El catedrático y segundo postulante del Gobierno libertario para integrar la Corte Suprema de Justicia, Manuel García-Mansilla, defenderá pasado mañana su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado, que días atrás escuchó al candidato y juez federal, Ariel Lijo.
La actividad es la única que aparece de manera oficial en la web de la Cámara alta. Sin embargo, oficialismo y oposición tienen en la mira otras cuestiones que, incluso, podrían llegar al recinto este mismo jueves, como la Boleta Única de Papel (BUP) y el blindaje al financiamiento de universidades.
Para la audiencia pública del miércoles, ya se da por descontado que García-Mansilla deberá responder sobre diversas cuestiones. Habrá una lupa sobre su visión anti aborto. El postulante no es -ni será- cuestionado por lo técnico: su problema es político. A diferencia de Lijo, las potenciales firmas de un dictamen son un misterio y el Gobierno se aferra a la teoría “los dos o ninguno”. A partir de la tarde-noche de esa jornada se empezarán a ver las verdaderas cartas.
Un día antes se reunirá la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, aunque todos miran el recinto. Es que, en el ideario oficialista, el objetivo es realizar una sesión especial el jueves para avanzar con el más que demorado trámite de modificar la BUP, proyecto aprobado por Diputados en junio de 2022. A finales de febrero próximo perderá estado parlamentario. Algo distinto mira la oposición, con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de fondos a la flamante SIDE.
En cuanto a la BUP, el oficialismo y los dialoguistas tendrán, desde hoy, 48 horas para reiterar un acuerdo logrado semanas atrás, hasta que intervino la Casa Rosada -con un nuevo texto- y rompió dicha negociación. “Sólo le pedimos al Ejecutivo que no se meta más y nos deje tranquilos. Desaparecieron las últimas semanas y no ayudaron en nada. Se borran en las derrotas y abandonan a su propio bloque. Ahora, que no vengan a mostrar a funcionarios como salvadores”, lanzó anoche un experimentado senador dialoguista a Infobae, harto de las idas y vueltas de La Libertad Avanza.
Desde el receso invernal que se inventan siempre los bloques en julio, un puñado de “dialoguistas” -como el radical Maximiliano Abad y el peronista disidente Juan Carlos Romero– y el equipo de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convencieron a silvestres provinciales claves de quitar el casillero de “lista completa”, que ayudaría a equilibrar a fuerzas locales versus nacionales. La Casa Rosada reventó ese preacuerdo.
El martes pasado, funcionarios aterrizaron sin avisar al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta para explicar los cambios -retomar el entendimiento- y resucitar el proyecto. Lo hicieron de forma desorganizada, ante legisladores que ni siquiera habían recibido el texto final que pretendía la Casa Rosada.
Con un puñado de días de reflexión y provincias que notificaron las modificaciones sobre plazos y competencias que explicó el Ejecutivo, y que serían aceptados por dialoguistas, la ley podría destrabarse y despejar un tema que se frenó en las sesiones extraordinarias de febrero pasado, cuando un dictamen de minoría dejó un virtual empate. Al ser cuestión electoral y que precisa mayoría absoluta, no puede ser saldada por Villarruel. Los cambios a aplicarse significarán el regreso de la iniciativa a Diputados, en segunda revisión.
El Frente de Todos, que comanda José Mayans, no mira sólo el DNU, sino también el proyecto aprobado por la Cámara baja sobre financiamiento universitario. El kirchnerismo nunca envió sus representantes de la comisión de Educación, que le toca presidir. Lo haría en las próximas horas y anoche se especulaba con el cristinista Eduardo de Pedro (Buenos Aires) como titular de la misma. No todos estaban de acuerdo. “En un bloque de 33, casi todo va para el camporismo. Después preguntan por qué se tensiona todo”, deslizó un senador peronista.
Desde la principal bancada opositora ya efectuaron un escaneo sobre la economía de las provincias que manejan, a la espera del Presupuesto 2025. El Gobierno libertario está obligado a enviarlo a mitad de septiembre a Diputados. La discusión será extensa. De hecho, algunos deslizan que será peor que la ley Bases y el paquete fiscal. En el kirchnerismo también hubo averiguaciones, según reconocieron desde dos despachos a Infobae, por información nuclear que preocupa al bloque.
