Para él, era el proyecto ideal para iniciar la modernización del Ejército y estar preparado en las hipótesis de conflictos que se manejaban en torno a nuestros vecinos Chile y Brasil.
Cuando el presidente Julio A. Roca lo leyó, y a sabiendas que habría resistencias, le aconsejó al coronel Pablo Riccheri, su ministro de Guerra, que lo hiciera revisar por el anciano general Bartolomé Mitre. Que sería bueno que si el ex presidente sugiriese alguna modificación, se la incluyera antes de elevarlo al Congreso, donde imaginaban que su aprobación no sería sencilla.
El olfato de Roca no se equivocaba. El servicio militar obligatorio sería el debate parlamentario más importante en 1901.
Riccheri fue a verlo a Mitre a su casa de la calle San Martín, aquella que sus amigos le habían regalado cuando terminó su presidencia. Delante suyo y tomándose su tiempo, leyó atentamente el proyecto sin hacer un gesto ni abrir la boca. Al terminar, dijo: “Su ley, coronel, es una verdadera ley de civilización”.
Era el empujón final para que el propio ministro fuera al antiguo recinto del Congreso, en Balcarce e Hipólito Yrigoyen, donde lo esperaba una ardua discusión, en el que le tocaría defenderlo frente a generales, que eran legisladores, que tenían sus propias ideas.
En 1994, 93 años después, la ley sería derogada por el presidente Carlos Menem luego del resonante caso del asesinato del soldado Omar Carrasco en un cuartel neuquino, mientras hacía “La colimba”. Ese nombre se le puso al servicio militar obligatorio porque conjugaba las primeras sílabas de las tres principales acciones que estaban obligados a hacer los convocados: “Corre, limpia y barre”.
El inicio
El 13 de julio de 1900 Riccheri asumió como ministro de Guerra, una cartera que se había creado en 1898 cuando se desdobló Guerra y Marina. Egresado del Colegio Militar, había participado en la represión de la revolución de 1874 y en 1883 fue enviado a Europa. Fue agregado militar en Bélgica, donde hizo el curso de oficial de estado mayor y luego fue enviado a Alemania para la compra de armamento. Antes de ser ministro, era jefe del estado mayor de Ejército.
Sabía que para llevar adelante una verdadera transformación del Ejército debía comenzar por algún lado, y ese lado era el reclutamiento de soldados y cuadros e instruirlos para llevarlos al mismo nivel que los mejores ejércitos del viejo mundo. De sus años en Europa había traído las experiencias reunidas en diversos cuarteles y sabía qué era lo que quería.
La cuestión radicaba sobre qué esquema aplicar. Hasta entonces el sistema de incorporación era el voluntario, hombres que se enganchaban en el ejército y hacían su carrera. Descartó el sistema de milicias y se inclinó por el servicio militar obligatorio, que significaba que todo ciudadano, en un momento de su vida, debía dedicarle un tiempo determinado a servir en las fuerzas armadas.
En ese intento de armar al ciudadano en defensa de la patria y la constitución, Riccheri pensó la formación integral del individuo que se incorporaba: su educación, el respeto a los símbolos patrios, la disciplina, el trabajo y hasta la higiene, en un universo conformado por hombres nacidos en el país y por inmigrantes que habían comenzado a llegar a raudales a partir de 1869.
El ministro veía en este sistema un medio para lograr la igualdad de clases. Debía romper algunas resistencias que había en la sociedad y en muchos oficiales, a los que no les convencía ese proyecto.
Pero bastó que se conociesen los lineamientos de su propuesta, para que legisladores y generales se apurasen a presentar las suyas en el Congreso, basados en el sistema de milicias combinado con un voluntariado. Los diputados que quisieron tomar la delantera fueron los generales Alberto Capdevila y Enrique Godoy, ambos miembros de la comisión de guerra de la Cámara baja. Pero Riccheri no se apuró.
Cuando tuvo las adhesiones necesarias de políticos y antiguos oficiales veteranos de la Guerra del Paraguay y de la Campaña del desierto, en una lista que la encabezaban Juan Andrés Gelly y Obes, Nicolás Levalle, Luis María Campos y Donato Alvarez entre tantos otros, presentó el proyecto.
El 4 de septiembre de 1901 comenzó la discusión de dos iniciativas: la de mayoría, que era el de la comisión de guerra y la suya, de la minoría.
Los debates se prolongaron hasta el 11 de octubre, donde se celebraron veinte sesiones públicas y una secreta, en los que se pusieron de relieve los argumentos a favor y en contra, y fueron determinantes los argumentos del propio Riccheri en la Cámara.
Luego de aprobado en Diputados, en la Cámara alta contó con la oposición de Carlos Pellegrini, quien hacía poco se había enemistado con Roca. Se había sentido traicionado por la decisión del presidente de dar marcha atrás con el proyecto de conversión de deuda, el que Pellegrini había defendido a capa y espada.
Sin embargo, el 6 de diciembre fue aprobado el proyecto y nacía la ley 4031 que establecía un servicio de dos años para todos los varones de 20 años.
Fue en la década del 70 que comenzó con el sistema de los sorteos, de acuerdo a los tres últimos números del documento nacional de identidad.
El fin
La muerte del soldado Carrasco marcó el fin del servicio militar obligatorio. Carrasco había nacido en Cutral Có el 5 de enero de 1976 y el 3 de marzo de 1994 había sido incorporado al Grupo de Artillería 161 en Zapala. Tres días después, desapareció. A los padres, Sebastiana y Francisco, un soldado les dijo que su hijo había desertado, cosa que extrañó por su carácter sumiso e iniciaron una campaña en la que reclamaban por la aparición de Omar.
Un mes después su cuerpo apareció en un descampado, a unos setecientos metros del cuartel, lo que extrañó porque había sido una zona que había sido rastrillada. Tenía el torso desnudo, un ojo destrozado y varias costillas rotas.
Según la cuestionada investigación judicial, apenas incorporado, Carrasco habría sido sometido a lo que en la jerga se lo conoce como “baile”, esto es someter al soldado a ejercicios físicos extremos, por el subteniente Ignacio Canevaro, que era el oficial de semana, con la complicidad de dos soldados que estaban por irse de baja.
Tras la investigación y juicio, el 4 de julio el juez federal de Zapala Rubén Caro, procesó a Canevaro y a Cristian Suárez y Víctor Salazar –dos soldados de la clase anterior- por el crimen. El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó al primero a una pena de 15 años y a los soldados a 10 años , mientras que el sargento Carlos Sánchez fue condenado a tres años de prisión por encubrimiento. En noviembre del 2000 Suárez y Salazar fueron liberados y en febrero del 2004 Canevaro, quien siempre insistió en su inocencia, y le echó la culpa por la muerte del soldado a la mala atención que Carrasco había recibido en el hospital de la unidad militar. La investigación dejó al descubierto una trama de encubrimiento, pero en junio de 2005 esta causa prescribió y los siete militares involucrados terminaron siendo sobreseídos.
Ya antes del caso Carrasco, eran temas de discusión su duración, y los casos de excepción por cuestiones religiosas, morales o filosóficas que esgrimían los que se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio.
En la reunión de gabinete celebrada en la quinta de Olivos el 10 de junio de 1994, el presidente Carlos Menem se convenció, luego de escuchar a los ministros de Defensa Oscar Camilión y de Economía Domingo Cavallo de que era factible eliminar el servicio militar obligatorio y que podía hacerse inmediatamente. Convocados los periodistas, les anunció que “he dispuesto la eliminación del servicio militar obligatorio lo más rápido posible y su sustitución por fuerzas armadas totalmente profesionalizadas”. El 31 de agosto de 1994, hace 30 años, Menem firmó el decreto por el que terminaba “La Colimba”.
El 5 de enero de 1995 quedó promulgada la ley 24.429 de servicio militar voluntario. Era el fin a mas de 90 años de un sistema que entonces se pensó para robustecer a las fuerzas armadas pero que había sucumbido por el imperio de las circunstancias.
