El Senado que preside Victoria Villarruel tendrá una semana corta en cuanto a actividad e intensidad, aunque buscará salir del letargo post rechazo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y activará siete de las 19 comisiones que terminó de armar la semana pasada.
Para evitar eventuales inconvenientes por vuelos, el oficialismo armó un raid desde las 10 de este jueves para dar luz verde a las comisiones y abrir el juego a debates de distinta índole. No obstante, la jornada será de formas y no habrá ninguna discusión de fondo.
De hecho, por fuera de las siete comisiones aparece una octava ya conformada, de Legislación General -la comanda el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala-, cuyos asesores se juntarán para revisar iniciativas de los legisladores del Frente de Todos Daniel Bensusán (La Pampa) y Silvina García Larraburu (Río Negro) sobre deudores alimentarios.
A inicios del mes pasado, las autoridades del Senado solicitaron a todas las bancadas el envío de nombres para conformar las comisiones, en base a lo aprobado el 13 de diciembre último, cuando un conglomerado de 39 legisladores oficialistas y de la oposición anti K votó una distribución que relegó del esquema de poder al cristinismo, que impugna -sin presentaciones formales- dicha decisión.
Para las comisiones de 19 y 17 senadores, el oficialismo y la oposición no kirchnerista se quedaron con 11 y 10 lugares, respectivamente. En tanto, los guarismos para el Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans, fueron de ocho y siete, que aún no enviaron a los representantes de las 19 y continúan en queja por la distribución realizada.
Tras 15 días de negociaciones, Villarruel firmó el decreto con la conformación de 19 de las comisiones restantes en la Cámara alta -salvo la de Energía- ya que, durante el período estival, se sellaron los nombres de las que estaban involucradas en las frustradas sesiones extraordinarias que convocó el Ejecutivo, donde el kirchnerismo sí envió a sus integrantes.
Por caso, en la de Defensa, la presidencia será del jefe del Pro en el Senado, Luis Juez (Córdoba), mientras que la de Seguridad quedará en manos de la radical Carolina Losada (Santa Fe). Éstas estarán involucradas en potenciales leyes que trabaja el Ejecutivo. En tanto, la de Trabajo y Previsión Social irá para otra cordobesa del Pro, Carmen Álvarez Rivero. La de Energía aún sigue en debate y se definirá su destino -si va para la neuquina Lucila Crexell, enojada con el oficialismo- en los próximos días.
En cuanto a las bicamerales, la única que trabajó fue la de Trámite Legislativo, que es la que analiza los DNU. Antes de la llegada de los libertarios, estuvo dormida durante extensos meses por el cristinismo. No obstante, hay otras más que desvelan a todo el poder político. Son jugosas y delicadas. La más importante es la de seguimiento de los organismos de inteligencia. El año pasado la manejó el ex radical y actual diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. Ahora le toca al Senado, con un oficialismo que sólo cuenta con siete legisladores y una oposición anti K que la mira con lupa. Ni hablar el Ejecutivo. La misma tiene reuniones y fondos reservados.
Una siempre deseada por las conexiones paralelas del submundo legislativo es la de la Biblioteca del Congreso. El titular de Diputados, Martín Menem, apunta a recuperar el envío -junto a su entorno- luego del traspié de días atrás, cuando se enteró que la Cámara alta se quedó con el control de la presidencia de la comisión administradora de la Dirección de Ayuda Social (DAS) para el Personal del Congreso. Es una de las áreas más sensibles por la inevitable conexión con el sindicalismo.
La comisión que sí tuvo movimiento en los últimos 15 días fue la de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro), y logró los dictámenes de seis embajadores políticos solicitados por el Gobierno de Javier Milei. Ahora resta su aprobación en el recinto.
