El Gobierno nacional difundirá un informe en el que se detallan cada una de las irregularidades del Estado, con las que se encontró el presidente Javier Milei al asumir el Poder Ejecutivo. Dentro de los datos relevados, se encontraron deudas por casi tres billones de pesos.
El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, fue quien anticipó algunas precisiones sobre lo que incluirá el documento. “Junto con la Secretaría de Transformación del Estado han culminado el informe con la situación de cada una de las reparticiones del Estado al asumir la presidencia Javier Milei”, anunció el funcionario.
En ese sentido, Adorni destacó que “es la primera vez que se realiza un informe de estas características, transversal a todas las reparticiones nacionales (114 en total)”. Como un adelanto, el funcionario remarcó que se identificaron “contrataciones anómalas y deudas millonarias”. “El monto adeudado asciende hasta los casi tres billones de pesos”, precisó.
Según pudo saber Infobae, el informe fue presentado el miércoles por el síndico General de la Nación, Miguel Blanco ante la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, aún se desconoce si se difundirá durante los próximos días o si será información que Milei se reservará para revelar durante el discurso del 1° de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.
Esta semana se conocieron los resultados de una auditoría interna en el Ministerio de Capital Humano, en la que identificaron irregularidades en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Este área se encarga de otorgar millonarios subsidios para la compra de medicamentos de alto costo, como oncológicos o prótesis para cirugías, entre otros insumos.
Ante este escenario, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano realizó una denuncia penal que recayó en el juzgado de subroga Julián Ercolini por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El escrito no menciona nombres propios, pero destaca que los supuestos delitos “abarcan desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023″, fecha en que asumió el gobierno La Libertada Avanza y la ministra Sandra Pettovello decidió “auditar todas las áreas” para detectar presuntos delitos.
El texto también advierte que “en 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que el procedimiento que se estaba utilizando desde 2016 para la adquisición de drogas y otro tipo de insumos de alto costo se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional”. Además, según explicó un funcionario de la cartera de Capital Humano a este medio: “Se seleccionaban medicamentos de alto costo con presupuestos informales y el procedimiento tampoco era tan rápido porque pasaban dos o tres semanas para que un paciente pudiera recibir el medicamento o el insumo que necesitaba”.
Estos datos se suman a las irregularidades que ya habían sido identificadas en los planes sociales; sobre todo, en el Potenciar Trabajo. La causa está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS).
A través de la investigación, se identificó que al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y CABA cobraban esa prestación, un hecho incompatible.
La normativa del Potenciar Trabajo destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”. Esta infracción podría ser tipificada dentro del delito de “defraudación contra la Administración Pública”.
Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado es de $705.198.000 por mes, o de casi ocho mil millones de pesos anualizado.
