El Ministerio de Justicia tiene 10.304 juicios en trámite. Los 10 de mayor impacto económico suman demandas en su contra por más de $18.000 millones. Muchos son reclamos por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar que viene de larga data y que aún no tuvieron una sentencia definitiva. Esto es parte del “pasivo” que recibió el ministro Mariano Cúneo Libarona de la gestión anterior, según una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) culminada en febrero pasado a la que tuvo acceso Infobae. El relevamiento es una de los 104 informes que le remitió este organismo de control interno a la Jefatura de Gabinete de Ministros, para conocer el “estado del Estado” cuando Javier Milei llegó a la Presidencia.
De ese total de juicios, 5.209 corresponden al Ministerio de Justicia; otros 1.905 a la Delegación de La Plata de la Coordinación de la Oficina Provincial Regional de Asuntos Jurídicos; y 3.190 al Servicio Penitenciario Federal.
Ocho de los más relevantes en monto que enfrenta la cartera de Justicia totalizan $16.708 millones, mientras un noveno tiene un reclamo en dólares por USD 1,5 millones.
Las dos demandas más elevadas obedecen a pedidos de reparaciones económicas por el secuestro, detención arbitraria y torturas cometidos por militares a partir de 1976, y la tercera por la detención de un militante peronista durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, tras el golpe militar de 1955.
Infobae consultó a la cartera de Justicia el viernes pasado sobre el volumen y montos de estos juicios, pero no obtuvo precisiones sobre si tendrá una estrategia específica. El ministro se encontraba ese día en Tierra del Fuego en el marco del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal.
La más onerosa es una demanda por $8.848 millones presentada en 1993 por Juan Claudio Chavanne contra el Estado nacional por daños y perjuicios. Este empresario era titular del Grupo Chavanne, y le compró a finales de 1976 el Banco de Hurlingham a la familia Graiver. La entidad fue luego intervenida por la dictadura militar, ante la sospecha de que allí se guardaba parte del dinero que la organización Montoneros habría cobrado por el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born. Chavanne fue secuestrado en 1978 junto a su esposa y más de una veintena de abogados, empresarios, contadores y familiares, y sometido a torturas y vejámenes. Todos fueron liberados al año siguiente, con excepción de Chavanne que recién accedería a su libertad en 1981, luego de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Su grupo empresario fue llevado a la quiebra y el Banco de Hurlingham liquidado por el Banco Central.
El expediente recayó en el Juzgado Federal Nro 1 a cargo de Luis Marinelli, y tuvo sentencia en favor de Chavanne en 2018. Luego en 2021, se dispuso que el Estado debía pagarle $32 millones. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó todavía.El Juzgado ordenó a principios de marzo la apertura de una cuenta en el Banco Nación para depositar el monto de la reparación, más los intereses acumulados. Como demandados figuran no sólo el Ministerio de Justicia, sino también la cartera de Economía y el Banco Central.
La segunda demanda en importancia por la cifra reclamada – $5.407 millones – fue presentada por Laura y Carlos Marra en 2022 por la privación ilegítima de la libertad de su padre, el empresario Dante Marra. Fue secuestrado en marzo de 1977 por las fuerzas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, torturado, y luego puesto a disposición del PEN. Fue liberado en diciembre de ese año. Alegaron que el secuestro de su padre implicó la quiebra de las distintas empresas que tenía en La Plata, y la pérdida del patrimonio familiar. La demanda fue rechazada por el Ministerio de Justicia ya que los denunciantes recibieron la reparación revista en la ley N° 24.043 por los 288 días que su padre estuvo privado ilegítimamente de su libertad. Esa norma contempla una reparación económica a quienes hubieran estado presos ilegalmente durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles, hubieran sido detenidos por disposición de tribunales militares. El expediente se encuentra en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 2 de La Plata.
La auditoría de la SIGEN advirtió sobre la falta de controles que certifiquen “la inexistencia de pagos previos incompatibles con los beneficios de la ley N° 25.914 en el proceso de otorgamiento y pago de los beneficios establecidos por dicha ley, lo que genera el riesgo de pagos duplicados”, en referencia a la norma sancionada en 2004. La ley 25.914 dispuso una indemnización a las personas que hubieren nacido durante la privación ilegal de la libertad de sus madres, o que siendo menores de 21 años hubiesen permanecido detenidos con sus padres, ya sea que estos hayan sido desaparecidos o hubieran estado secuestrados o detenidos ilegalmente, o que hubieran sido víctimas de sustitución de identidad.
El tercer juicio significativo contra la cartera de Justicia por la suma reclamada es el iniciado por Irma del Valle Cabeza en 2019, también por daños y perjuicios, por USD 1,5 millones. Cabeza reclamó una indemnización junto a sus tres hijas “por los daños psicológicos y morales ocasionados, e irreparables sufridos y padecidos” derivados de la privación ilegítima de la libertad, tortura, y puesta a disposición del PEN de su marido, Alberto Schurman, en mayo de 1957, cuando integraba la “Resistencia Peronista” a la autodenominada Revolución Libertadora instaurada con el golpe militar de 1955. Cabeza alegó que su marido, también, fue perseguido entre 1976 y 1982, durante la última dictadura militar. La demanda fue rechazada por la cartera de Justicia por el tiempo transcurrido y las imprecisiones de la denuncia. La causa actualmente se encuentra en la Sala II de la Cámara Federal de La Plata.
El décimo expediente destacado en el informe de la SIGEN no tiene una suma determinada en la demanda, pero sí impacto en el mundo de la justicia. Es el iniciado por la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, Flores Vega Nada, para que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 8/2019 del Consejo de la Magistratura de la Nación, que aprobó el Protocolo para la retención de la ley del Impuesto a las Ganancias para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial nombrados a partir del 2017. El pedido tuvo un fallo a su favor del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Nº 2 en septiembre pasado, en el que se le ordenó al Consejo que no se le descuente más el tributo en sus haberes. La decisión fue apelada por el Ministerio de Justicia.
La AFIP, con 770.000 juicios
Otro de los organismos auditados por la SIGEN que registra un elevado número de juicios es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según el informe al que accedió Infobae, al 10 de diciembre último, la AFIP tiene 770.314 juicios en trámite, tanto en su calidad de demandada como de acreedora.
Los datos fueron provistos por la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo recaudador. De ese total, 51.590 corresponden a juicios en lo Contencioso Tributario y no Tributario; 691.658, a ejecuciones fiscales por parte de la AFIP; 18.075, a juicios universales (que afectan la totalidad de un patrimonio, ya sea concursos, quiebras o sucesiones); y 8.991, a expedientes penales.
De los 10 principales juicios por la relevancia de su monto, en ocho la AFIP es la demandada. El más alto es por USD 25,8 millones y el segundo en monto reclamado es por USD 19,5 millones. Ambos están en etapa de sentencia. En los restantes seis, las cifras demandadas al organismo suman $31.328 millones, y están en etapa de contestación de la demanda o de producción de prueba.
Solo en dos juicios de la decena de mayor impacto el organismo recaudador es el acreedor, por un total de $21.206 millones. En uno existe un acuerdo entre el deuda y la AFIP, y en el otro se suspendieron los plazos procesales por el artículo 34 de la ley de Concursos y Quiebras.
Por el secreto fiscal, no es posible conocer quiénes son las personas físicas o jurídicas que le iniciaron juicio a la AFIP, así como tampoco los llevados a la justicia por el organismo recaudador, ya que los datos de los actores/demandadas, la carátula del expediente y el juzgado donde transitan están borrados en el informe de auditoría al que accedió Infobae.
