De lunes a viernes, el gobierno de Javier Milei cambió a su funcionario formal más importante, el jefe de Gabinete; estuvo a punto de quedarse sin gas y sufrir un colapso energético; y enfrentó un escándalo con sospechas de corrupción y negligencia en Capital Humano, el mega ministerio que el líder libertario soñó antes de llegar a la Presidencia. Fue una semana donde coexistieron una indiscutida estelaridad de Milei en el ámbito internacional y una administración local trabada por intrigas e inexperiencia.
Nicolás Posse dejó su cargo el lunes, horas antes de que el país enfrentara una dramática escasez de gas que se superó por la buena voluntad del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, como reveló Infobae. Por una discusión con Petrobras sobre una nota de crédito, la ministra Diana Mondino tuvo que llamar al canciller brasileño Mauro Vieira. Era de noche, estaba en el Teatro Colón y salió a un pasillo para hacer una gestión diplomática de emergencia, porque a la mañana iba a ser tarde.
Fueron dos episodios -la gris salida de Posse y la crisis del gas- que iniciaron una semana donde el Gobierno vivió como un triunfo la consagración de Milei como un celebridad política global -con reuniones en Estados Unidos con los empresarios que están moldeando el futuro-, y padeció al mismo tiempo las consecuencias de la inexperiencia de funcionarios de primera, segunda y tercera línea.
Superada la crisis del gas, el estallido del escándalo de los alimentos en el Ministerio de Capital Humano generó una conmoción política en el seno del oficialismo que todavía persiste y cuyas consecuencias son inciertas. Es un conflicto dominado por las intrigas, las denuncias de “infiltrados”, y las peores sospechas que susurran fuentes que están siguiendo con preocupación el devenir de estos acontecimientos.
Todo se originó por investigaciones periodísticas rigurosas que derivaron en denuncias y en la intervención del juez Sebastián Casanello por la existencia de alimento retenido en depósitos del Gobierno. Unos y otros se preguntaron dónde estaba la comida que no llegaba a los comedores populares. Por orden del magistrado, Capital Humano no sólo reconoció la existencia de toneladas de productos almacenados, sino que admitió que había leche en polvo y harina de maíz a menos de dos meses de su vencimiento. En medio del escándalo, se conoció la decisión de la ministra Sandra Pettovello, de echar a Pablo De la Torre, quien había sido hasta la semana anterior secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y hombre clave de su Ministerio.
La funcionaria lo despidió porque estaba a cargo de la gestión y distribución a los comedores, pero sobre todo porque junto a las investigaciones periodísticas por la comida se descubrió un supuesto circuito de recaudación ilegal a través de contratos fraguados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), una ONG que recibió entre febrero y abril unos mil millones de pesos de Capital Humano para encargarse de la compra de alimentos para los pobres y pagarle a asesores designados por el propio Ministerio.
La existencia de ese sistema de recaudación ilegal fue confirmada a la ministra por Federico Fernández, que fue Director General de Administración de la SENAF. Lo reconoció después de una extensa conversación en la que contó un esquema que reunía características del que se investiga en el caso “Chocolate” Rigau y el de los piqueteros. “Habían contratos truchos, de personas que no existían, y que se quedaban con la plata. Y había otros casos de gente que sí cobraba, pero que estaba obligada a poner el 10 o el 12 por ciento del contrato, que podía ser de entre 600 mil y 1,2 millones de pesos”, reconocieron a Infobae fuentes al tanto de la investigación.
Desde el miércoles, a Fernández lo intentan contactar, pero dejó de responder los mensajes y ninguno de su círculo volvió a hablar con él.
Pettovello había llevado el miércoles el caso a la Oficina Anticorrupción, pero tras obtener más pruebas, el mismo viernes denunció ante la Justicia Federal a Pablo De la Torre, un médico, ex funcionario municipal y hermano de Joaquín De la Torre, ex intendente del partido de San Miguel, senador provincial y uno de los baqueanos del poder real en el conurbano bonaerense.
Después de un día y medio en silencio, el funcionario expulsado del Gobierno este sábado se defendió con una declaración pública: “Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio”, publicó en sus cuentas en redes sociales.
Infiltrados
No fue casual la palabra “infiltrados”. Y no fue el único que la mencionó. Al nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le preguntaron si podían haberlos: “Sí, supongo que debe haber kirchneristas en el Gobierno. No se cambia toda la estructura del Estado de un día para otro”, dijo. El funcionario habló con Pettovello largo el sábado a la tarde y recibió un informe pormenorizado de las investigaciones en marcha y de las compras que se hicieron mediante el convenio firmado con la OEI.
Después de esa conversación, el ministro coordinador reconoció que “una parte de la oposición política, sobre todo kirchneristas y de los movimientos sociales, seguramente tienen esa intención (de “llevarse puesta a Pettovello”) porque ese ministerio es un botín para utilizarlo con fines electorales”. Y aseguró: “No tengo ninguna duda que el presidente sostiene a la ministra, porque sabe la tarea que está haciendo, conoce en profundidad la tarea que está haciendo en el Ministerio”.
No fue la de Guillermo Francos la única expresión que apuntó contra el kirchnerismo. En reserva, una calificada fuente política transmitió en diálogo con Infobae una frase inquietante: “Las operaciones van a seguir. Son capaces de hacer cualquier cosa…. y cualquier cosa es cualquier cosa”.
¿Cómo se vinculan los dichos de De la Torre sobre “infiltrados kirchneristas” con las palabras de Francos y esta última advertencia? En el entorno del ex titular de la SENAF dicen que hubo una “mano negra” que generó discordia y desconfianza con Pettovello. Y aclaran que todo lo que se hizo en el órbita del Ministerio de Capital Humano contó con el conocimiento y el aval directo de la Ministra.
En esa línea de argumentos están los contratos y la compra de alimentos que Pettovello resolvió llevar a la Justicia Federal para que se determine si hubo delito o no. Por el acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos había más de 100 contratos de asesoramiento bajo investigación, de los cuales sólo 15 reconocen en la SENAF como de “personal propio” de De la Torre. Y se compraron miles de toneladas de comida incluso a empresas denunciadas por presunta corrupción, como hoy revela Infobae, en una investigación del periodista Andrés Klipphan.
La OEI admitió que acordó con Capital Humano “la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad. Este acuerdo permitió un ahorro del 40% en los precios de referencia, superior a los 2.500.000.000 de pesos” y agregó: “Los costos administrativos, que representan el 5% del total adjudicado, se destinan a gastos bancarios, auditorías y recursos humanos”.
“En relación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la OEI llevó a cabo la contratación de prestadores para diversas funciones solicitadas por dicha dependencia. La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras que la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta. Además, cualquier inconsistencia detectada en los procesos es comunicada fehacientemente, para que la Secretaría determine las acciones a seguir, reafirmando el compromiso de la OEI con la transparencia y la rendición de cuentas”, consignó.
En este último párrafo -que la OEI evitó dar mayores precisiones- está la clave, porque confirma que la ONG era utilizada por el Ministerio para la contratación de personal que cumplía funciones en la Secretaría, pero que por esa tarea, en vez de recibir su retribución del erario público, se tercerizaba el contrato. “Más de la mitad de la gente que entró a trabajar desde diciembre está cobrando con esta modalidad”, admitió otra fuente, que pidió reserva de identidad y completó: “Si van a buscar los 107 contratos, se van a llevar una sorpresa. La SENAF tenía entre 15 y 20. Y ningún nombre de los que trascendieron eran conocidos de De la Torre″.
Deberá la Justicia arrojar luz sobre esta trama de acusaciones cruzadas.
