El Ministerio de Seguridad informó este viernes que luego de una extensa investigación con cooperación internacional, agentes federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones, detuvieron hoy en la ciudad de Córdoba al empresario Diego Hernán Dirisio, el mayor contrabandista de armas de Sudamérica, y a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero. Desde 2012, la empresa que manejaban, les vendió 25.000 armas de manera ilegal a los grupos terroristas brasileños PCC y Comando Vermhelo.
Sobre ambos pesaba un alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional desde el 5 de diciembre pasado, a solicitud del Segundo Juzgado Federal Criminal de la Sección Judicial del Estado de Bahía, República de Brasil, por el delito de “Tráfico Internacional de Armas, Lavado de Dinero y Organización Criminal”.
La justicia brasileña determinó que Dirisio y Nardi formaban parte de una maniobra criminal que logró ingresar de manera ilegal armas de fuego al país vecino.
Para ello, se utilizó a una empresa dedicada al comercio de armas de fuego de la que el ahora detenido es presidente y su pareja vicepresidenta. A través de esa firma, tenían armado un esquema criminal que se dedicaba al tráfico internacional de armas.
La investigación logró determinar que el armamento que la empresa importaba de manera legal en Paraguay era adquirido en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia. Luego, producto de maniobras ilícitas, las ingresaban a Brasil.
También necesitaban una arquitectura financiera: los giros de dinero y pagos de fondos eran enviados desde Paraguay a un cambista en Kansas, Estados Unidos, quien a su vez desviaba los mismos hacia Europa con el fin de concretar los pagos por los cargamentos recibidos. La tramitación de la importación era llevada a cabo por la Dirección de Materiales Bélicos en Paraguay, que también se vio afectada a la investigación, ya que su máximo responsable habría pasado por alto algunos estándares de control, para facilitar tanto la entrada como la salida del país del armamento suministrado por dicha firma.
La información brindada por el ministerio que conduce Patricia Bullrich indica que desde 2012 la empresa importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero fueron desviadas hacia los grupos terroristas PCC y Comando Vermelho. Los lotes de armas los adquiría un tercero, quien era el que tenía contacto con los grupos en Brasil, y para justificar las supuestas transacciones hacían pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleados, jornaleros o estudiantes.
Asimismo, para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos. Finalmente, antes de ser enviadas a Brasil, en Ciudad del Este se les borraban los números de serie a las armas, con el fin de que no sea trazable la ubicación anterior del armamento.
Con estos datos, el gobierno informó que tras extensas tareas de inteligencia y fruto del fluido intercambio de información con Interpol Brasilia y en colaboración con agentes de la Unidad Operativa Federal (DUOF) de Córdoba, personal de Interpol Buenos Aires logró identificar a los prófugos en la ciudad de Córdoba. Allí se dirigieron los efectivos y luego de vigilancias encubiertas, lograron detenerlos.
Interviene en la causa el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, y la Secretaría Penal, a cargo de la Dra. Josefina González.
