“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, afirmó Javier Milei en su primera aparición como presidente electo. Tras nueve meses de gobierno, cabe preguntarse a qué se referiría exactamente con la frase si desde distintos rincones del país denuncian que el Estado Nacional dejó de garantizar la implementación de dos leyes: la 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002, y la más reciente Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Así lo explican desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): “Junto con Amnistía Internacional Argentina realizamos un pedido de información pública al Ministerio de Salud de la Nación que confirmó que desde diciembre de 2023 el Estado Nacional no hace envíos de misoprostol, mifepristona, combi pack o cánulas para aspiración manual endouterina (AMEU). El último envío se hizo bajo la gestión anterior de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. A su vez, informaron que en el mes de agosto finalizaría un proceso de licitación de insumos para aborto que podrían llegar durante octubre y noviembre. Sin embargo, por pedidos de acceso a la información realizados a varias provincias sabemos que el proceso no ha avanzado y siguen sin recibir insumos. Además, se evidencia faltante de envíos de diferentes métodos anticonceptivos, disminución y baja ejecución presupuestaria y procesos de licitación que fracasaron”.
Infobae buscó la respuesta sobre lo revelado por ELA de la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Marisa Picollo, que agradeció el contacto pero derivó la consulta al Director Nacional de Comunicación y Relaciones Institucionales, Roberto Olivieri, pero el funcionario público jamás respondió.
Leyes nacionales
La Ley 25.673 creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud, con el objetivo de alcanzar para toda la población el nivel más alto de salud sexual y reproductiva y, en consecuencia, prevenir por ejemplo el embarazo no intencional, cubrir prestaciones de servicios de salud sexual y procreación responsable y el acceso a métodos anticonceptivos e información.
Desde su sanción en octubre de 2002 fue el Estado Nacional el que tomó el rol de rectoría de esta política pública, siguiendo lo que indica el artículo 12: “El gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector público se imputará a la jurisdicción 80 – Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Presupuesto General de la Administración Nacional”. Pero el gobierno de Milei parecería tener otros planes.
Julieta Bazán, médica especialista en medicina general y familiar, describe los nuevos hábitos en el Hospital Zonal General de Agudos “Narciso López” de Lanús: “El gobierno nacional dejó de mandar anticonceptivos. Cada provincia se está teniendo que hacer cargo y comprar los anticonceptivos de larga duración, porque no se pueden sostener las pastillas y las inyecciones mensuales o trimestrales. En Lanús tenemos implantes y DIU, que es lo que más reforzó la provincia de Buenos Aires pensando en que tal vez después no haya. Por ende, las personas con capacidad de gestar no pueden elegir su método anticonceptivo sino que tienen que limitarse a uno o dos. Tampoco mandan preservativos. Y los resultados son inmediatos, ya los estamos viendo en las estadísticas. No hay un aumento de embarazos no intencionales sino también un incremento de infecciones de transmisión sexual. Subió, especialmente, la tasa de sífilis”.
A las 4.12 del 30 de diciembre de 2020 , la aprobación de la Ley 27.610 despenalizó y legalizó la interrupción voluntaria de los embarazos (IVE) en Argentina. Y en es su articulado reglamentó la cobertura integral y gratuita de la práctica, de las interrupciones legales que superen las 14 semanas de gestación, de las prestaciones de diagnóstico, de los medicamentos y de terapias de apoyo.
Nuevamente, la rectoría de esta política estuvo siempre a cargo del Estado Nacional, financiando y gestionando la compra de insumos, entre otras cosas, para garantizar el acceso al derecho de punta a punta del territorio.
Pero el gobierno también parecería tener otros planes para esta ley. Aunque no se los haya comunicado ni a sus pares provinciales.
“El derecho a la salud está reconocido tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, por lo tanto el Estado es garante de su cumplimiento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha expresado en diversos fallos. No obstante, la salud es una facultad concurrente que tiene el gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Es decir, le compete tanto al Estado Nacional como a las provincias según la Constitución. Y en eso se ampara el Estado Nacional para justificar su corrimiento en la garantía de las políticas públicas”, explican desde ELA.
Y agregan: “El tema es que si el Estado Nacional quisiera hacer valer la concurrencia debería hacerlo de una manera paulatina, con transferencia de recursos a las provincias asegurando que puedan afrontar la obligación de hacerse cargo de la compra y distribución de insumos. La buena fe o lealtad federal es un principio constitucional que debe primar en las relaciones entre nación y provincias, por lo que el Estado nacional no puede, invocando esta competencia concurrente, desvincularse totalmente sin asegurar que las provincias tengan la capacidad para absorberla”.
En la misma línea expone Mariana Romero, médica e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES): “La nación dejó de proveer insumos de manera intempestiva. No fue una decisión acordada, gradual, ni consideró las inequidades estructurales de las provincias. Con inequidades me refiero a que por ejemplo el 80% de la población de Chaco se atiende en el sector público mientras que en la ciudad de Buenos Aires hay una gran cantidad de personas cubiertas con obra social o prepaga. La inequidad surge entonces porque esa provincia deberá garantizar la cobertura pública de más personas. Por otro lado están las posibilidades de negociación de cada provincia para comprar los medicamentos. Precios, plazos de entrega… La nación tiene una situación privilegiada para negociar porque obviamente compra en mayores cantidades. Y finalmente están las capacidades de las provincias para llevar adelante las políticas. En resumen, el Estado Nacional tiene una responsabilidad de garantía de las políticas públicas que le precede y lo que habría que hacer, en todo caso, sería homogeneizar las posibilidades de acceso del conjunto de la población, independientemente de donde vivan”.
Acceso a derechos antes y después de Milei
Según el último informe del Proyecto Mirar, una iniciativa del CEDES e Ibis Reproductive Health que monitorea la implementación de la Ley 27.610, en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema público de salud. En su mayoría, antes de la semana 12 de gestación y a través de procedimientos con medicamentos. Otro dato es que la tasa nacional de interrupciones voluntarias (IVE) y legales (ILE) del embarazo fue de entre 7 y 8 abortos cada 1000 mujeres. La situación igualmente varía a escala provincial, con las tasas más altas en CABA, San Luis y Jujuy.
El reporte también señala que durante 2023 el gobierno nacional distribuyó a centros de salud y hospitales 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020 fueron 18.590. Y que se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en el país. Pero mientras que en CABA el 100% de los efectores públicos proporcionan acceso a IVE/ILE, en Chaco solo el 2%.
Una de las conclusiones más relevantes del Proyecto Mirar pone el foco en la reducción del 50% entre los años 2018 y 2022 de la tasa de fecundidad adolescente, que es la cantidad de hijos nacidos en un año sobre el total de adolescentes. Descenso de una magnitud inédita en América Latina, que marcó un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Entre niñas de 10 a 14 años la reducción de la tasa de fecundidad fue del 57%, especialmente importante si se tiene en cuenta que en esas edades suelen intervenir situaciones de abuso sexual del entorno familiar cercano.
En este punto, los logros no son únicamente resultado de la implementación de la ley de aborto sino también de políticas como la educación sexual integral (ESI) y el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA), puesto en marcha durante la presidencia de Mauricio Macri y sostenido por dos gestiones nacionales diferentes con un rol rector clave. Desde nación se brindó apoyo técnico, recursos y personal en las provincias con el objetivo de asegurar consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas.
Una investigación de UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría reveló que en las 12 provincias en las que se implementó el Plan ENIA ꟷ Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires; priorizadas por los altos porcentajes de maternidad temprana y por la capacidad de impactoꟷ, la reducción en la tasa de fecundidad adolescente fue mayor que en las provincias a las que todavía no llegó el Plan. Sin embargo, en sus primeros meses de gestión, el gobierno de Milei suspendió los fondos destinados para las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones, y desfinanció las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos.
Cuentas claras
La compulsión por el recorte del gasto público debería poder evaluar si lo que se quita en un santiamén no obliga a una respuesta económica mayor más adelante. Por ejemplo, una publicación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destaca que el funcionamiento del Plan ENIA le permite al Estado ahorrar 140 millones de dólares al año si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Algunas de esas sumas y restas podrían estar haciendo las provincias cuando salen a comprar los insumos que garantizan la Ley 27.610 ante el retiro de nación.
“Los ministros miran números y saben bien que atender a mujeres por abortos inseguros significa, más allá del daño a la persona, un costo para el sistema de salud mucho más alto que comprar el misoprostol necesario para dar respuesta”, dice Ana Morillo, coordinadora del área de salud de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Y agrega una segunda variable: “Que los gobiernos provinciales hayan decidido la compra de insumos frente a tanto agobio del gobierno nacional muestra que la ley de aborto ha hecho anclaje en la sociedad y que se entendió la importancia de seguir dando cumplimiento a una norma robusta, que resistió muchos embates jurídicos y que está muy vigente. Por ende, si el gobierno nacional no manda insumos, las provincias, esas que gestionan el estado con más cercanía a la realidad de la gente, comprenden que la salud debe ser cubierta igual”.
