El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, criticó a los piqueteros que se movilizaron a la sede de esa cartera y ratificó la decisión de “terminar con el negocio multimillonario de la compra de alimentos” para los sectores más empobrecidos.
Además, anunció que comenzó la “normalización de entrega de alimentos a los comedores”; que la inversión en el Programa Alimentar para 2024 implicará “un gasto de un billón setecientos setenta y siete mil pesos” y que los movimientos sociales, nucleados en la Unión Trabajadores de Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda “manejaban” el 4,2% de los alimentos secos que se distribuían en los comedores comunitario sobre los que no habían control.
Las definiciones se dieron en momentos en que movimientos de izquierda y sociales se movilizaron, con algunos incidentes, al edificio de 9 de Julio y Juncal, donde está la sede del Ministerio que es encabezado por Pettovello. A pesar de la presión de que recibió, la funcionaria no los recibió.
“Sabemos que el proceso de normalización de la economía que iniciamos cuando asumimos afecta sobre todo a los que menos tienen”, destacan desde la cartera más sensible de La Libertad Avanza. También se recalca que como una auditoría interna descubrió irregularidades graves como “falta de trazabilidad”, “cartelización” en las compras y en la licitaciones tanto privadas como públicas existía “direccionamientos” hacia algunas empresas. Por esa razón es que “en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”.
Desde la cartera se informó que: “La Tarjeta Alimentar es para nosotros la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”. “Además detalla el informe de Capital Humano-, permite que las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”.
Por esa razón, y como ya se había advertido semanas atrás, “duplicamos la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, para asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”.
Pettovello y sus funcionarios destacaron que, durante el gobierno de Alberto Fernández “la compra de alimentos secos como fideos, arroz y yerba que administraban las organizaciones sociales representa solo el 4.2% de la inversión del estado en materia alimentaria.
“La discrecionalidad en la elección de los beneficiarios era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución. El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del estado era nulo”, agregaron.
La auditoría interna que ordenó Javier Milei sobre todas las áreas del Estado que heredó reveló que en el ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que esta a cargo de Pablo de la Torre y que depende de Capital Humano, “tercerizaban” a través de los dirigentes sociales los alimentos que debían ser distribuidos en las comedores y merenderos que de ellos dependían. De ese 4,2% que controlaban se repartían de manera “discrecional” esto es, la mayoría terminaban en mano de las organizaciones que formaban parte del Estado, como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y, entre otras el Movimiento de Trabajadores del Excluidos.
“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado decidimos que este 4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”. Hasta ahora esa “rendición de cuentas” que debería ser obvio, no ocurría, por eso una informe de la Sindicatura General de la Nación marcaba que se había “perdido la trazabilidad” de los alimentos una vez que salían de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social.
“Como gobierno nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo. Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el Estado Nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan”, dice el informe distribuido por la administración de La Libertad Avanza.
Los avances y decisiones que se tomarán a lo largo del año coincide con la marcha que los dirigentes -ex oficialistas- de la UTEP y piqueteros realizan frente el edificio de Capital Humano, ubicado en Juncal y 9 de Julio.
“Los argentinos estamos realizando un esfuerzo muy grande para salir adelante. Desde el gobierno estamos cumpliendo con nuestro compromiso de acompañar a los que más lo necesitan”, promete el Gobierno.
Bajo el subtítulo “la asistencia en números”, desde el Ministerio de Pettovello se adelantó: “El gasto alimentario para 2024 será de un billón setecientos setenta y siete mil millones”. Y revela que: “La prestación Alimentar representará el 90% del presupuesto, lo que corresponde a un billón quinientos ochenta y ocho mil millones de pesos ($1.588.000.000.000) para este año. Además, $47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); $53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); $74.000 millones de pesos para la compra de alimentos y $14.585 millones a otros programas”.
Los funcionarios también recordaron un dato que ya era público: “Durante febrero se transfirieron 132 mil millones de pesos a través de la tarjeta Alimentar a los más de 3,8 millones de beneficiarios de este programa. En el mes de diciembre el monto había sido de $66 mil millones, lo que da cuenta de un incremento del 100% en la prestación. El objetivo de que el presupuesto sea mayor para esta prestación es que el aporte llegue de forma directa al bolsillo de las familias, eliminando la intermediación y asegurando el acceso a la canasta básica de alimentos”.
Hace dos semanas, el Ministerio de Capital Humano, firmó acuerdos, por ejemplo, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que involucra a 3000 comedores y tiene mecanismos de auditoría internacional. En los últimos dos meses se han aumentado las partidas un 75% y se firmaron nuevos convenios con comedores e instituciones.
Sobre la compra directa de alimentos secos, que representa un 4,2 % de lo que el Estado invierte en política alimentaria, el 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance.
“Esta modalidad, cuyos beneficiarios reciben los alimentos a partir de la intermediación de una organización social, cuenta con algunas desventajas, como la posibilidad de que la comida se pudra, se demoren los tiempos de entrega o haya falta de control en las entregas”, se denunció.
