En una deliberación maratónica de casi 9 horas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados escuchó a más de 40 oradores que fueron convocados para opinar sobre los 28 proyectos de ley que proponen transparencia, controles y democracia en los sindicatos, aunque algunos aportes técnicos fueron opacados por los fuertes cruces y los discursos de barricada.
Una de las posturas más duras contra las iniciativas, presentadas por diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, fue la del cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad): cuestionó que “el único objetivo termine siendo el debilitamiento de las organizaciones sindicales” y advirtió que los proyectos “rozan derechos internacionales, nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte”, además de tener “una mirada sesgada prejuiciosa e inoportuna hacia el poder real de los trabajadores”.
Los intercambios más virulentos se registraron cuando el titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Juan Méndez, criticó los bloqueos contra las empresas aludiendo a la “mafia sindical”, lo que originó reacciones indignadas y a los gritos de diputados de Unión por la Patria como Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA, quien se quejó de la “falta de respeto” y de que se hablara de “la corrupción sindical”, algo que relativizó: “Para que haya un sindicalista corrupto tiene que haber un empresario que corrompa; si no, es imposible la ecuación”.
Le contestó enseguida Silvana Giudici (PRO): “Si el señor expositor dijo mafia sindical y a usted lo ofende, quiero decirle que en la empresa de la diputada que está sentada a mi lado (se refería a Verónica Razzini) recibió tres tiros en la puerta durante un bloqueo. ¿Eso no es mafia para usted”.
La lista de oradores de la extensa reunión informativa fue aportada por cada bloque legislativo, aunque hubo una abrumadora mayoría de gremialistas y abogados cercanos al peronismo y la izquierda. Una de las curiosidades de la jornada fue que dirigentes y expertos vinculados con el trotskismo criticaron los proyectos de reforma sindical, pese a que, en teoría, podrían beneficiar a las listas opositoras que suelen quedar marginadas de las elecciones en los gremios. Con el argumento de defender la “autonomía de los sindicatos” para decidir sobre sí mismos, los más combativos terminaron compartiendo las posiciones de los gremialistas del PJ que atacan como “burócratas”.
Cada expositor tenía asignados 5 minutos para su intervención, pero prácticamente ninguno cumplió el tiempo, pese a los reclamos permanentes del titular de la comisión, Martín Tetaz (UCR), quien pudo pilotear con bastante habilidad los ataques de Unión por la Patria a algunos oradores que hablaban sobre el tema laboral sin referirse a los proyectos en análisis, que plantean profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.
La libertad con la que se desarrolló la reunión informativa hizo que algunos dirigentes y expertos dejaran de lado el motivo por el que fueron citados. Por eso se acumularon discursos políticos de barricada, que incluyeron críticas al Gobierno por la Ley Bases y la represión contra jubilados que este miércoles se movilizaron ante el Congreso, además de una defensa cerrada del modelo sindical argentino ante “proyectos cargados de prejuicios que atentan contra los gremios”.
En una de las exposiciones más prolongadas, Daer justamente dijo que “el modelo sindical argentino es orgullo en el mundo” y aseguró que “el debilitamiento de las organizaciones sindicales jamás es bueno para los trabajadores: cuanta más debilidad tengan los trabajadores a partir de la debilidad de sus organizaciones sindicales, hay una transferencia clara que desequilibra a las sociedades”.
El cotitular de la CGT, acompañado por su par Carlos Acuña (estaciones de servicio), defendió las cuotas solidarias, cuya eliminación proponen varios proyectos analizados en comisión, porque existe lo mismo “en Estados Unidos y en algunos países del mundo, donde se llama cuota de adhesión o de pertenencia”, y la defendió en términos “filosóficos” porque “quizás el que habla de cuota solidaria está pensando en plata y no piensa que puede llegar a desarmar el convenio colectivo por actividad”.
Sobre los cambios propuestos en la Ley de Asociaciones Sindicales, Daer opinó que “hay derechos que tienen que ver con la independencia propia y la no injerencia en la administración de nuestras organizaciones”. Y agregó: “El valor de la alternancia democrática es un valor en sí mismo. Lo que no puede ser es utilizar un valor democrático para el vaciamiento de las organizaciones sindicales”.
Acerca de la democracia sindical y la limitación de los mandatos, el líder de FATSA señaló: “¿Saben cuántas elecciones debe haber todos los días de delegados, de comisiones internas, donde votan los afiliados, los no afiliados y se hacen procesos democráticos? Lo que no nos podemos preguntar, porque no lo sabemos nunca, es dónde se eligen las representaciones empresariales”.
Otros expositores fueron los abogados Juan José Etala (UIA), Hugo Antonio Moyano (Sindicato de Camioneros) y Gustavo Ciampa (Estudio Recalde), entre otros, y sindicalistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Claudio Marín (CTA de los Trabajadores) y Sonia Alesso (CTERA). Uno de los discursos más encendidos fue el de Godoy: advirtió que de los 28 proyectos de ley que están en debate “sólo uno refiere a ponerle un límite a la arbitrariedad empresarial para despedir candidatos o delegados en procesos electorales”. “Nos invitan a discutir más de 25 iniciativas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora, replicando características que elaboran las oficinas legales de las grandes empresas transnacionales, del mismos modo que crearon el DNU 70, la Ley Ómnibus y la Ley Bases, y cuyas modificaciones laborales hoy quieren meter por la ventana”, indicó.
Un rato antes se destacó el intenso debate, cargado de acusaciones y tensión, que se produjo a partir de la intervención de Juan Méndez, titular del MEAB, cuando aclaró que su entidad “no está en contra de los sindicatos y su actividad lícita”, pero cuestionó los bloqueos contra las empresas y los atribuyó a “la mafia sindical”, en alusión a “la utilización sistemática de los trabajadores por parte de los sindicatos para defender sus privilegios, convirtiendo a estos trabajadores en delincuentes”.
Ante las réplicas destempladas que recibió, al empresario lo defendió no sólo la diputada Giudici sino también su colega Verónica Razzini (PRO), ex titular del MEAB, y su abogado Pablo Salvatori, quien hizo un cuestionamiento técnico-legal contra los bloqueos y fue hostigado por varios diputados del PJ. En el caso de Razzini, es una empresaria de Rosario que sufrió un bloqueo que duró 3 meses y distintas agresiones contra ella y su familia por parte del Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
Luego de recibir varias expresiones de solidaridad, entre ellas las del diputado Sergio Palazzo (Unión por la Patria), la legisladora del PRO justificó la mención de Méndez a la “mafia sindical”: “Nosotros comprobamos un montón de casos y una sistematización alrededor de los bloqueos sindicales. Hay un negocio que está perfeccionado, que está organizado y por eso hay una cantidad enorme de denuncias penales. No tenemos la intención de estigmatizar. Queremos que esto se corrija y por eso se pide una figura penal contra el bloqueo sindical. Queremos que los bloqueos sindicales desaparezcan y que los conflictos gremiales se resuelvan en las instituciones que corresponden. Necesitamos bajar los niveles de violencia que se vienen manejando en los últimos años”.
Mientras en la sala del Anexo de Diputados quedaban no más de 10 personas, Tetaz cerró el encuentro. Había comenzado a las 10 y el reloj marcaba las 18.50. La mayoría ya se había ido.
