El recorte de 13.500 millones de pesos de las transferencias de Chubut desató una rebelión inusitada pero previsible de los gobernadores, que expresaron de manera pública el hartazgo por los permanentes recortes que tienen de las transferencias que venían recibiendo de la Nación de manera constante durante los últimos gobiernos. El límite fue la poda de las partidas destinadas a subsidiar el transporte, pero de fondo hay una reacción a semanas de negociaciones frustradas y un consenso imposible. Y derivó en un choque previsible y frontal con el presidente Javier Milei.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, con su amenaza de cortar el gas y el petróleo que produce su provincia, puso en palabras un enojo larvado que se acrecentó por la embestida de Milei contra los mandatarios que votaron en contra de la Ley Ómnibus. El ultimátum ocurrió después de intentos de una vía de negociación para evitar un nuevo hachazo a las maltrechas cuentas públicas locales.
“Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que es del PRO y tuvo desde el principio de la gestión una relación de cooperación con la Casa Rosada, que de hecho se plasmó en que sus diputados votaron a favor de la denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
La respuesta estuvo a tono de la dinámica que tuvo el conflicto. La dio el propio Milei: “Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, publicó la Oficina del Presidente.
Los dichos de Torres, que rápidamente tuvieron el apoyo y la solidaridad de todo el arco de gobernadores del país, expusieron con toda la potencia un fastidio que se fue macerando a fuerza de desgaste, promesas incumplidas y reclamos desatendidos. A Chubut y a las demás provincias el gobierno de Javier Milei les viene recortando partidas discrecionales que, tanto en los gobiernos de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández formaban parte de una suerte de coparticipación blue. Es que eran transferencias que surgían de leyes específicas que se giraban de manera automática.
En el gobierno nacional se aferran a esa formalidad para explicar que la coparticipación se sigue enviando, por lo tanto la ley no está siendo violado. Es una verdad a medias, porque tanto el fondo de incentivo docente como los subsidios al transporte público surgieron de leyes y decretos que todavía están vigentes y que la actual gestión no derogó.
“Estos tipos están locos. Venimos hace días tratando de hablar y no hay caso”, le dijo hoy a uno de los interlocutores que lo consultaron sobre el enorme voltaje político y las consecuencias que tuvieron sus palabras. Es que esa declaración recogió primero el apoyo de los seis gobernadores de la Patagonia, pero luego tuvo la adhesión de todos los mandatarios, más allá de banderías políticas y alineamientos partidarios.
Peronistas identificados con Cristina Kirchner como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Ricardo Quintela (La Rioja), pero también el cordobés Martín Llaryora, o el santiagueño Gerardo Zamora reaccionaron con dureza contra los recortes que de manera unilateral viene ejecutando por decisión de Milei el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Tienen superávit con la nuestra. Así es fácil que las cuentas te den bien”, transmitió uno los gobernadores en expresa rebeldía.
Pero la sorpresa la dio Juntos por el Cambio, una marca en desuso que solo tiene vigencia cuando se habla de lo único en lo que están unidos el PRO y el radicalismo, es decir en el ámbito de los gobernadores. En una declaración conjunta, que firmó hasta el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los otros ocho mandatarios, repitieron más o menos el mismo criterio que los más rabiosos ultracristinistas.
“Los gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, dijeron.
¿Por qué es importante esto y que esté el jefe de gobierno porteño? Porque se da en momentos en que Mauricio Macri estaba hasta ahora en medio negociaciones para que el PRO y La Libertad Avanza confluyan en un espacio común, en principio parlamentario, pero con proyección de tener traducción el electoral.
Ante el levantamiento de los jefes provinciales, que no sólo conducen sus distritos, sino que son las terminales de la mayoría de los que se sientan en la Cámara de Diputados y el Senado, el gobierno nacional justificó la decisión de haber suprimido la partida de Chubut a una vieja deuda por un préstamo y ratificó una voluntad de diálogo que difícilmente tenga eco. El encargado de plantear esa idea fue el ministro Francos, que había empezado la semana acercándose a los gobernadores de Salta, Misiones, Tucumán, Jujuy y Catamarca. Como el mito de Sísifo o las Danaides, iba a repetir el círculo de diálogos que llevan a ninguna parte.
El ministro terminó la semana con la respuesta a “Nacho” Torres, que inició la rebelión de los gobernadores: “Cuando reflexione, verá que no lo puede hacer. Si lo hace, sería un delito (…) Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto”.
