Horas antes del inicio del juicio por el atentado a Cristina Kirchner, Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, compartió un análisis en sus redes sociales sobre las irregularidades en la investigación. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte son los acusados de ser autores materiales del hecho. Sin embargo, en diálogo con Infobae, el funcionario de Axel Kicillof denunció que la Justicia omitió pruebas que podrían llegar al financiamiento y el vínculo con un sector de la dirigencia política opositora de ese entonces.
“Este atentado efectivamente buscó quebrar el pacto democrático de los argentinos”, alertó Mena. Los dos principales acusados -Sabag Montiel y Uliarte- podrían enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por ser considerados coautores de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. El otro imputado es Nicolás Carrizo, el jefe de ambos y señalado como un partícipe secundario
Mena cree que el juicio que inició este miércoles el Tribunal Federal Oral 6 llegará a condenar a los responsables por lo sucedido en el atentado que sufrió Cristina Kirchner en septiembre de 2022 en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, cuando Sabag Montiel apuntó con un arma contra su cabeza. Sin embargo, expresó desconfianza con la segunda parte de la causa: “No se investigaron una cantidad de pistas de investigación que apuntaría más a ver si detrás de estos autores materiales había autores intelectuales”.
— ¿Cree que se va a poder llegar a un esclarecimiento del caso al final del juicio?
— Creemos que el juicio va llegar a a una condena absoluta y a un esclarecimiento en esta parte de la causa porque es el juicio a los autores materiales del atentado. Es lo que todos vimos por televisión esa noche en vivo. Estaban todos los medios de comunicación. Entonces tenemos un intento de atentado, una tentativa de homicidio, de magnicidio filmada en vivo por todos los canales de televisión. Sería un nivel de escándalo superior, inimaginable que no se pueda arribar a un resultado certero. El problema con esta investigación es que justamente la investigación se partió en la mitad. Se elevó este tramo a juicio con una muletilla que suele utilizar la Justicia federal de Comodoro Py para decir “esto que ya lo tengo resuelto lo elevo a juicio y seguiré investigando lo que falta”. Y la experiencia de la Justicia Federal argentina indica que lo que falta no lo terminan investigando nunca. Es muy fácil quedarse con lo que quedó filmado. Pero no se investigaron una cantidad de pistas de investigación que apuntaría más a ver si detrás de estos autores materiales había autores intelectuales.
— ¿La segunda parte de la investigación de qué trata y por qué es, para ustedes, la más importante?
— Hay un trasfondo que es que la Justicia Federal de Comodoro Py, la que está a cargo de la investigación, hizo todo lo posible por no investigarlo. La causa está plagada de irregularidades desde el día 1: el teléfono del autor material que Sabag Montiel apareció roto con la cadena de custodia violada cuando estaba en poder de la jueza federal que está a cargo de la investigación. Luego surgieron otras pistas que la jueza y el fiscal se encargaron permanentemente de boicotear y de no profundizar. Por ejemplo, un testigo empleado del Congreso escuchó antes del atentado a Gerardo Milman decir frente a dos secretarias “cuando la maten yo estaré camino a la costa”. Se pidieron las cámaras del lugar. Se comprobó que estaba el testigo, que estaba Milman con sus dos secretarias. Se comprobó que al otro día viajó a la costa y estuvo en la costa. La jueza tardó meses en secuestrar los teléfonos de Gerardo Milman. Cuando le pidió que entregue los teléfonos ya era absolutamente público, lo cual conspira absolutamente con el resultado de la prueba. Milman entregó teléfonos borrados completamente en cero incluso, entre ellos, un teléfono de un modelo que salió dos meses después del atentado. No se vendía a la fecha del atentado y por eso decíamos “ni siquiera le molesta a la jueza dejarse tomar el pelo de esta manera”.
— Y también aparece el nombre de Patricia Bullrich en la causa.
— Si. En el mes mayo del 2023, una de esas dos secretarias de Milman se presentó a declarar ante el juzgado y dijo que en noviembre la habían llevado a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich en la avenida de Marzo al 900, donde un perito informático durante cuatro horas se encargó de borrar los teléfonos de ella, de la otra secretaria y del propio Gerardo Milman en comunicación telefónica por un altavoz con un abogado de Patricia Bullrich. Eso a la jueza le pareció que no era importante investigarlo. Luego aparece la figura de Hernán Carrol, que es el líder de una pseudo agrupación política de ese momento, porque Sabag Montiel desde la cárcel se dirige a la jueza diciendo “El se tiene que hacer cargo de mí es Hernán Carroll”. Nadie sabía quién era hasta esa fecha. Cuando uno lo googlea, Hernán Carroll aparece con fotos con Patricia Bullrich y Javier Milei, aparecen fotos con dirigentes cercanos a Patricia Bullrich. Llega información a la querella de la entonces vicepresidenta de que habían compartido un viaje al exterior con el jefe de Gabinete, Gerardo Milman, con ese muchacho Hernán Carroll. La jueza ni siquiera chequeó. Tardó semanas en llamar a declarar a Carrol. Cuando le toma la declaración, a pedido de los abogados de la ex presidenta, se pide que le secuestren los teléfonos pero también habían sido borrados. La causa está plagada de teléfonos borrados, medidas de prueba que no se ejecutan porque la Justicia no las quiere producir.
— ¿Hay pistas sobre el posible financiamiento detrás del atentado?
— Esas agrupaciones que aparecen creadas meses antes del atentado a Cristina son las agrupaciones que, por ejemplo, tiraron las bolsas mortuorias en la reja de la Plaza Rosada, que tiraron antorchas de fuego contra la Casa Rosada, que apedrearon autos de ministros, diputados que llevaron una guillotina en una marcha previa previa al atentado. Esa agrupación recibió decenas de millones de pesos de financiamiento de la familia Caputo sin ningún motivo valedero para recibirlo. Todo cubierto con una supuesta operación comercial de carpintería de una persona que no era ni carpintero ni tenía una carpintería. Estaba empezando un emprendimiento en un taller de Boulogne estudiando por YouTube. La empresa Caputo hermanos informó que le compraron 300 piezas de mobiliario a una persona que no tenía experiencia.
La Justicia todavía no indagó de qué se tratan esas operaciones de financiamiento de la familia Caputo a esas agrupaciones. Esa organización Revolución Federal, no solo no se indagó todavía correctamente sobre su financiamiento por parte de la familia Caputo, sino que el líder de esa organización 15 días antes del atentado explicó cómo había que matar a Cristina Fernández de Kirchner en una reunión virtual de Twitter Spaces, donde dijo “Hay que infiltrarse entre los militantes que van y le cantan en la puerta de la casa, sacar un arma y pegarle un tiro en la cabeza”. Bueno, es exactamente lo que hizo Sabag Montiel. Esa causa sigue en etapa de investigación y no se profundiza sobre esa pista. Son múltiples pistas las que todavía tienen que ser revisadas la prueba para confirmarlas o descartarlas. Y lo que vemos es una actitud insistente por parte de la justicia de silenciar el hecho de no investigarlo y la elevación a juicio parcial de este tramo de la causa, es algo que ya es conocido, que se hace para satisfacer una respuesta y dejar de investigar el resto.
— Además de la necesidad clara de llegar al esclarecimiento de la causa, ¿Por qué es importante que se llegue a conocer la verdad?
— Si un hecho que ocurrió filmado y transmitido en vivo ante 47 millones de argentinos y argentinas, un hecho de esta categoría, con una víctima de estas características dos veces presidenta de la Nación, Vicepresidenta de la Nación en ejercicio, si no se investiga y no se avanza un ápice en profundizar esa investigación para determinar inmediatamente las responsabilidades y los culpables. ¿Qué Justicia nos queda el resto de los ciudadanos que todos los días tiene el derecho a que el Estado cuide de su vida, su derecho a vivir? Estamos hablando ni más ni menos de un atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Más allá del impacto que tiene en frente al orden democrático, al pacto democrático que todos los argentinos y argentinas hicimos hace 40 años, el efecto ejemplificador es terrible. Habla de que evidentemente hay niveles de encubrimiento y de perversión en el sistema de poder de nuestro país que no registran límites.
— ¿Cree que la dirigencia política estuvo a la altura del caso?
— Creo que la respuesta de toda la política argentina dejó mucho que desear. Obviamente, salvando siempre honrosas excepciones, creo que en términos generales tendría que haber tenido otra dimensión, porque no tengo dudas que está en juego el orden democrático. Cuando fue la marcha contra la Ley de Bases que registramos cerca de 35 argentinos detenidos y a la ministra de Seguridad de este Gobierno – cuyo entorno debe muchas explicaciones en el atentado a Cristina – hablaba de golpe de Estado y atentado contra la democracia porque había una manifestación en defensa del pueblo protestando contra una ley. Si les preocupa verdaderamente la democracia y el Estado de derecho podrían ocuparse de dar las explicaciones que faltan en este atentado que efectivamente buscó quebrar el pacto democrático de los argentinos, queriendo matar ni más ni menos que a la dirigente política y entonces vicepresidenta en ejercicio de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La doble vara es insostenible.
