En política nada es gratis. Y algo más importante: nadie olvida nada. Sobre todo si se trata de intereses y de favores. Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación con un respaldo decisivo del PRO, encarnado en las figuras de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ese apoyo se presentó a la sociedad como un acuerdo incondicional. Son expresiones de campaña, que se dejan de lado cuando terminan las elecciones y emergen las discusiones de poder. El Presidente empieza a sentir ese shock de realidad política a medida que avanzan las negociaciones en torno a la Ley Ómnibus. Incluso el PRO, acaso el mayor aliado de La Libertad Avanza, le empezó a marcar la cancha a la gestión libertaria. Este jueves se conoció otro capítulo que da cuenta de esa táctica.
Los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) apoyan la mayoría de la mega reforma de 664 artículos, pero hay condiciones (y muchas). La Casa Rosada se muestra inflexible a ceder. Especialmente en el capítulo fiscal. Los mandatarios de la oposición “dialoguista” -a los que Milei los llamaría “la casta”- empiezan a aumentar una especie de operativo presión para forzar modificaciones en el proyecto que se discute en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Es en este contexto político en el que Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ejecuta una jugada medida y que no ignora la coyuntura. Pidió al bloque de diputados del PRO que emita un proyecto de resolución para solicitar a Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le pague lo que le corresponde a los porteños en concepto de coparticipación.
Es un reclamo que denota el malestar de los 10 gobernadores de la UCR y el PRO con el Gobierno. Las provincias consideran que no hay interlocutores válidos de la Nación para avanzar en una mesa de diálogo con las modificaciones que piden aplicar a la Ley Ómnibus. En ese desdén, observan una rigidez del Jefe de Estado a conceder cambios en el apartado fiscal del articulado. Sobre todo en dos puntos: exigen sacar las retenciones a las economías regionales (que afectan intereses provinciales) y generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impida la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para disponer aumentos por decreto sin aval del Congreso.
También hay matices respecto a las facultades delegadas sin límite de materias y plazos, al tipo de blanqueo contenido en la normativa, a quitar el artículo que restringe al Gobierno la posibilidad de emitir deuda, y las privatizaciones masivas sin consultar al Poder Legislativo. Pero el fondo del planteo se centra en retenciones y jubilaciones. Los gobernadores son renuentes a que Milei concentre el grueso del ajuste fiscal en obtener mayor recaudación por parte de las exportaciones de productos generados en las economías regionales. Así como tampoco están dispuestos a pagar el costo político de que los jubilados no tengan una fórmula de movilidad que evite que pierdan contra la inflación.
El reclamo de CABA por la coparticipación es aparte de la Ley Ómnibus y lo sostiene desde el 2020, cuando Alberto Fernández aplicó un recorte que redujo la coparticipación de la Ciudad de 3,5% a 1,4 por ciento. Horacio Rodríguez Larreta, por entonces alcalde porteño, llevó el litigio a la Corte Suprema. En 2022, el máximo tribunal emitió una medida cautelar en la que hizo lugar a la queja de CABA y ordenó a la Nación a pagar en forma de goteo diario, a través del Banco Nación, el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. La Casa Rosada no sólo no acató el fallo sino que en ese incumplimiento acumuló al día de hoy una deuda por $350 mil millones.
La resolución firmada por la bancada del PRO en Diputados solicita al Poder Ejecutivo a que “realice todas las gestiones que fueran pertinentes y necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En los fundamentos del documento de ocho páginas, los legisladores amarillos repasan el origen de la coparticipación, la situación de la Ciudad y rememoran fragmentos del fallo de los cortesanos.
El 4 de enero, Jorge Macri fue recibido por Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, para tratar el tema coparticipación. El funcionario reconoció la deuda, se comprometió a trabajar para buscar una solución y ordenó a asesores de su equipo a estudiar el tema. Desde entonces, Valeria Sánchez, subsecretaría de Relaciones con las Provincias, estuvo en contacto con Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, para intentar avanzar hacia un remedio. En la CABA no notaron avances y actuaron en consecuencia.
Es un planteo que Jorge Macri entiende legítimo, aunque no ignora el contexto político. Tanto es así que el alcalde porteño impulsó la iniciativa en un Zoom que hizo el martes por la tarde con cuatro gobernadores y un grupo de legisladores nacionales que, como contó Infobae, tuvo como objetivo diseñar una estrategia coordinada de presión a Milei para que abra una mesa de diálogo y acepte cambios en la Ley Ómnibus. Allí estuvieron presentes Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Nacho Torres (Chubut). Entre los legisladores, asistieron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Hacemos), Damián Arabia (PRO), Rodrigo De Loredo, Alejandro Cacace y Lisandro Nieri (UCR).
Los gobernadores repasaron, artículo por artículo, los puntos de la Ley Ómnibus que afectan intereses provinciales. Y acordaron un operativo presión a la Casa Rosada. Las provincias pesqueras reclamaron contra contra los artículos que afectan el régimen pesquero, las petroleras hicieron lo propio respecto al apartado hidrocarburífero. Aquellas con industria forestal, lo mismo. Eso se vio reflejado en reuniones, fotos y documentos que, de forma coordinada y sucesiva, tomaron estado público en los últimos 10 días con un interlocutor inequívoco: el presidente Milei.
Son reclamos que buscan compensar la pérdida de recaudación que sufren las provincias producto de la quita del Impuesto a las Ganancias que implementó Sergio Massa en su gestión al frente de Economía. Los gobernadores le pidieron una solución a Milei. A través de Guillermo Francos, el Jefe de Estado se comprometió a atender la situación. Hasta hoy no hay respuestas.
En ese marco, Jorge Macri le pidió durante el Zoom del martes al diputado Arabia que eleve una resolución en la Cámara de Diputados. El legislador bullrichista extendió el pedido a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, y luego hicieron firmar el documento a los diputados amarillos. El texto no es vinculante y se emitió con un timing político quirúrgico. Macri conoce que en el período de sesiones extraordinarias, el Congreso sólo puede tratar el temario ordenado por el Poder Ejecutivo. Es decir, la resolución que reclama por los fondos de la coparticipación de CABA recién podrá ser tratada en marzo, cuando reanude el trabajo ordinario del Poder Legislativo. ¿Por qué, entonces, no impulsó la resolución en marzo? Casualidades de la política.
Otro dato relevante a tener en cuenta es que el principal destino de los fondos de la coparticipación es para costear a la Policía de la Ciudad. Jorge Macri se reunió esta tarde con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y difundió una foto y un comunicado del encuentro. “Con Patricia Bullrich tenemos un mismo objetivo, lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro. Juntos vamos a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los vecinos”, sostuvo el alcalde porteño en la gacetilla. Bullrich es la jefa política de Arabia, a quien tiene como espada legislativa en el Congreso: es el diputado al que Macri le pidió emitir la resolución para reclamar a Milei sobre la coparticipación de la Ciudad. ¿Otra casualidad?
El jefe de Gobierno de la Ciudad está muy activo y no descuida ningún frente político. Esta tarde también recibió en su despacho de Uspallata a Cristian Ritondo, Diego Santilli, diputado nacional, y a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López -su terruño político bonaerense-. Según supo Infobae, también estaba convocado Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, pero no pudo asistir. Se trata de una mesa reducida de los referentes del PRO con mayor peso político en la provincia de Buenos Aires. Hicieron un repaso de la situación interna del partido, la discusión en el Congreso sobre la Ley Ómnibus, y decidieron organizar una reunión de intendentes amarillos para los próximos días.
Quien supervisa de cerca todos estos movimientos es el propio Mauricio Macri. El ex Presidente permanece en Cumelén, su meca en en la Patagonia, en donde estará hasta mediados de febrero. Mantiene contacto con Milei, con Ritondo, con su primo y con cuanto dirigente del sistema político estime necesario hablar. No ignora la jugada de Jorge Macri sobre la coparticipación. No sólo está al tanto, sino que en el PRO hay quienes tienen la suspicacia de pensar que es el ex Presidente quien está detrás del operativo presión.
Hubo un solo pedido en el que Macri fue enfático para con Milei, cuando el libertario armaba su gobierno: que pusiera a Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Reticente, el Jefe de Estado optó por Martín Menem, el riojano que integra La Libertad Avanza. Macri le hizo saber a Milei que, entonces, el PRO iba a apoyar su gestión, pero que en el Congreso la conversación iba a ser “artículo por artículo”.
Así está hoy la situación en torno a la la Ley Ómnibus, con múltiples frentes abiertos, y con los gobernadores del PRO y de la UCR discutiendo artículo por artículo.
En política nada es gratis y nada se olvida.
