El domingo 28 de abril de 1974 el ex juez de la Sala III de la disuelta Cámara Federal Penal (CAFEPE), Jorge Vicente “Tito” Quiroga intentaba sobrellevar sus cuarenta y ocho años de vida como podía. Sabía que estaba condenado a muerte por las organizaciones armadas. No tenía trabajo, carecía de jubilación y estaba a la intemperie a pesar de las numerosas amenazas sobre su vida. Era un fanático de Boca Juniors, en ese momento dirigido por el recordado arquero Rogelio Domínguez, con pasado de campeón sudamericano en 1957, racinguista y del Real Madrid. Durante 1971, junto con su amigo Horacio Rébori eran jueces de Instrucción y a los dos les ofrecieron integrar la Cámara Federal Penal de la Nación (CFPN). Quiroga aceptó pero su amigo prefirió no pegar el salto.
Ese día 28 de abril, antes de salir a la calle, leyó las principales noticias de los diarios: Una foto de Perón rodeado de altos oficiales navales relataba que había conversado con los marinos que intervinieron en la VII Conferencia Naval que se había realizado en Mar del Plata. Además se informaba que el Presidente visitaría la CGT el próximo martes 30, en una clara de señal de apoyo al gremialismo organizado antes del 1º de Mayo (día que expulsó a Montoneros) y leyó que el ministro Ricardo Otero había afirmado que el extremismo de izquierda –el mismo que él había enfrentado con la ley en la mano—”utiliza los principios filosóficos del peronismo para procurar la destrucción del movimiento obrero organizado tomando posiciones ideológicas extrañas”. Por último, buscó en la sección deportiva del diario cómo formaría Boca, ese día, enfrentando a Independiente: Sánchez, Nicolau, Ovide, Pernía, Trobbiani, Rogel, Ponce, Benítez, García Cambón, Novello o Letanú y Ferreiro. El partido comenzaba en la “Bombonera” a las 16.30.
Alrededor de las 15 horas salió de su casa a buscar a su amigo para ir a la cancha, cuando a la altura de Viamonte 1506 se le acercó una moto con dos muchachos. El acompañante saltó con una ametralladora en la mano y descargó sobre su cuerpo una ráfaga de catorce balazos. Cayó en estado de agonía y murió más tarde en el hospital Rawson. El velatorio se realizó en su casa, Viamonte 993, siendo despedido por innumerables personas: amigos, funcionarios judiciales, el jefe interino de la Policía Federal, Alberto “Tubo” Villar, y su esposa. En la ceremonia de entierro lo despidió su colega en la Cámara Federal Penal de la Nación, Carlos Enrique Malbrán. Hizo mención a la “honda consternación de la gran familia judicial, que hoy llora la desaparición de uno de los jueces más destacados y queridos”.
Como magistrado, Jorge Vicente Quiroga había intervenido en la investigación de numerosos casos de hechos subversivos entre 1971 y 1973. Le tocó llevar el primer caso –el copamiento del pueblo Santa Clara de Saguier, en Santa Fe—pero el más resonante fue la evasión de los jefes de las organizaciones armadas del penal de Rawson, cuando huyeron a Chile Santucho, Osatinsky, Gorriarán Merlo, Quieto y Vaca Narvaja.
No sería el único miembro de mal llamado “camarón” que sufriría las consecuencias por haber intentado salvar a la Nación con el imperio de la ley. Los atentados físicos fueron acompañados por otros hechos persecutorios contra todos los miembros de la Cámara Federal Penal. Al personal que tenía menos de tres años de antigüedad se lo cesanteó sin ninguna clase de indemnización. A otros se los degradó y fueron destinados a los lugares más inhóspitos para que abandonaran el Poder Judicial. Parecían leprosos. El jefe de la Policía Federal designado por Juan Domingo Perón, comisario General Alberto Villar, le dijo a José Ignacio Garona, uno de los miembros de la Cámara Federal, en septiembre de 1974: “Ustedes están todos condenados a muerte y no les podemos garantizar la vida”, pero el 1º de noviembre, el propio jefe de la Policía Federal fue asesinado por un comando de Montoneros. Ante tales evidencias varios de los miembros de la Cámara se refugiaron en el exterior. El último juez que aún vive, Jaime Smart partió a Venezuela, y actualmente se encuentra detenido en su domicilio víctima de interminables juicios casi “farandulescos”; Carlos Enrique Malbrán partió a Perú y Ernesto Benito Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Eduardo Munilla Lacasa, Nino García Moritán, Enrique Avendaño y José Ignacio Garona hacia Uruguay.
El asesinato no dio punto final a la persecución a Quiroga. Ahora llegaba la hora de la humillación. Como relató uno de sus ayudantes en la ex Cámara Federal, tras confirmarse su muerte en el Hospital Rawson, los restos mortales del ex juez fueron llevados a la morgue judicial, próxima a la avenida Córdoba, y hasta que se realizó el estudio de sus restos permaneció en el patio a la intemperie. Fue en ese momento que de una universidad próxima se abrieron las ventanas y jóvenes “militantes” entonaron la Internacional y repudiables consignas contra el cuerpo yacente de Quiroga.
Esos momentos convivían con otros tiempos contradictorios. Vale la pena recordar el testimonio (grabado) del ex diputado nacional justicialista Luis Sobrino Aranda que expresó:
Yofre: ¿Usted entró en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en mayo del 73?
Luis Sobrino Aranda: Si, entro de Secretario porque Perón lo había prometido… Lo pusieron al bonaerense Luis Lazzarini (Conservador Popular) de presidente, pero en realidad el secretario de la comisión era peronista. Perón hablaba en esa época conmigo. Cuando los Montoneros tenían mayoría porque habían sido muy astutos en la comisión de Defensa y querían reabrir la causa… ¿Cómo se llamaba donde hubo la matanza en la Base de la Marina?
Yofre: La Base Almirante Zar, en Trelew.
LSA: En Trelew, y querían abrir la causa. Yo logro comunicarme con Perón, pese a que ya me obstruía totalmente el grupo de López Rega, me dice “Sobrino lo arregla muy fácil, usted le dice que yo le pedí el expediente, que el expediente lo tengo yo y que me lo vengan a pedir a mi”.
Yofre: ¿El expediente de Trelew?
LSA: Sí, sí, porque (Carlos) Kunkel y los Montoneros que integraban la lista, acompañados de la gente del partido de (Oscar) Alende y algún otro tenían mayoría. Entonces, cuando piden el expediente, digo “bueno, quiero decirle, presidente Lazzarini, que mi cargo de secretario se lo debo a Perón, mi diputación se la lleva Perón. Perón me preguntó dónde estaba el expediente, le dije que lo tenía yo y me lo pidió y se lo llevé”. Kunkel armó un kilombo.
Yofre: O sea que Perón no quiso investigar los hechos de Trelew…
LSA: No señor.
Yofre: ¿Estamos hablando después del 12 de octubre de 1973?
LSA: Pero por supuesto, era Perón Presidente.
Yofre: ¿Por qué cree usted que Perón no quiso investigar los hechos de Trelew?
LSA: Porque Perón bajo ningún concepto… Porque Perón a mí, cuando yo le pregunto “¿Mi General por qué juró con uniforme?”, una pregunta bien geminiana, porque somos curiosos, me dice: “porque yo quiero unir a mi pueblo con el Ejército”. Esa fue una respuesta categórica del General. El General no quería ahondar la diferencia en la Argentina, por eso él cambia, porque se cansó de decirme en Madrid que el grave error de él fue haber entrado en algunas cosas en donde produjo una división. Él dijo “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. (Ricardo) Balbín interpretó eso y ese fue un momento que desgraciadamente la muerte de los dos impidió que se produjera una unión nacional que este país necesitaba”.
Un simple testigo del ataque pudo tomar la numeración de la chapa de la moto y así la policía llegó hasta la casa de la calle Fragata Sarmiento 1071, en Ramos Mejía, donde fue hallado un rastrojero robado, documentación del ERP, una ametralladora, explosivos, municiones y unas anotaciones con datos sobre un funcionario judicial que en esos momentos estaba secuestrado, Carlos Alberto Bianco, secretario general de la Cámara.
Con el paso de los días se supo que no había sido Montoneros el que llevó a cabo la ejecución sino una organización con la que tenía “coincidencias” tácticas y estratégicas con la “Tendencia” y el “Peronismo de Base”, según un informe de inteligencia que se le preparó a la presidente María Estela “Isabel” Martínez de Perón en octubre de 1974. Era el ERP-22 (“Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de Agosto”). Como se demuestra, en el trabajo se le atribuyen varios atentados. Tenía “50 combatientes y 150 periféricos en la clandestinidad”. En el marco de las investigaciones fueron detenidos Raúl Argemí (salió en libertad en 1984 y luego de vivir en España reside en la Argentina) y Marino Amador Fernández, quedando incursos y condenados por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas de guerra, acopio de munición y uso de documentación falsa en concurso real. Cuando se investiga el caso en profundidad, se llega a relacionar a los asesinos de Quiroga con el atentado seguido de muerte del contralmirante Hermes Quijada, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, en abril de 1973. En esos momentos, la tan ansiada reconciliación — y la paz — buscada por la Ley de Amnistía de la que se hablaba en esos 1973/1974 nunca se concretó. Perón ocupaba la presidencia desde el 12 de octubre de 1974 y en esas horas—29 de abril–, por ejemplo, recuperaría su libertad Víctor Samuelson, gerente general de ESSO después de cuatro meses de cautiverio en manos del PRT-ERP. Su liberación fue a cambio de un pago de 15.600.000 de dólares.
Dentro del último diario del mes de abril de 1974, ocupaba un amplio espacio una invitación a la Fiesta de la Unidad que se iba a realizar al día siguiente, en que no aparecerían periódicos. Se publicaron innumerables solicitadas de los gremios y los gobiernos provinciales en homenaje a Perón e Isabel. También se informaba que Perón se presentaría ante la Asamblea Legislativa junto con sus ministros para informar sobre la gestión del Poder Ejecutivo. En previsión de desórdenes fueron acuarteladas tropas de las FFAA y efectivos de la Gendarmería y Prefectura Naval. Una amplia zona que rodea la Plaza de Mayo sería cerrada al tránsito vehicular. Faltaban horas para la cita en Plaza de Mayo. Perón saldría al balcón de la Casa de Gobierno para hablar a la multitud y festejar el Día del Trabajo después de 19 años. El país era distinto, lo mismo que el mundo que lo rodeaba. Él lo sabía. Iba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, se encontraba a horas de la ruptura definitiva con los Montoneros.
Tras el asesinato de Quiroga, el juez Rafael Sarmiento los sentenció a Argemi y Fernández a cumplir 25 años de prisión por tenencia de explosivos y armas de guerra, acopio de municiones, asociación ilícita calificada y portación de documentos falsos en concurso real. En la condena también se les sumó su participación en el “Operativo Mercurio”, el asesinato del contralmirante Quijada. Luego de 10 años de prisión, el 15 de agosto de 1984 fueron liberados gracias a reducciones de penas y otra amnistía.
Raúl Argemi se fue a vivir a España y se dedicó a escribir, según los críticos, novelas negras. Años más tarde fue indemnizado por el Estado Nacional y así figura en su expediente: Argemi, Raul, DNI 4.646.482, mediante Liquidación 2335, en Octubre de 1994, cobró $209.409 (pesos-dólar), beneficiado por la Ley Reparatoria 24.043, en reclamo iniciado en 1992, mediante Expte. 330.381. Su cómplice no le fue a la zaga: Fernández Marino Amador, DNI 6.082.085, mediante Liquidación 12.651, en Septiembre de 1999, cobró $ 236.960 (pesos-dólar), beneficiado por la Ley Reparatoria 24.043, en reclamo iniciado en 1998, mediante Expte. 440.275.
El juez Quiroga sabía que por haber juzgado las acciones de la guerrilla estaba condenado a muerte.
Este lunes 29 de abril a las 11 hs., se llevará a cabo un homenaje al juez Jorge Quiroga en la esquina de Libertad y Viamonte, CABA.
