El almanaque sindical tiene marcado en rojo el mes de abril que acaba de comenzar. Será 30 días con una conflictividad en ascenso que podría incluir el segundo paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei y protestas de empleados estatales contra el ajuste en el sector público.
La primera reacción del sindicalismo en abril se dará este miércoles cuando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concrete una jornada de lucha nacional, con paros y asambleas en distintas provincias, que a su vez, en el contexto del conflicto por los despidos en diferentes organismos públicos, incluirá “tomas pacíficas” e ingresos forzosos en distintos ministerios.
De esta forma, el sindicato que lidera Rodolfo Aguiar protestará contra el despido de unos 15 mil empleados públicos a quienes se les venció el contrato este 31 de marzo, pero se temen incidentes porque el Gobierno se prepara para enfrentar las medidas sindicales con la aplicación del protocolo antipiquetes y la decisión de disponer más efectivos de seguridad en los edificios estatales.
Pero no serán las únicas acciones que llevarán adelante los gremios este mes. La Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) tiene previsto en abril “asambleas programadas simultáneas en los sectores de trabajo”, que es una forma de hacer un paro encubierto. Al hablar ante unos 400 representantes de ferroviarios, aeronáuticos, camioneros, marítimos y taxistas, el secretario adjunto de esa entidad, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), admitió que habrá asambleas “de 7 a 10, “interrumpiendo los servicios” como “primer paso para ir hacia medidas de mayor intensidad”. Y señaló: “La pelea la tenemos que ganar con inteligencia. No vamos a hacer nada con un solo paro”.
Seguramente habrá más paros si la Secretaría de Trabajo retacea la homologación de los acuerdos salariales que superan la pauta del 15% fijada por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias. Ese escenario derivaría en medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, al que las autoridades laborales sigue sin homologar podría el último acuerdo salarial que pactó con los empresarios (45% en dos tramos, 25% en marzo y 20% en abril).
En la Secretaría de Trabajo, que encabeza el abogado Julio Cordero, aún no hay novedades sobre la homologación de la paritaria de Camioneros, que fue firmada el 23 de febrero, es decir, hace poco más de un mes. Ante la consulta efectuada por Infobae, voceros oficiales se limitaron a afirmar: “Ese acuerdo está en revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”.
Mientras, el sector mayoritario de la CGT (”Gordos” e independientes) mide los tiempos antes de lanzar otro paro general contra el Gobierno (el segundo luego de la huelga de 12 horas con movilización del 24 de enero pasado), pero la fuerte presión que ejercen distintas fracciones sindicales podría llevar a que se fije en forma urgente la fecha de una nueva medida de fuerza.
Como anticipó Infobae, los dialoguistas de la CGT demoran la definición de otra medida de fuerza porque, por un lado, esperan señales de una eventual convocatoria al diálogo por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y, por otro, creen que hay que esperar a que crezca el malestar social para garantizar un altísimo acatamiento a la protesta, algo que en la intimidad ponen en duda porque miran con preocupación las encuestas que le siguen dando buena imagen a Milei.
A su vez, la corriente moderada de la CGT apuesta a reforzar la presión sobre los gobernadores y los legisladores para que fracasen en el Congreso la ratificación del DNU 70 y la Ley Bases (que incluye la restauración del Impuesto a las Ganancias). Los dirigentes de este sector se atribuyen parte del rédito político de haber logrado que el Senado rechazara el decreto de necesidad y urgencia de Milei.
Pablo Moyano (Camioneros) es el cotitular de la CGT que integra el sector más opositor contra el Gobierno y viene anunciando desde hace semanas que habrá reuniones para resolver otro paro general para abril. Sin embargo, la fracción dialoguista de la CGT (conducida por Héctor Daer, de Sanidad, del sector de “los Gordos”, y Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, de los “independientes”) no convoca ni siquiera a una reunión de su “mesa chica”: la última se hizo hace un mes y medio en el Sindicato de Sanidad.
Las presiones en favor de ponerle fecha a un nuevo paro general provienen no sólo de la CATT sino también de tres dirigentes que se unieron la semana pasada para exigir un plenario de secretarios generales de la CGT para decidir nuevas protestas: se trata de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Omar Maturano (La Fraternidad) y el cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio). El autor de la célebre frase “en la Argentina nadie hace plata trabajando” fue más allá: pidió que Héctor Daer, el cotitular cegetista y adalid del sector dialoguista, declare un paro y renuncie a su cargo, como hizo, según recordó sin inocencia alguna, Gerardo Martínez (UOCRA), otro exponente del ala moderada, cuando fue secretario general de la CGT durante el gobierno de Carlos Menem.
Ahora, las presiones generalizadas podrían llevar a que la cúpula cegetista acceda a convocar a una reunión en los próximos días para descomprimir las tensiones internas. Ya se habla de la posibilidad de que la central obrera resuelva un paro general de 24 horas antes de que finalice abril. Las dos CTA, sin embargo, impulsan una “marcha federal” que culmine en la Plaza de Mayo.
El malestar también crece entre los sindicatos docentes, que, pese a sus clásicas diferencias, ya hablan de una gran protesta nacional en reclamo de mejoras salariales. El Gobierno hizo a mediados de marzo una propuesta de aumento casi idéntica a la que ya habían rechazado los gremios, de $325.000. Para los dirigentes del sector, que exigen un salario inicial de $450.000, la oferta oficial es “absolutamente insuficiente y alcanzaría sólo a la escasa cantidad de provincias que encuentran por debajo de ese valor, de $325.000, por lo que nos ofrecen menos de lo que la mayoría de las jurisdicciones ya superaron, lo que vuelve absurda la propuesta”, según la Unión Docentes Argentinos (UDA), piloteada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT.
Para colmo, Milei hizo modificaciones en el presupuesto nacional y dispuso la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que permitía reforzar los salarios docentes. Para la CTERA, que encabezan Sonia Alesso y Roberto Baradel, “el FONID es un derecho que conseguimos en 1998 y que no puede eliminarse por decreto porque es una ley votada por amplísima mayoría”, y advirtió que la decisión “agrava aún más la situación salarial de la docencia, ya que significa entre un 10% y 20% de rebaja salarial, además de afectar los presupuestos educativos de las provincias”.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por su parte, profundizará desde esta semana las protestas que efectúa en demanda de un aumento salarial en el sector siderúrgico. Luego de los paros de 24, 48 y 72 horas realizados en marzo, el sindicato que dirige Abel Furlán concretará el jueves próximo la tercera “Marcha de la dignidad” en la ciudad bonaerense de San Nicolás, luego de la que hizo la semana pasada en Campana y antes de la anunciada para el 11 de abril en Villa Constitución.
Ese mismo 11 de abril, la seccional Villa Constitución de la UOM dispuso un paro activo por tiempo indeterminado en Acindar ante la falta de acuerdo salarial, lo que abre una nueva situación inquietante en la empresa siderúrgica: tiene paralizadas sus cuatro plantas desde el 18 de marzo y hasta el 15 de abril por la caída en las ventas y hace una semana acordó con el gremio las suspensiones de 600 trabajadores de contratistas y una tregua hasta el 2 de mayo próximo.
