En medio de un inexplicable embrollo en casi toda la oposición, el Senado definirá hoy si reactiva mañana el debate en comisiones de la ley que mejora las jubilaciones o si lo pospone para agosto, ya que los legisladores de la Cámara alta y también de Diputados planean tomarse el clásico un receso virtual -no oficial- durante 15 días en el Congreso.
La iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara baja por impulso de las oposiciones dialoguista y kirchnerista, expondría a un lesivo veto a Javier Milei. La semana pasada, el oficialismo senatorial activó un plenario de comisiones para dilatar allí la discusión del proyecto, algo que logró efecto 24 horas después, cuando no se consiguieron los dos tercios en el recinto para habilitar el texto y que se tratase sobre tablas.
A diferencia de lo que ocurrió con la ley Bases y el paquete fiscal, la oposición esta vez no puede echarle la culpa al Gobierno de las actuales y potenciales volteretas en relación con este tema, empujado por la mayoría del “anti mileísmo”. No obstante, al llegar al Senado, se notaron diferencias entre las bancadas que, semanas atrás, habían mostrado firmeza y determinación para asestar una fuerte derrota al Gobierno libertario.
El miércoles pasado, las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, dieron inicio a la discusión -anuencia entre algunos dialoguistas y el oficialismo- para frenar el ímpetu kirchnerista en cuanto a firmar un dictamen y habilitar el tema, con dos tercios, al día siguiente en el recinto. La postura intransigente -aunque lógica- del Frente de Todos no prosperó.
Veamos ahora la sesión -con la versión taquigráfica-, para intentar comprender a la oposición. Primero, el jefe del radicalismo, Eduardo Vischi, solicitó para el próximo encuentro el debate del texto de jubilaciones, con o sin dictamen. Su par del kirchnerismo, José Mayans, forzó la visión de habilitarlo para ese mismo jueves con dos tercios.
Por su parte, el peronista disidente y aliado oficialista -ya salvó en varias ocasiones al Gobierno- Juan Carlos Romero, explicó: “Una falencia que tiene la remisión de Diputados –ya lo hemos señalado– es que va en contra de la Ley de Administración Financiera, ley 24.156, y del artículo 126 del reglamento, que prevé que los proyectos tienen que indicar el financiamiento, y no recomendarle al Poder Ejecutivo que busque financiamiento. Entonces, lo que nosotros pedimos ayer en la comisión es que lo más pronto posible haya una audiencia pública con gente que sepa del tema y no traer a jubilados que están sufriendo por la falta de actualización. Pedimos que vengan técnicos que nos digan cómo se financia esto”.
Tras idas y vueltas sobre las mociones de Vischi y Mayans, quien aportó precisiones para evitar papelones fue el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. “Como hemos hecho otras veces, la votación con y sin dictamen requiere de dos tercios de los presentes. Y si no llegaran a alcanzarse los dos tercios y se llega a una mayoría simple, se considerará aprobada la moción con dictamen, tal como hemos hecho otras veces. Si tuviese los dos tercios, es con y sin dictamen ¿Estamos de acuerdo? Y lo haremos por medios electrónicos. ¿Se entiende? Artículo 146 del reglamento”.
Con la votación 37 a favor y 31 en contra, la ley estaría en condiciones de aterrizar en la próxima sesión, siempre y cuando sea despachada por el plenario de las comisiones que presiden la macrista Carmen Álvarez Rivero (Trabajo y Previsión Social) y el titular del oficialismo en el Senado, Ezequiel Atauche (Presupuesto y Hacienda).
El lunes hubo una reunión de asesores y, hasta la noche de ese día, sólo dos personas solicitaron expositores: Atauche y el camporista Mariano Recalde. En las próximas horas se conocerá si habrá plenario mañana y el devenir de la iniciativa.
Lo que sí queda claro de todo esto es, una vez más, la pésima praxis política y legislativa de la oposición -en general- en el Congreso: un proyecto propio que se modificaría por bloques que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo puertas adentro y ante un oficialismo más que limitado; una ley que, en su corazón, contiene la actualización por inflación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Ejecutivo -por ende, jugó mejor y más rápido el Gobierno que los legisladores-; y una falta de respuestas ante el ajuste brutal del Gobierno -por despilfarros de gestiones anteriores- sobre jubilados y las clases baja y media que camina sin resistencia.
De yapa, la versión taquigráfica dejó un pedido de preferencia de Atauche, con dictamen de las respectivas comisiones, para que en el próximo encuentro se tratasen todos los proyectos sobre los que se solicitaron sesiones especiales a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Hubo del oficialismo y la oposición.
En esa bandeja se encontraban la declaración de emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante 2024; el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria; la suspensión de tarifas eléctricas; el tope máximo a la percepción de haberes en el Estado; y restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente. También aparecía la desactivación del polémico aumento de dietas que votaron los senadores. ¿Cómo votó la mayoría? Por la negativa. En ese estado se encuentran la oposición dialoguista y la kirchnerista.
