El plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirán esta tarde para iniciar el análisis del proyecto que crea “el Área Marina Protegida Bentónica ‘Agujero Azul’ en la Plataforma Continental Argentina”. En su artículo segundo se destaca que allí “yacen los restos del submarino ARA ‘San Juan’ y descansa en eterna custodia de nuestra soberanía su ‘heroica tripulación’”.
La iniciativa en cuestión, aprobada en 2022 por Diputados, tiene una cláusula transitoria que establece “que ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. En la Cámara baja, el tratamiento de la ley implicó fuertes cruces entre las entonces legisladoras Graciela Camaño y Mariana Zuvic. Si no se debate antes que finalice febrero, la potencial norma perderá estado parlamentario.
En el anexo del proyecto se detalla que la delimitación del “agujero azul” abarca “un área de la Plataforma Continental Argentina más allá de las 200 millas marinas, con una superficie de 148.000 kilómetros cuadrados”. Lo curioso del texto es que, tras el aval en Diputados, apareció una fe de erratas y, más tarde, una nueva que anulaba la anterior.
El encuentro en el Senado está previsto para las 15. El titular de Presupuesto y Hacienda es el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, mientras que la presidenta de Ambiente y Desarrollo Sustentable es Edith Terenzi, de extracción radical. Sobre esta última comisión, el kirchnerismo aún no envió a sus representantes, a casi 10 meses de iniciada la actual composición de la Cámara alta.
Dos horas más tarde, otro plenario de comisiones intentará destrabar parte de la agenda sobre seguridad y discutirá en un plenario de dos comisiones, la ampliación del “Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal”, sobre las bases de perfiles de ADN. Es otra iniciativa ya votada por Diputados.
El registro en cuestión “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”, según consta en el primer artículo del proyecto. Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia, hoy en manos de Mariano Cúneo Libarona.
La ley deja en claro que el registro almacenará y sistematizará los siguientes perfiles genéticos: “asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada”; “de las víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen”, siempre que la víctima “hubiera dado su consentimiento expreso”; de “cadáveres o restos humanos no identificados”; de personas con algún familiar “desaparecido o extraviado”; y de “personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales”, con algunas salvedades. Diputados especificó en qué casos se permitirá en mayores y menores de edad.
Como miembro informante, la diputada macrista Laura Rodríguez Machado manifestó en el recinto que “muchas madres y muchas mujeres que han sido objeto de violaciones” podrán “encontrar, a través de este nuevo sistema, quienes fueron sus victimarios”. Durante la votación en particular, también se quitó la palabra “compulsiva” del artículo 12, referido a comparaciones de muestras y extracciones.
Por otra parte, el “ingreso de perfiles genéticos en el registro deberá contemplar el uso de un código único de acceso, en modalidad de código de barras, de modo que los perfiles almacenados no incluyan los datos filiatorios del individuo o de los rastros que le dieron origen, de modo de salvaguardar la objetividad en la búsqueda de los datos y contemplar las garantías constitucionales en cuanto al respeto de los derechos humanos y a la protección de datos personales”. En tanto, la “decodificación sólo se realizará en caso de un impacto identificatorio positivo y será realizada con control judicial suficiente por quienes incorporaron los perfiles genéticos y en las actuaciones que dieron origen a la incorporación”.
