Luego de los allanamientos realizados el viernes, el juez Julián Ercolini rechazó un pedido del Gobierno para ser querellante en una de la causas por el escándalo de los seguros. El magistrado considera que podría haber más funcionarios implicados, incluso en el Ministerio de Capital Humano y en la ANSES, los dos organismos que presentaron una de las denuncias y luego pidieron ser querellantes.
“En este momento incipiente de la investigación resulta imposible determinar qué funcionarios de los distintos organismos participaron en las maniobras ilícitas denunciadas. Mucho menos si han quedado en las respectivas reparticiones asesores o empleados de confianza de los eventuales imputados, que pudieran llegar a entorpecer la pesquisa”, sostuvo el fiscal Carlos Rívolo cuando le tocó opinar sobre la presentación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del titular de la ANSES, Mariano De los Heros.
Ambos organismos habían denunciado al ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Federico D’Angelo Campos, por poner “a dedo” a dos intermediarios en la póliza por los créditos para los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y TG Broker, del empresario Pablo Torres García, un broker que tiene vínculos en el PRO y en el massismo.
Esas dos firmas cobraron $231.918.674 por el contrato con la ANSES. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.
La denuncia judicial aportó una nota de puño y letra de D’Angelo Campos que no había pasado por el sistema de documentación GEDE (Gestión Documental Electrónica), que maneja el Estado Nacional para hacer las comunicaciones oficiales. “Analizada la trayectoria y profesionalidad en la materia de los productores mencionados en la presente, dado que se encuentran antecedentes de haber asesorado eficientemente con anterioridad al organismo, es que la designación en cuestión resulta profesionalmente ventajosa para la administración”, planteaba esa nota.
D’Angelo Campos luego fue imputado junto al ex presidente Alberto Fernández, que no estaba mencionado en la denuncia original. También fueron imputados Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), y los responsables de las dos empresas. Ese expediente terminó acumulado a la causa principal.
Los denunciantes pretendían ser querellantes para poder aportar pruebas y tener un rol más activo en la investigación, pero el juez y el fiscal coincidieron que podría haber funcionarios implicados en la maniobra. Rívolo sostuvo que “los intereses del Estado Nacional se encuentran debidamente representados por este Ministerio Público Fiscal”. En tanto, Ercolini agregó que “no se encuentra acreditado el ́plus ́ en su legítimo interés que le permita ser considerado particular ofendido, que exceda aquél, que resguarda dicho Ministerio”.
El juez firmó su resolución el viernes a la tarde, cuando ya había terminado una nueva tanda de allanamientos sobre los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio, TG Broker, y San Germano, entre otras.
Ercolini también mandó a la Policía Federal a la casa de dos funcionarios de Nación Seguros: el gerente general Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual gobierno, y el gerente de compras Marcos Eufemio. El sábado a la mañana, ambos funcionarios fueron conminados a renunciar, tal como adelantó este medio. El encargado de comunicarles la decisión política fue el presidente de Nación Seguros, Alfonso José Torres.
Tanos (37) comenzó su carrera política en la Juventud Peronista a los 19 años de la mano de José Ottavis. Luego fue funcionario en la Municipalidad de Moreno y en otros organismos. En 2021 llegó a Nación Seguros como gerente comercial, casi al mismo tiempo que se publicó el decreto de Alberto Fernández que obligaba a los organismos públicos a contratar con esa firma.
Este año, llamativamente, fue promovido a gerente general. “Lo eligieron por su rol técnico porque no tenía ningún padrino político en La Libertad Avanza”, dijo una fuente que conoce los pasillos de Nación Seguros.
Sin apoyo político, Tanos duró menos de 24 horas en su cargo.
La Justicia llegó al ex camporista a partir de una camioneta Jeep que fue vista en la casa del empresario Alfredo Del Corro. Ese vehículo está inscripto a nombre de “7 de mayo Cooperativa Limitada”, pero el gerente de Nación Seguros estaría autorizado para usarla.
Los investigadores llegaron a esa camioneta a partir de una situación llamativa que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación. Cuando fueron a buscar las cámaras del lugar, los efectivos se dieron cuenta que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD.
El seguimiento de esa pista terminó en la casa de Del Corro y luego en Tanos.
En el caso de Eufemio, el magistrado encontró datos societarios muy llamativos. De hecho, forma parte de una sociedad llamada “SMART TECHNOLOGY SRL” junto a Del Corro, un empresario que no es del rubro asegurador pero habría tendría un rol protagónico en la maniobra según pudo saber Infobae. También está vinculado a la firma “Megaled Del Sur SRL”, donde aparecen el propio Del Corro y Damián Gosso.
