“La señora Cristina Caamaño Iglesias Paiz junto a varios NN, de manera ilegítima e ilegal usurpó la sede (de la Universidad Madres de Plaza de Mayo), una dependencia pública”. La acusación forma parte de la presentación judicial que realizó el Rector Organizador de la casa de altos estudios Eduardo Maurizzio. En la “medida cautelar presentada en las últimas horas, Maurizzio, designado en ese cargo por la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, solicitó con “carácter de urgente” que “se reponga el pleno goce y uso del inmueble usurpado” por la ex interventora de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la gestión de Alberto Fernández.
“Dicho ingreso -continúa la denuncia- lo hizo burlando a los agentes de seguridad de la Policía Federal que estaban a cargo de la seguridad del edificio”.
“En primer lugar ingresó la señora Caamaño alegando que era la rectora de la institución y después comenzó a arengar a la gente que se meta. Ingresaron varios NN, que atacaron ferozmente al personal policial tomándolo del cuello y proporcionándole golpes y lograron ingresar a la fuerza”, indica otro de los argumentos esgrimidos por el funcionario.
A través de tres resoluciones judiciales, la Justicia avaló la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de desconocer la elección que llevó al rectorado y tacharla de “ilegítima” ¿La razón? El Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (UNMa) fue elevado al rango de universidad por ley del Congreso de la Nación el 29 de septiembre de 2023. Ese día también fueron creadas otras cuatro casas de altos estudios, las de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.
En diciembre pasado, el gobierno de Javier Milei suspendió la apertura de las cinco casas entidades y las puso “bajo revisión”. En los fundamentos se indicó que la medida se tomó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”. Por eso, consideraron que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las (cinco) Casas de Altos Estudios”.
En los considerandos de la medida se aclaró que el freno de la apertura se mantendrá hasta tanto se pueda “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.
El problema con la ex fiscal Caamaño es que fue designada por el ex Ministerio de Educación como Rectora Organizadora del Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, a través de la Resolución 2534/23 pero, según la interpretación de la Subsecretaría de Políticas Universitarias esa designación “culminó” con el “proceso de normalización de la Universidad y el nacimiento de la garantía constitucional y legal de la Autonomía Universitaria”. Por lo cual las autoridades deberían ser votadas después de todos los pasos legales y administrativos que conllevan la conformación de una nueva universidad.
A través de la Resolución 45/2024 el gobierno de Milei dejó sin efecto la disposición anterior, un hecho que Caamaño impugnó en la justicia a través del recurso de amparo que le fue rechazado. Ante la decisión de las autoridades nacionales de no dar comienzo al ciclo lectivo de las cinco nuevas universidades y dejar de transferir fondos para su funcionamiento, Caamaño, según la denuncia “usurpación” a la que accedió este medio, habría decidido ingresar a la fuerza.
Como prueba de los actos violentos que precedieron al ingreso forzoso al edificio donde funciona la sede de la casa de altos estudios, y que pertenece al Ministerio de Justicia, Eduardo Maurizzio, el Rector Organizador ofreció las cámaras de seguridad que funcionan las 24 horas en el lugar.
“La señora Caamaño no posee legitimación alguna para ocupar el cargo que dice tener falazmente, debido a que la Resolución ministerial emanada del Poder Ejecutivo Nacional, que me designó como Rector Organizador se encuentra firme y plenamente vigente”, informó Maurizzio en su escrito. Y denunció: “Si bien he sido designado como Rector Organizador desde el 24 de julio de 2024, no he podido acceder al edificio dónde está ubicada la sede, dado que con fecha 31 de julio de 2024 luego de haber tomado posesión de mi cargo fui a la sede con mi equipo de trabajo y me fue impedido el ingreso por NN´s”.
El funcionario también afirmó: “Debido a los hechos mencionados y al estar usurpando el edificio desde la designación del Rector Organizador el 24 de julio de 2024 dicho establecimiento no posee habilitaciones y seguros que la ley demanda para su correcto funcionamiento, a raíz de esto no solo se configura la usurpación, sino también la posibilidad latente de daños y lesiones posibles, debido a su ocupación ilegal”.
Maurizzio destacó que “de la misma manera en que se está usurpando las instalaciones de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, también se les prohíbe a todo personal docente y no docente ocupar sus puestos de trabajo como así también al estudiantado, violando derechos y garantías constitucionales”. Por esas el Rector Organizador, solicitó con “carácter de urgente” una “medida cautelar” para que “se reponga el pleno goce y uso del inmueble usurpado”.
El 20 de agosto, el mismo Maurizzio envió una nota al Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona para informar que las instalaciones ubicadas en la calle Defensa 119 de la Ciudad de Buenos Aires, y que pertenecen a esa cartera, “hay personas que no pertenecen a la universidad que pernoctan en el lugar”. El Rector Organizador también informó que él “no se puede hacer responsable de las situaciones y riesgo de seguridad que pueden producirse”, también recuerda que por esta situación no pudo contratar los seguros laborales y edilicios”.
Como la situación dentro de las instalaciones no cambiaban, y el edificio seguía “usurpado” “por la señora Caamaño y varios NN”, el 4 de septiembre Maurizzio envió, desde su correo electrónico -tal como informó este medio- una comunicación al Coordinador de Seguridad del Ministerio de Seguridad que “disponga de las medidas pertinentes para que ninguna persona ingrese ingrese a las instalaciones por razones de seguridad e higiene”.
La medida derivó en un intentó de ingreso forzado por parte de personas que se manifestaban frente al edificio. El refuerzo policial derivó en tensiones que no degradaron en incidentes. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si desaloja el inmueble o llama a las partes al diálogo.
En ese interín, según comunicó la propia Cristina Caamaño a Infobae, “las Madres de Plaza de Mayo le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que les conceda medidas cautelares urgentes contra la República Argentina con el fin de salvaguardar los derechos humanos de la comunidad académica de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo”.
La petición fue firmada por los abogados brasileños Rafael Valim y Walfrido Warde, junto a Pablo Gutiérrez Colantuono y el abogado del presidente colombiano Gustavo Petro, Julio Ortiz.
Según la ex Secretaria de Seguridad de la Nación, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la organización “Madres de Plaza de Mayo acusa al gobierno de Milei de desplegar una serie de acciones para descalificar a la UNMa, violatorias de compromisos internacionales asumidos por Argentina, incluida la libertad académica y la protección de la autonomía universitaria”. La petición ya fue recibida y se encuentra en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
