tiene la facultad de vetar total o parcialmente una ley, y si eso sucede regresa a la Cámara de origen donde será considerado primero y luego pasará nuevamente a la Cámara revisora. Si ambas insisten en su sanción, se podría ratificar el proyecto inicial.
La única restricción que aplica es que, sin importar si fue aprobada por mayoría simple -la mitad más uno-, en el proceso de revisión deberá ser ratificada en ambas Cámaras por los dos tercios de los votos, es decir, una mayoría especial.
Si el Congreso de la Nación define a través del voto de los dos tercios insistir con la norma, el Poder Ejecutivo nacional deberá aceptarla y reglamentarla en el plazo que establece la normativa vigente.
El Gobierno nacional mira con preocupación el movimiento que hicieron los bloques dialoguistas respecto al debate que se está desarrollando en Diputados por los fondos para la educación. “La idea de que votar junto al kirchnerismo tenía un costo político no estuvo presente. El tema educación es transversal a la sociedad y eso puede complicar un veto de parte de Milei. De todas formas, todavía está el PRO”, explicó un legislador del oficialismo.
Para obtener los dos tercios de la Cámara de Diputados hacen falta 177 de los 257 legisladores. El bloque de La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados, a los que se le suman 37 del PRO, 3 del bloque Independencia y otros 3 del MID, dos de Producción y Trabajo y otro número igual de Buenos Aires Libre. En total, tiene una base de 85 votos a favor sin sumar otros provinciales lo que dejaría al resto con 172 legisladores.
Desde la vuelta de la democracia el veto presidencial se utilizó 390 veces. Raúl Alfonsín lo hizo en 49 oportunidades, Carlos Menem 195, Fernando De la Rua 46, Eduardo Duhalde 37, Néstor Kirchner 38, Cristina Fernández de Kirchner 16, Mauricio Macri 8, Alberto Fernández solo una. De este total, en 39 ocasiones las normas fueron ratificadas por el Congreso de la Nación.
